El PSOE y el PP se aseguran el control del nuevo Consejo del Poder Judicial

Dos ex diputados y dirigentes de partidos, una ex secretaria de Estado, un consejero autonómico, dos mujeres jueces vinculadas a dos de los casos a los que más rentabilidad política sacó el PP en la anterior legislatura y el abogado del PSOE en una de sus querellas más notorias estarán en el nuevo Consejo General del Poder Judicial. Es la materialización del primer gran pacto de Estado entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy en cinco años, con la única excepción de cinco estatutos de autonomía. El acuerdo pone fin a dos años de interinidad sin precedentes del órgano constitucional de gobierno de los jueces. Se liquida un Consejo que ha servido de prolongación de la labor de oposición del PP la pasada legislatura.

El empeño del PP en proponer sólo miembros de la APM bloqueaba el pacto

Se incluye a la juez del 'caso bórico' y a uno de los abogados del PSOE

El número de mujeres ha pasado de dos a siete, pero el Consejo, el primero renovado después de la Ley de Igualdad, está lejos de la paridad.

Antes de verano pactaron la cuota -nueve para cada uno, otro para CiU y otro para PNV- y ayer pusieron nombre a cada puesto. Los dos grandes partidos se aseguran un número suficiente de vocales para bloquear las grandes decisiones del Consejo, como nombramientos y sanciones. Hasta ayer no intercambiaron nombres y el acuerdo estaba bloqueado porque el PP no renunciaba a incluir sólo miembros de la conservadora APM y el PSOE le pedía que diera paso a otras asociaciones y a no adscritos.

Ayer, los portavoces parlamentarios, José Antonio Alonso y Soraya Saénz de Santamaría, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y el portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, se reunieron de nuevo. De salida, el PP insistió en su posición y el PSOE constató la inflexibilidad de la otra parte, pero ayer al fin cedió. La aceptó e intercambiaron los nombres. Aseguran todos que no hubo vetos y que admitieron sin pegas los 20 nombres que se pusieron sobre la mesa.

Bermejo y Alonso coincidieron en subrayar luego que el nuevo Consejo deberá desarrollar su función con "neutralidad e imparcialidad". Sin embargo, en su composición se advierte que los cuatro partidos que han intervenido se han asegurado el control o, cuando menos, la afinidad de su cuota. El caso más claro es el de CiU y PNV que han propuesto a Ramón Camp y Margarita Uría, respectivamente. Pese a la supuesta imparcialidad reclamada, ambos son dirigentes de sus partidos y ex parlamentarios.

PSOE y PP han consagrado un bipartidismo asociativo casi perfecto, porque han hecho caso omiso a las propuestas de magistrados no adscritos o de asociaciones judiciales minoritarias y han optado respectivamente por Jueces para la Democracia y la Asociación Profesional de la Magistratura. La excepción es en la del PSOE Manuel Torres Vela, de la asociación Francisco de Vitoria y hermano de un destacado dirigente socialista andaluz.

El PSOE lleva a uno de sus abogados al Consejo: José Manuel Gómez Benítez, letrado, catedrático. Es el redactor de la querella de los socialistas en el caso Tamayo y Sáez, sobre el caso de transfuguismo en la Comunidad de Madrid, entre otras muchas que afectan al PSOE. A propuesta judicial incluye también a Margarita Robles, secretaria de Estado de Interior en el último Gobierno de Felipe González y ahora magistrada del Tribunal Supremo.

En la lista del PP todos los miembros de la carrera judicial pertenecen a la APM. Trillo explica que, precisamente, se trata de premiar el sentido asociativo y, por eso, intencionadamente no se ha dado paso a no adscritos. Asegura que la cuota de la APM corresponde a su alta representatividad en la carrera judicial.

Destaca la presencia de dos juezas que, en distinto grado, han intervenido en dos de los casos que más utilizó el PP en la pasada legislatura. Sobre todo, Gema Gallego, juez de instrucción de Madrid que sentó en el banquillo a policías por el caso del ácido bórico. Los agentes fueron absueltos, pero el proceso sirvió para alentar la teoría de la conspiración que intentó a toda costa relacionar a ETA con el 11-M. Concepción Espejel es presidenta de la Audiencia de Guadalajara e intervino en la causa por el incendio forestal en el que murieron 11 personas y en el que se buscó imputar a responsables políticos socialistas de Castilla-La Mancha. Según Trillo, la propuesta del PP parte de la que hicieron hace dos años las asociaciones y, por eso, carece de sentido vincular sus candidaturas al bórico o la del incendio de Guadalajara.

El PP propone también a Fernando de Rosa, magistrado en excedencia y ahora consejero de Justicia y Administraciones Públicas de Valencia. Se le recuerdan frases como ésta sobre el ministro de Justicia: "Ha estado estos años, durante la anterior legislatura, dedicado a intentar gestionar la negociación terrorista con ETA y no en lo que le correspondía que era la modernización de la justicia" (La Razón). Y sobre la Ley de Igualdad: "Es una extrema locura del Gobierno". Sáenz de Santamaría asegura que su propuesta se debe a su conocimiento de la oficina judicial, ya que fue decano de los jueces de Valencia.

El Pleno del Congreso y el Senado los votará los días 15 y 16 de septiembre, tras la comparecencia de los no judiciales el día 11 ante la comisión de nombramientos. En su primera reunión deberán elegir al presidente. Esa será la primera prueba de fuego del control de los partidos, porque es José Luis Rodríguez Zapatero quien estudia estos días el nombre del futuro presidente del Consejo del Tribunal Supremo que los vocales se dejarán proponer y votarán en su primera reunión. Las quinielas se inclinan por los magistrados Juan Antonio Xiol y Ángel Juanes.

A los dos partidos les queda por pactar el nombre de cinco magistrados del Constitucional, cuatro para que los nombre el Senado de entre los propuestos por los Parlamentos autónomos, y otro de consenso en el Congreso.

IU, ERC, ICV y UPyD rechazaron ayer el acuerdo, mientras que BNG y Coalición Canaria comprometieron su apoyo.