"Sólo sabiendo la verdad se puede pasar página"

Durante los últimos 25 años han elaborado el único censo de desaparecidos de la Guerra Civil y el franquismo que existe: parcial, incompleto, realizado provincia a provincia, archivo por archivo, y con muchos obstáculos por parte de sus custodios. EL PAÍS ha preguntado a esos historiadores sobre la iniciativa del juez Baltasar Garzón. Coinciden en que es una tarea difícil, pero necesaria, que podría prolongarse años.

- Paul Preston. Necesari0 para la reconciliación. Está gratamente sorprendido por la iniciativa del juez aunque lamenta que llegue "tan tarde". "Ha sido un ejército de historiadores aficionados el que se ha dedicado a elaborar esos censos, lo cual es maravilloso por una parte y vergonzante por otra. Ya es hora de que el Estado asuma ese trabajo. El olvido no es la reconciliación. Para que se reduzca la crispación política se tiene que saber la verdad de lo que pasó. Sólo sabiendo eso se puede pasar la página".

Opina que hay "enormes dificultades" para complacer a Garzón porque pide "información muy difícil de conseguir, incompleta y desigual en todo el territorio. Incluso aunque fuera posible sufragar equipos en cada provincia, elaborar ese censo de nombres llevaría varios años", pero está convencido de que "merece la pena intentarlo". "Ojalá sirva para provocar la vergüenza de los que utilizan su poder para no abrir archivos". Preguntado por hasta dónde cree que puede llegar la investigación, responde: "Pedir responsabilidades penales no está en la mente de las asociaciones, ni creo en la de Garzón, porque la mayoría de los verdugos han muerto y porque plantearía muchos problemas jurídicos al entrar en conflicto con la Ley de Amnistía de 1977".

- Julián Casanova. Retribución moral. Para este catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza, la iniciativa de Garzón es "la búsqueda de la verdad sobre un pasado oculto durante décadas" y una fórmula para "reparar una injusticia histórica" que deberían haber resuelto "mucho antes" los poderes políticos. Opina que "va a ser imposible" conseguir un censo completo de desaparecidos, pero cree que la petición del juez abre la posibilidad a que las instituciones que hasta ahora no han colaborado en las investigaciones, como la Iglesia, empiecen a hacerlo. Cree que debería crearse una Comisión Nacional sobre desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura que se dedique a "reunir la información ya elaborada y organizar una agenda de investigación sobre los hechos todavía inexplorados" y opina que en España, al contrario que en Argentina - "caso paradigmático para estudiar el tema de los desaparecidos"- más de 30 años después de la muerte de Franco, lo que se pide "no es justicia punitiva, de castigo a los culpables, sino una justicia correctiva, de retribución moral y política a las víctimas y sus familiares", algo que "ya se hizo después de la Guerra Civil con todos los asesinados del bando republicano".

- José Álvarez Junco. Fin a la hipocresía. Cree que la iniciativa de Garzón es precisamente lo que pretendía la Ley de Memoria, es decir, "colaborar con los descendientes de las víctimas y con las asociaciones interesadas en la localización, exhumación e identificación de los desaparecidos durante la Guerra Civil", pero la apoya. "Que jueces españoles, en aplicación del principio de jurisdicción universal, estuvieran encausando a ex dictadores o torturadores de otros países lejanos y no hicieran nada en relación con España, parecía contradictorio y hasta hipócrita". Y considera "especialmente importante" que los responsables de los archivos se vean "en la obligación de proporcionar los datos en su poder" después de que los historiadores hayan tropezado a veces "con la mala fe" de quienes tienen a cargo esos fondos y otras veces con la "precariedad y la mala organización" de los mismos.

El catedrático de Historia en la Universidad Complutense cree posible que "aunque se investigue todo lo investigable", buena parte de los "cerca de 30.000 cadáveres que se supone están fuera de cementerios" nunca se encuentre y considera "imposible" que Garzón llegue a pedir responsabilidades penales. "De lo que se trata", explica, es de "dar una reparación moral a los descendientes de las víctimas, reconocer públicamente que aquello fue injusto, y que sus antepasados fueron personas dignas que sufrieron una suerte que no merecían".

- Borja de Riquer. Un proceso político. "No creo en un proceso de este tipo en el ámbito judicial, pero sí en el político y además me parece lamentable que aún no se haya hecho. Garzón está supliendo una carencia del poder político", explica este catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona. Cree que lo que pide Garzón corresponde a "la aplicación estricta de la Ley de Memoria" y coincide con sus colegas en las "dificultades técnicas" para elaborar el censo, que podría llevar "un par de años". Para él, la postura del juez podría servir para indagar en archivos menos accesibles hasta ahora, como los que afectan a las fuerzas de orden público.

- Sisinio Pérez Garzón. Empuje final. "Es una iniciativa para empujar el cierre de heridas aún existentes y me parece bien que se haga a través de los jueces, un poder independiente". "Va a ser difícil, pero es necesario".