El PSOE reabre la renovación del Constitucional sin garantía de éxito

Por tercera vez, el Senado va a iniciar el proceso para sustituir a los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que nombró hace 12 años y cuyo mandato caducó en diciembre de 2007. Por tercera vez, el impulsor de la iniciativa será el PSOE, con una actitud como mínimo escéptica del PP. Este partido asegura que mantiene su posición sobre la renovación, es decir, formalmente a favor de que se produzca pero considerando que no es el momento oportuno y, en todo caso, imponiendo a sus dos candidatos, hasta ahora "inaceptables" para los socialistas.

Durante más de ocho horas de debate en el Senado, convocado por el presidente de la Generalitat de Cataluña para exponer su petición de que se renueve cuanto antes un tribunal que considera dañado, el PP no aclaró si está dispuesto o no a prestar sus votos a la renovación. Los votos de los dos grandes partidos son imprescindibles para que se produzca el nombramiento de los nuevos magistrados.

Por el momento, la única opción viable para renovar es con esos dos nombres

Tampoco el PSOE aclaró si al final acabará aceptando o no a los dos únicos candidatos que ahora apoya el PP. Esos candidatos son Francisco José Hernando y Enrique López, dos juristas conservadores muy significados con las posiciones de ese partido y que incluso se han pronunciado en público contra leyes del Gobierno de Zapatero que actualmente debate el alto tribunal por recursos del PP, como el Estatuto de Cataluña o la Ley de Matrimonio Homosexual. Es verdad que, a día de hoy, esos candidatos siguen siendo inaceptables, según ratificaron ayer Leire Pajín y todos los dirigentes del PSOE consultados. Sin embargo, preguntada la portavoz socialista en el Senado, Carmela Silva, cuál es la prioridad, contestó: "La prioridad es la renovación", por encima de los nombres. Silva se refería a que la prioridad es el desbloqueo de la situación. Y la realidad es que si el PP se mantiene en sus trece, es decir les mantiene a ambos como únicas opciones, algo que ayer María Dolores de Cospedal ya reafirmó, la única solución viable al final de todo el procedimiento es que Hernando y López ingresen en el Constitucional.

Desde la dirección del PSOE se insiste en que, hasta entonces, hay muchos pasos intermedios y variables que pueden hacer cambiar las cosas, sin aclarar cuáles.

Los grupos del Senado pueden rechazar a los candidatos del PP, o solo a uno. Pueden incluso decidir que López no cumple los requisitos legales para ser magistrado, como apunta un informe jurídico encargado por la propia Cámara alta y sobre el que nunca se pronunció. Esta posibilidad fue insinuada por el vicepresidente del Senado y presidente del PSC, Isidre Molas. Pero ninguna de esas variables hace que se renueve el Tribunal Constitucional.

La única posibilidad es que el PP cambie de posición. Pero la líder del partido en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, y ocho consejeros autonómicos de ese partido, les dejaron claro ayer en el Senado a Montilla, al PSOE y al Gobierno que su posición sigue siendo la misma.

La prioridad, por tanto, y como reconocían dirigentes socialistas, es evitar que parezca que es el PSOE quien no quiere renovar. El PP, ante la evidencia del bloqueo en el tribunal y la presión desde Cataluña, se ha felicitado de que el PSOE esté supuestamente de acuerdo con ellos en no renovar. La decisión de los socialistas de retomar el proceso tiene, como primera (y seguramente única) consecuencia, que quede en evidencia quién bloquea la renovación. Es decir, el PP.

La clave en todo este puzle es que, en 1998, el Senado nombró a tres magistrados conservadores y uno progresista, como correspondía a la mayoría democrática de entonces. Ahora, la nueva mayoría surgida de las urnas exige que sean dos y dos. Es decir, que la renovación de estos cuatro magistrados cambiaría las mayorías. El objetivo del PSOE es que se vea que al PP le dan igual Hernando y López. Lo que no quieren los populares es que el Constitucional se renueve. Así lo dejó claro Montilla en su discurso.