El Tribunal Superior condena a ocho años de inhabilitación a Trinidad Rollán

Trinidad Rollán, secretaria de Organización del Partido Socialista de Madrid (y número dos de Tomás Gómez) y ex alcaldesa de Torrejón de Ardoz, ha sido condenada a ocho años de inhabilitación por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por un delito de prevaricación por el que era juzgada. La condena recoge la pena máxima a la que se enfrentaba Rollán. Los hechos se produjeron en 2001, cuando se aprobó un convenio urbanístico ilegal, sobre el que ella declaró en el juicio, celebrado en diciembre pasado, que "no tenía ningún motivo para dudar de la legalidad del expediente" y que "no conocía el informe del secretario". El abogado defensor llegó a culpar al secretario por no avisar de que incluía el citado informe, que evidenciaba la ilegalidad del convenio urbanístico firmado.

Junto a Rollán han sido condenados a la misma pena Francisco Martín Rojas, actual portavoz adjunto del grupo socialista en dicho municipio y ex edil de Urbanismo, y Valentín Gómez. Otros 11 acusados, entre ellos la diputada socialista en la Asamblea madrileña Esperanza Rozas, han sido condenados a siete años de inhabilitación especial para cargo público. El PSM, a través de un comunicado enviado a los medios, ha declarado que los servicios jurídicos de los imputados recurrirán la sentencia ante el Tribunal Supremo.

El convenio urbanístico consistía en que el Ayuntamiento cedía unos terrenos a la empresa Patrimonio Siglo XXI, que se comprometía a sufragar la urbanización del terreno. "No conocía el informe del secretario. No recuerdo que el secretario avisara de que iba a introducir un documento o de la ilegalidad del convenio", explicó Rollán en el juicio, quien dijo que no llegó a dudar de su legalidad. Al contrario, estaba convencida de que con su decisión, avalada por otro informe de la letrada consistorial, ayudaba a 107 familias que estaban en peligro de perder su vivienda. El resto de ediles acusados, entre ellos la diputada en la Asamblea Esperanza Rozas y el ex concejal de Urbanismo Francisco Martín Rojas, negaron haber conocido la existencia del informe. El más duro de los alegatos en contra de la actuación del funcionario partió del letrado defensor de la diputada regional, quien le acusó de incluir documentación a la causa sin que se lo solicitaran los magistrados, que no la admitieron: "Esta forma de actuar es un aviso de cómo operó el secretario en Torrejón, sin avisar del informe".

El ex portavoz del PADE Julián López Jiménez también cargó contra el secretario: "Yo estoy convencido de que actuó de rebote y emitió un informe sin estar obligado, y no voy a decir para fastidiar, pero sí para poner una piedra en el zapato".