El PSOE convoca a las asociaciones de jueces para que expliquen sus razones para la protesta

El PSOE, en una decisión inédita, va a llamar a los presidentes de las cuatro asociaciones judiciales para que expliquen ante el Congreso el porqué de sus reivindicaciones y, al tiempo, para que escuchen los puntos de vista de los parlamentarios. "Queremos escucharles y que nos escuchen", justificó el secretario general del grupo parlamentario socialista, Ramón Jáuregui. La razón que esgrime la dirección del grupo socialista para esta convocatoria es la de que todo lo que piden las asociaciones está en manos del Parlamento: tanto las reformas legales como la subida de sueldos y las más y mejores dotaciones técnicas.

"No se trata de controlarlos sino de que se expresen ante la soberanía popular, y ya que han entrado en el juego político tienen que comparecer", explicó Jáuregui nada más registrar en el Congreso esta petición, que la Mesa de la Cámara Baja tendrá que admitir o rechazar. Los convocados pueden negarse a comparecer ya que se trata de asociaciones privadas no sujetas al control del Parlamento. Sí es obligatoria la presencia de cualquier ciudadano que sea convocado por el Parlamento ante una comisión de investigación.

"Reunión urgente"

Al mismo tiempo, el Ministerio de Justicia ha convocado a las asociaciones de jueces y magistrados a una reunión para revisar el contenido del documento emitido el pasado lunes, en el que las asociaciones de jueces amenazaban con su primera huelga. El departamento dirigido por Mariano Fernández Bermejo ha enviado una nota a las cuatro principales asociaciones (Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente) para que "a la vista de los acontecimientos" de los últimos días, la reunión sea "urgente" de cara a "analizar la situación actual". Se prevé que el Ministerio se ponga en contacto con las asociaciones a lo largo del día para fijar la fecha.

Justicia insta en la convocatoria a que se celebre la reunión con "espíritu de diálogo" en favor del interés tanto de la Administración de la justicia como de los ciudadanos. Las cuatro asociaciones de jueces y magistrados, que representan aproximadamente a la mitad de la carrera judicial, arrojaron el lunes sobre la mesa un "acto reivindicativo y de protesta" para el 18 de febrero en todas las sedes judiciales, y al tiempo dieron un ultimátum al Gobierno: si no hay respuestas "satisfactorias" a sus reivindicaciones, habrá huelga el 26 de junio. Las asociaciones de jueces pretenden, entre otras cosas, fijar la carga máxima de trabajo y evitar que los secretarios judiciales lleven la agenda de señalamientos.

Respaldo de varios jueces decanos a la protesta

Los jueces decanos de Barcelona, Valencia, Zaragoza, Bilbao, Sevilla, Málaga y Palma de Mallorca han suscrito hoy un documento de apoyo a las reivindicaciones pactadas el lunes por las cuatro asociaciones judiciales, que tienen la intención de convocar una huelga el 26 de junio.

Estos jueces se han reunido hoy con la Comisión de Modernización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para presentar sus propuestas de modernización de la Justicia, según ha señalado a la agencia de noticias Efe el decano de Barcelona, José Manuel Regadera. A este encuentro ha asistido también el juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, que no ha respaldado el documento, no porque discrepe sino porque considera que hay otras reivindicaciones más que deben ser añadidas.

Ayer, los jueces recibieron las primeras reacciones desde el Gobierno. El ministro Bermejo tacho de "traición a los ciudadanos" la posible huelga de la justicia, y vinculó las protestas al caso Mari Luz, en el que el juez Rafael Tirado fue sancionado por una falta "grave" con una multa de 1.500 euros. El presidente del Gobierno reprochó también ayer a los jueces "no haber pensado un poco más" sus exigencias.