Políticos de un millón de euros

El presidente del Gobierno se declaró "desagradablemente sorprendido", aunque no se ha pronunciado en público. Para Mariano Rajoy es "inaceptable y muy poco serio". A Gaspar Llamazares le parece "impresentable". Las grandes constructoras le han ofrecido a David Taguas, ex director de la Oficina Económica del Presidente, que sea el nuevo presidente de su lobby, Seopan. Taguas estaba hace sólo cuatro meses en un puesto privilegiado, con acceso a todos los resortes de la política económica, la visible y la invisible, de España. No hay prácticamente políticos, especialmente socialistas, a quienes se les pregunte estos días y, en privado, no pongan el grito en el cielo.

Es extraño. Si a los políticos les parece un escándalo, y los políticos hacen las leyes, ¿por qué es legal? La noticia se conocía un día después de que Eduardo Zaplana anunciara que deja su escaño en el Congreso para ser ejecutivo de Telefónica. Sólo Izquierda Unida se quejó de "esos túneles entre la política y la empresa". El caso de Zaplana es impecable legalmente. Como dice un jurista especializado en incompatibilidades públicas: "Lo de Zaplana en Telefónica sería una incompatibilidad de libro... si fuera diputado. Al día siguiente de dejar el escaño, ya no".

"Si la Oficina de Conflictos aprueba lo de Taguas, debería cerrar"

"La clase política está muy mal pagada", dice un ex ministro

"Tiene que volver a ganarse la vida", alega el entorno de David Taguas

Las empresas contratan a ex políticos por su red de contactos

La Ley Electoral, el texto de referencia en este caso, es muy estricta y exhaustiva en cuanto a las actividades privadas incompatibles con ser diputado o senador. Pero no hay ninguna incompatibilidad ex posto, tras cesar, cualquiera que sea la responsabilidad o el área temática que haya defendido el parlamentario. Se considera que el Legislativo tiene mucha menos capacidad de influencia que el Ejecutivo.

El caso de Taguas, economista de prestigio que procedía del servicio de estudios del BBVA, ofrece más dudas. La Ley 5/2006, Reguladora de Conflictos de Intereses de los Altos Cargos, conocida como ley de incompatibilidades, trató de llenar algunos vacíos de las anteriores (1983, 1991 y 1995). Por ejemplo, fijó por primera vez sanciones efectivas para las empresas y los ex altos cargos si incurrían en incompatibilidades. Antes no había sanciones.

También deja muy claras las actividades privadas que son incompatibles con los altos cargos. Pero dedica muy poco a las incompatibilidades después de dejarlos. Dice que en los dos años siguientes a cesar no pueden trabajar para "empresas o sociedades" relacionadas con las competencias de su cargo. Por ejemplo, existe incompatibilidad si ha "intervenido en sesiones de órganos colegiados en las que se hubiera adoptado algún acuerdo en relación con dichas entidades".

El director de la Oficina Económica del Presidente es miembro de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, donde se toman acuerdos sobre todas las decisiones económicas del Gobierno, entre ellas los planes de vivienda protegida o los contratos de obras públicas.

Para irse a defender a las grandes constructoras, Taguas ha enviado, de acuerdo con la ley, una comunicación a la Oficina de Conflictos de Intereses, que debe emitir un dictamen sobre si vulnera la ley de incompatibilidades. Según una comunicación previa de la que Taguas dispone, no la vulnera. Fuentes cercanas al ex alto cargo señalan que no incurre en incompatibilidad porque no se incorpora a una empresa sino a una asociación sin ánimo de lucro (aunque ésta trabaje para empresas que sí lo tienen).

Éste es el análisis de un ex alto cargo socialista, sometido a las mismas leyes que Taguas: "Si la Oficina de Conflictos da su visto bueno al fichaje de Taguas, debería cerrar a continuación".

La Oficina que tiene que dar permiso a Taguas depende de la ministra de Administraciones Públicas, que depende del presidente. Es decir, es el propio Gobierno el que controla las incompatibilidades de los altos cargos. Durante la tramitación de la ley de incompatibilidades, el PP e IU intentaron reforzar las garantías de independencia de esta oficina, y pidieron que dependiera del Congreso de los Diputados. "Es evidente que la autotutela de la Administración no tiene, en un sistema democrático, la suficiente transparencia, por muy voluntariosa y esforzada que sea", dijo el diputado del PP Julio Padilla.

El PSOE, en nombre del Gobierno, se negó a tal cosa con el argumento de que "no es razonable que el Parlamento invada la gestión de un posible conflicto de intereses", en palabras del diputado Ángel Martínez. "Nadie le podrá decir a la Oficina de Control de Intereses cómo tiene que comportarse en relación a una determinada petición", añadió. Con el caso de Taguas sobre la mesa, un ex alto cargo socialista reconoce ahora que "parece razonable" lo que pedían IU y el PP.

Pero, además, la ley establecía que en el plazo de cuatro meses se aprobaría un reglamento de desarrollo que detallaría las garantías para el control de intereses y otros asuntos, como la publicación de las declaraciones de bienes de los altos cargos. La ley se aprobó el 10 de abril de 2006. El reglamento aún duerme en algún cajón.

La única vez, en la pasada legislatura, que se abrió un expediente por incompatibilidad fue en el caso de Alfredo Timmermans, último director de Comunicación del Gobierno de José María Aznar, que tras la derrota electoral pasó a ser, también, ejecutivo de Telefónica. El expediente se cerró tras declarar la compañía que sus actividades no tendrían relación con España.

