Pedreira cita a declarar como imputado a un alto cargo de Arganda

El magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha citado a declarar como imputado el próximo 10 de mayo al presidente de la Sociedad Municipal para el Fomento de Arganda del Rey, Juan Fernández Caballero. El juez accede a la petición realizada por la Fiscalia Anticorrupción, a la que recientemente se adhirió la acusación popular ejercida por los concejales socialistas de Boadilla del Monte. Según la investigación del caso, la Sociedad Municipal para el Fomento de Arganda fue el organismo público que contrató a las empresas de la trama dirigida por Francisco Correa. Entre 2005 y 2008 adjudicó contratos por valor de 1.200.00 euros. El PSOE de Arganda ha exigido el "cese fulminante" de Fernández Caballero. Además, los socialistas argumentan que el alcalde, Pablo Rodríguez Sardinero, que es a su vez presidente de la Sociedad, "debe asumir inmediatamente las responsabilidades que correspondan".

Además de a Fernández Caballero, Pedreira también cita a declarar, pero en esta ocasión como testigo, al empleado del Ayuntamiento de Boadilla del Monte Juan Carlos Rey, uno de los responsables del informe técnico que determinó la adjudicación de la Ciudad del Deporte a una de las empresas de la trama: Constructora Hispánica. También tendrá que testificar en calidad de testigo la concejal de Boadilla responsable del contrato de la Oficina de Atención al Ciudadano con la empresa Easy Concept, Isabel Fernández de Guzmán.

El efecto electoral

El antecesor de Fernández Caballero en el cargo, Benjamín Martín Vasco, también está imputado en la causa, así como el exalcalde de Arganda, Ginés López (PP). En contra de la doctrina aplicada en otros municipios salpicados por el escándalo de corrupción -admitir la culpa, pedir perdón y cambiar al candidato- el PP ha mantenido como candidato en Arganda al actual regidor pese a que fue el teniente alcalde de López.

El Ayuntamiento de Arganda, cuando era alcalde el imputado Ginés López, adjudicó una obra en noviembre de 2004 por 77 millones a la empresa Martinsa, que había sido tasada en 100 millones, según consta en el expediente de la operación aprobada en el Consistorio. La decisión corrió a cargo de Martín Vasco, ahora diputado del Grupo Mixto en la Asamblea tras ser expulsado del PP, cuando era consejero delegado de la empresa Fomento y Desarrollo Municipal de Arganda, de la que Fernández Caballero es consejero delegado desde 2006.

Pedreira investiga si Correa cobró 13 millones de euros por intermediar en esta operación urbanística. Entre los contratos firmados por Benjamín Vasco al frente de la empresa del suelo de Arganda destacan los 48.893 euros abonados a las subcontratas del Grupo Rafael, que el sumario considera muy cercanas a Correa. Este diputado también contrató a la empresa Vox Pública, de la que era director gerente Jesús Calvo Soria, otro de los imputados. El pago, de unos 8.000 euros, lo recibió en abril de 1998 la directora comercial de la empresa: María del Carmen Rodríguez Quijano, la mujer de Correa.

"Martinsa se portó conmigo"

Pese a que la adjudicación era de 77 millones, Martinsa, cuyo principal accionista era el empresario Fernando Martín, pagó un total de 66 millones comprometiéndose a abonar en especie otros 11 millones. Pero ese dinero nunca llegó al municipio. Inicialmente, el Ayuntamiento permitió a la empresa levantar 1.600 viviendas en esas parcelas, pero posteriormente le autorizó a construir otras 800 casas más; en total, 2.400. Martinsa no ha edificado ningún. Además, el magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha constado que una firma de Correa instalada en Suiza había recibido 12,8 millones de euros procedentes de una cuenta de Mónaco y que, según investigó la justicia helvética, procedían de Martinsa.

La información de las autoridades suizas demuestra la veracidad de las grabaciones realizadas por el ex concejal del PP de Majadahonda, José Luis Peñas, cuya denuncia constituyó el inicio de la instrucción del caso Gürtel, en el que permanecen imputadas más de un centenar de personas por su supuesta implicación en la que es considerada como la mayor trama de corrupción ligada a un partido político: el PP. Según estas grabaciones, que constan en el sumario, Francisco Correa afirma: "Martinsa se portó conmigo; le quedaba un pago de lo de Arganda. Tardó seis meses. En mayo, todo liquidado. Me debe aún un millón de euros". A su vez, en otra grabación de Peñas a la número dos del cerebro de la trama, Isabel Jordán, alude a la operación: "[A Martín Vasco] le dieron su dinero. Él amenazó con hablar sobre el negocio de Arganda con Martinsa si no le daban su dinero". La investigación de Pedreira ha constatado que Martín Vasco percibió 340.000 euros de la trama corrupta. Sobre este diputado pesa una fianza judicial de 950.000 euros.

El concurso que dio lugar a esa adjudicación fue denunciado por el PSOE en dos ocasiones: en lo contencioso-administrativo, que lo archivó; y ante la Fiscalía, que remitió el caso a un juzgado de Arganda en abril de 2007. Al concurso se presentaron tres empresas: Alcosto, Sacresa y Martinsa. El Consistorio, a la hora de valorar las ofertas, no se fió solo de las opiniones de sus técnicos, sino que delegó parte de la baremación en dos empresas privadas: Aguirre Newman y Plarquin. Esta última había sido propiedad de Enrique Porto antes de ser nombrado director general de Urbanismo por Esperanza Aguirre en 2003 (dimitió en 2006 por aprobar planes urbanísticos diseñados por su antigua empresa).