Rubalcaba: "200 personas no pueden poner patas arriba una ciudad"
El PSOE avala la carga policial del 15-M; el PP, que pidió mano dura, la critica
La carga policial que en la noche del jueves puso fin a una concentración de indignados frente a la sede del Ministerio del Interior abrió ayer una nueva vía de confrontación entre el Partido Popular y el Gobierno socialista.
El candidato del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, exvicepresidente y exministro del Interior, se mostró favorable el pasado jueves a que el Movimiento 15-M disponga de un puesto de información estable en la capital sin especificar dónde, y ayer declaró, en referencia a la carga policial, que 200 personas "no pueden poner patas arriba una ciudad". De esa manera, el candidato del PSOE defendió la actuación policial de los últimos días. Democracia Real Ya! respondió horas después: "350 diputados y unos cuantos banqueros no pueden poner patas arriba un país entero".
"No vamos a tolerar más acampadas", avisa la delegada del Gobierno
Pons: "El Gobierno no actúa cuando debe y sobreactúa donde no debe"
Rubalcaba explicó que la policía siempre interviene de forma tolerante cuando hay una manifestación pacífica, pero que si hay violencia, "tiene que actuar". El exministro del Interior, de visita en Soria, recibió en esa ciudad de manos de varios miembros del 15-M un documento con sus "quejas y propuestas".
Por su parte, el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, denunció "gravísimos errores" en la gestión de las manifestaciones del 15-M porque, a su juicio, el Gobierno "no actúa cuando debe hacerlo y sobreactúa donde no debe". El PP de Madrid había pedido un día antes de la carga policial mano dura para impedir las manifestaciones de indignados.
La intervención de los antidisturbios a las puertas del Ministerio del Interior dejó 20 heridos y cuatro detenidos, entre ellos un periodista del portal Lainformacion.com, hechos que el PP contrapone a la tolerancia mostrada con la acampada de la Puerta del Sol desde su instalación hace dos meses y medio.
Tras el desalojo, el pasado martes, de los últimos asentamientos de indignados del kilómetro cero, el centro de la ciudad ha sido escenario de protestas callejeras diarias, a las que el Gobierno ha contestado con un férreo blindaje policial, que ha llegado a paralizar el tránsito peatonal y de trenes por la Puerta del Sol, uno de los puntos más concurridos de Madrid.
El secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, aseguró el jueves que la policía está actuando con poca contundencia en defensa de los comerciantes del entorno de la plaza. Granados declaró que se planteaba "muy seriamente" convocar a los 90.000 afiliados del PP de Madrid para manifestarse contra el 15-M y en apoyo de los empresarios. Ayer, Granados no se refirió a la carga, pero atacó a la delegada del Gobierno en Madrid, Dolores Carrión, por "insinuar" que "solo cumple con su obligación y con la ley cuando se ve presionada por las Administraciones gobernadas por el PP". Desde el mismo partido y en la misma línea de crítica a Carrión, el portavoz del grupo popular en la Asamblea de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, aseguró que "la Puerta del Sol, el corazón de Madrid, lleva tres meses secuestrado, primero por el 15-M y ahora por la delegada".
Carrión explicó ayer en Punto Radio que las fuerzas de seguridad actuaron "con firmeza con los violentos". "Asaltar las sedes de las instituciones del Estado como el Congreso de los Diputados y el Ministerio del Interior o perjudicar los derechos de los demás ciudadanos no es un comportamiento precisamente pacífico", añadió. El Gobierno confirmó ayer la reapertura total al tránsito de la Puerta de Sol. Lo que no se va a tolerar, advirtió la delegada del Ejecutivo, son más acampadas u ocupaciones del espacio público.
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