Violencia "ultra" en la conmemoracion de la "Diada" valenciana"

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Las autoridades militares que asisten anualmente a esta procesión se retiraron de la plaza del País Valenciano después de que fuese quemada la bandera nacional, y posteriormente fue aplaudido el gesto del concejal de UCD, Rafael Orellano, ex presidente del Grup de Acció Valencianista (GAV), quien mostró al público los restos de la franja azul.

La Corporación deliberó la conveniencia de realizar el acto a la vista del ambiente hostil creado en la calle y acordó «no romper con la tradición de la procesión cívica porque era la mejor respuesta a la agresión», según palabras del alcalde.

Este hizo sendas llamadas a la Capitanía General y al Gobierno Civil para informar de que la Corporación no era responsable de la quema de la bandera nacional y solicitar que se garantizara el orden público. El alcalde reiteró al gobernador la salvaguardia de la comitiva, a lo que este último respondió que el orden público estaba garantizado.

El gobernador civil, José María Fernández, manifestó a EL PAÍS que en la plaza se encontraban más de dos centenares de policías nacionales. «Lamento si no había protección suficiente. Prometí a la Corporación su protección pero lo que no podía era garantizar la ausencia de incidentes.» Asimismo, señaló que había rogado al alcalde ondeara sólo en el balcón la bandera nacional para eliminar el ambiente de crispación creado en la ciudad en torno a los símbolos.

La histórica senyera fue descendida poco después por el balcón, como viene siendo tradición desde 1947, y recogida por el teniente de alcalde comunista Pedro Zamora, quien inició el cortejo junto a otros concejales. En este momento, grupos ultras se abalanzaron sobre las autoridades y dividieron la comitiva, al refugiarse los agredidos en el interior del Ayuntamiento por las continuas provocaciones (fue esgrimida una navaja y algunas personas amenazaron con palos).

Mientras, en un ambiente de gran tensión, el resto del cortejo recorrió las calles de la ciudad hasta el Parterre. Entre las pancartas destacaba en cabeza una bandera nacional con dos senyeras de la ciudad con la consigna Visca Valencia espanyola. Entre el público, algunas personas llevaban el escudo de la bandera nacional.

El ofrecimiento de corona de laurel a la estatua de Jaime I se llevó a cabo sin la presencia de las autoridades, que acudieron posteriormente en coche. El alcalde inició un breve parlamento, que no pudo acabar por los insistentes gritos y abucheos que acompañaron a sus palabras. Sin embargo, llegó a afirmar, repitiendo reiteradamente cada frase: «No rompamos lo que ha sido una tradición de ocho siglos la libertad de todos los valencianos. Siempre hemos dejado hablar a los valencianos. Si no me escucháis, no nos entenderemos.» El acto concluyó con el canto del himno regional, mientras los congregados ondeaban sus senyeras con franja azul.

Durante el trayecto de regreso de las autoridades al Ayuntamiento se formó un cordón de protección ante los continuos insultos y la posibilidad de una agresión física. Sin embargo, el cordón resultó insuficiente para frenar las agresiones de unos dos centenares de manifestantes que en actitud provocativa agredieron en distintas ocasiones tanto al alcalde, que perdió sus gafas, como a otros miembros de la Corporación y acompañantes. La comitiva, que contó con protección de la Policía Nacional y Municipal, se vio obligada a finalizar el trayecto corriendo. Mientras tanto, el resto del cortejo que acompañaba a la senyera, hizo otro recorrido más largo sin incidentes.

En una conferencia de prensa celebrada escasos minutos después de las agresiones, Ricardo Pérez manifestó que «no hemos pedido ayuda al gobernador sino que cumpla la Constitución y defienda las instituciones democráticas». El alcalde diferenció entre los ciudadanos que iban a expresar sencillamente una opinión sobre su enseña y «otros ciudadanos, por llamarles de alguna forma, iban a boicotear y provocar deliberadamente a la primera institución democrática municipal con que ha contado Valencia».

Asimismo, se dijo que se había cursado invitación a todas las autoridades civiles y militares, entre las que se encontraba incluido el gobernador. Según manifestó éste a EL PAÍS desconocía la existencia de esta invitación y, por otro lado, no creía conveniente acudir al acto por considerarlo de carácter municipal y para no confundir a la opinión pública que la protección policial iba destinada a las autoridades municipales y no a su persona.

Estos graves incidentes, que se enmarcan en la escalada de agresiones violentas contra autoridades e instituciones democráticas promovidas, en las últimas semanas, por sectores antiautonomistas, han sido condenadas por varias fuerzas políticas.