La ley venía tras un largo historial de saltos a la empresa privada desde puestos de responsabilidad pública. Casi a la misma hora en que el martes se supo que Eduardo Zaplana fichaba por Telefónica, se celebraba en la sede de La Caixa en Barcelona la reunión constitutiva del Consejo Asesor de Criteria, un grupo inversor de La Caixa. Estaba presidido por Rodrigo Rato. El ex director gerente del Fondo Monetario Internacional y antiguo vicepresidente económico con Aznar había iniciado el camino hacia la empresa privada meses antes que Zaplana. Desde que el pasado octubre dejó su cargo en Washington ya ha acumulado tres puestos en las finanzas (Banca Lazard, Santander y Criteria).

Las empresas contratan a ex políticos para aprovechar su red de contactos. Con el fichaje de Rato, Criteria buscaba "abrir puertas" para la expansión internacional de La Caixa, según apuntan fuentes de la entidad. De la misma forma definieron su tarea en Lazard -"abrir puertas"- cuando se anunció su fichaje en diciembre. En cuanto a Zaplana, Telefónica pretende que facilite los negocios en la UE, especialmente en Italia, por su buena relación con Silvio Berlusconi.

También se pueden fichar la agenda y la experiencia internacional de las máximas autoridades. El ex presidente del Gobierno José María Aznar es miembro de los consejos de News Corporation (propiedad del magnate de los medios Rupert Murdoch) y del fondo de inversión de alto riesgo Centaurus. El ex primer ministro británico Tony Blair ha fichado por el banco de inversión JPMorgan, y el ex canciller alemán Gerhard Schröder está ahora a sueldo de Gazprom, la gasista rusa de la que depende la energía de media Europa.

En el nivel de ministro, están la ex titular de Medio Ambiente Isabel Tocino (consejera del Banco Santander); Francisco Álvarez-Cascos, ex vicepresidente y ex ministro de Fomento (que fundó junto con el ex secretario de Estado de Infraestructuras Benigno Blanco la asesora para constructoras Spineq); o el ex ministro de Defensa y vicepresidente con Felipe González, Narcís Serra (que es presidente de Caixa Catalunya y miembro del consejo de administración de Gas Natural).

Entre los presidentes autonómicos, el año pasado el balear Jaume Matas se fue como ejecutivo del grupo hotelero Barceló tras perder las elecciones. Menos de un año antes, su Gobierno había adjudicado un macroproyecto urbanístico a esa firma.

"Las empresas buscan personas con una cartera de relaciones de alto nivel. Esto es lógico. Otra cosa es que, dependiendo de las expectativas que las empresas tengan, se superen los límites de lo ético. Entre el aprovechamiento de la red de contactos y el tráfico de influencias hay una distancia considerable", afirma Francisco Longo, profesor del Instituto de Dirección y Gestión Pública de ESADE.

De la misma opinión es Ramón Jáuregui, secretario general del PSOE en el Congreso de los Diputados. En la pasada legislatura fue portavoz en una Subcomisión parlamentaria sobre Responsabilidad Social de la Empresa: "Saber a quien llamar, asesorarse, eso forma parte del saber también. Y no tiene por qué ser malo", subraya.

Lo que no le gusta al socialista son los salarios que se pagan. "Eso empieza a llamar la atención negativamente. Es posible que la clase política española no esté bien remunerada, pero eso es al margen". Por ejemplo, Zaplana cobrará entre 600.000 euros y un millón al año en Telefónica. Hasta marzo, como portavoz parlamentario percibía unos 74.000 euros brutos anuales.

"Se gana más dinero", reconoce un ex ministro de Aznar. A continuación, afirma: "La clase política en España está mal pagada. Nunca hemos tenido el coraje, ni UCD, ni PSOE, ni PP de plantear un nivel retributivo similar al de los países del entorno próximo". El presidente del Gobierno cobra actualmente 87.000 euros brutos anuales. Un ministro, 77.000. Un secretario de Estado como era Taguas, 72.000 euros. Un diputado base cobra unos 40.000 euros, aunque se ven complementados por muchos conceptos.

Fuentes cercanas a Taguas también argumentan en este sentido: "Ahora que ha dejado el cargo tenía que volver a ganarse la vida, ¿qué se esperaba, que dejase el país o que se metiera cura?".

La pensión pública por cesantía es hasta un máximo de dos años, por eso es también el periodo en el que los ex altos cargos deben abstenerse de trabajar. Pero sólo es para los ministros y los secretarios de Estado: unas 30 personas en cada Gobierno. Por debajo de ellos hay directores generales, secretarios generales y subsecretarios. A todos ellos, unas 300 personas, se les considera altos cargos y se les aplica la incompatibilidad de dos años para pasar a empresas de su ámbito, pero durante ese tiempo no cobran pensión.

Durante la tramitación de la ley de incompatibilidades, sólo CiU se atrevió a sacar el tema de los sueldos. "Si añadimos más trabas de las necesarias, vamos a impedir que gente competente asuma responsabilidades", advirtió el senador Jordi Casas. "Éste es un debate en el que en privado todo el mundo dice lo que digo yo, aunque en público nadie se atreve a hacerlo, porque luego la prensa dice lo que dice", insistió. Nadie le respondió.