Trashorras y Toro, condenados por tráfico de explosivos y droga

El ex minero José Emilio Suárez Trashorras y su cuñado Antonio Toro Castro, procesados por los atentados del 11-M como supuestos suministradores de los explosivos utilizados en la masacre de 2004, han sido condenados por la Audiencia Provincial de Asturias a 10 años de prisión, el primero, y a 11 años y 6 meses el segundo por tenencia y tráfico de explosivos y droga en el caso Pipol. Ambos son dos de los nueve procesados como supuestos integrantes de la llamada trama asturiana. de los explosivos de la matanza de Madrid.

Ambos han sido condenados por la comisión en 2001 de un delito de tenencia, depósito y tráfico de explosivos y de otro contra la salud pública por venta de estupefacientes en el llamado caso Pipol. La pena es inferior a la que solicitó el fiscal, quien había reclamado 18 años de cárcel para Trashorras y 18 años y medio para Toro.

La condena de Suárez Trashorras y Toro se produce por su detención, junto a otras 19 personas, en una operación antidroga desarrollada en Asturias en julio de 2001, y en la que fueron intervenidos más de 86 kilos de hachís y casi tres kilos de cocaína, además de 16 cartuchos de dinamita Goma-2 Eco y 94 detonadores eléctricos similares a los empleados tres años más tarde en los ataques terroristas de Madrid.

Por tenencia y tráfico de explosivos la sección octava de la Audiencia Provincial de Asturias ha condenado a Suárez Trashorras y a Antonio Toro a sendas penas de seis años de cárcel cada uno. El fallo considera probado que los explosivos hallados en un garaje de Avilés compartido por Trashorras y Toro consistían en Goma 2 Eco y detonadores eléctricos de calibres comprendidos entre el uno y el cuatro, y que los mismos constituían "un material altamente peligroso, susceptible de hacer explosión y con suficiente potencial lesivo".

A las pruebas de cargo contra ambos por tenencia de tales explosivos en 2001, el tribunal añade, como "un indicio más" de culpabilidad, que los dos condenados están encausados en el proceso judicial del 11-M como proveedores de la dinamita utilizada en los ataques terroristas de 2004 en Madrid.

A estas penas se suman otros cuatro años más de prisión para Suárez Trashorros y cinco años y seis meses para Toro por tráfico de estupefacientes. Ambos deberán además abonar multas por un importe de 218.000 euros cada uno. Tanto el abogado de Trashorras, Gerardo Turiel, como la letrada de Toro, Teresa Suárez, han recomendado a sus clientes que presenten recurso, mientras que el fiscal eludió comentar el fallo, a la espera de leerlo en su integridad.

La sentencia del caso Pipol, cuyo vista oral se celebró en Gijón durante mes y medio, se hizo pública ayer, 15 días antes del inicio del juicio por los atentados del 11-M y en el que Suárez Trashorras se enfrenta a una petición de 38.667 años de prisión y que se celebrará en la Audiencia Nacional. La fiscal de esta Audiencia considera al ex minero autor por cooperación necesaria de los atentados de Madrid de 2004. Para Antonio Toro el Ministerio Fiscal reclama 23 años de prisión por esos mismos hechos.

Ambos son dos de los nueve procesados como supuestos integrantes de la llamada trama asturiana, a la que se acusa de suministrar los explosivos de minería con los que la célula islamista perpetró los atentados.

De las 18 procesados restantes en el caso Pipol, todos ellos imputados exclusivamente por tráfico de drogas, el tribunal absolvió a cuatro de ellos y condenó a los 14 restantes a penas que oscilan entre los cuatro y los 11 años de cárcel.

Las penas más severas recayeron sobre el ex policía local de San Martín de Rey Aurelio Laurencio Castaño García y el traficante gallego Marcos Barreiro Magán, condenados a 11 años de prisión, una multa de 200.000 euros y la inhabilitación absoluta durante 11 años para su actividad profesional, el primero de ellos, y a 10 años y seis meses de prisión y una multa de 200.000 euros, el segundo.

De los 21 detenidos en la Operación Pipol, uno, José Ignacio Fernández Díaz Nayo, permanece huido de la justicia.

Tanto Trashorras como su cuñado se dedicaban ya en 2001 a vender "por su cuenta" drogas y cartuchos de "dinamita Goma 2 ECO", aunque no consta cuál era "la fuente de aprovisionamiento" de los explosivos, informa Efe.

El tribunal mantiene que el registro del garaje y las escuchas telefónicas que desencadenaron la operación fueron legales, ya que se realizaron con control judicial y descarta que en el proceso se produjeran dilaciones indebidas, aunque reconoce que sí las hubo en el sumario por los múltiples recursos interpuestos por las defensas.