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El PP recurre el auto de Pedreira para proteger a Camps

Cospedal respalda al presidente pero aclara: "Hablaremos el 12 de mayo"

El PP va a intentarlo todo para evitar la quema de Francisco Camps. La posibilidad de que un presidente autonómico de una región clave caiga por corrupción es una pesadilla para Mariano Rajoy. Por eso, además de presionar al Tribunal Supremo con todos los medios a su alcance para evitar que el día 12 de mayo mande a Camps a juicio, el PP lanzó ayer una nueva estrategia que es incluso dudosa desde el punto de vista procesal.

Federico Trillo, responsable de la estrategia judicial del PP, aprovechó que su partido está personado en el caso Gürtel como acusación particular para presentar un recurso que pide "suspender cautelarmente" la providencia del juez Pedreira del pasado 29 de abril. En ella pedía a la Generalitat valenciana que le informe de los nombres de los altos cargos del Gobierno de Camps que ordenaron contratar con la red mafiosa que dirigían Francisco Correa en Madrid y Álvaro Pérez, El Bigotes, en Valencia.

Fuentes jurídicas señalan que el PP ejerce como defensa y no como acusación
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El PP busca así proteger a toda costa a Camps, que apoyó a Rajoy en los momentos de mayor dificultad, tras la derrota de 2008. Pero se supone que el PP está en el caso como afectado porque los corruptos se aprovecharon del partido -de ahí la figura de la acusación popular- y no como defensor de nadie.

Según fuentes jurídicas, el escrito del PP se corresponde con un "escrito de defensa", no de acusación, lo que viene a dar la razón al ministerio fiscal cuando en su día dijo que el PP no podía personarse en el caso Gürtel. "En derecho procesal no existe esa figura de dejar en suspenso una diligencia acordada por un juez, salvo por imposibilidad de comparecencia de un imputado o un testigo. Y menos pedir que no se practique una diligencia de prueba, cuando a la acusación lo que le interesa es que se practique. Esa posición del PP es un fraude procesal y, por tanto, el fiscal debería pedir que no se admita ese escrito y se devuelva".

Mientras, el juez Pedreira comunicó ayer a través de una nota de prensa que "resolverá en breve" este recurso. La providencia, instada por la Fiscalía Anticorrupción, tiene relación con un reciente informe pericial que ve graves irregularidades y amaños en contratas que adjudicó el Gobierno de Camps con la red Gürtel. El informe revela que se troceaban contratas que recaían en las sociedades de la trama para evitar sacarlas a concurso y eludir así la Ley de Contratos del Estado.

En esa providencia, el instructor pregunta quiénes eran los máximos responsables de los "centros de gestión" de un total de 17 departamentos de la Generalitat entre los años 2004 y 2009. Respecto a esta providencia, tan criticada por el PP y ayer recurrida por este partido, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid quiso hacer ayer la siguiente matización: "El requerimiento de información efectuado a la Abogacía General de la Generalitat valenciana, solicitado por el Ministerio Fiscal, tiene, como ya se refirió en su momento, carácter informativo, y no significa prejuzgar sobre responsabilidad penal alguna" de los afectados.

El PP insiste así en proteger a Francisco Camps, aunque sólo hasta ver qué sucede el 12 de mayo en el Tribunal Supremo. Si los jueces deciden mandar a juicio a Camps por el caso de los trajes, como pide la fiscalía, reclamó el juez instructor José Flors y apoyó el juez Montero con un voto particular, el Partido Popular asume que habrá que tomar decisiones.

Dolores de Cospedal dejó ayer muy clara esa diferencia de tiempos. Primero apoyó de manera cerrada al presidente valenciano. "Camps no está imputado, y cuenta con todo el apoyo del PP. Es el mejor candidato a la Generalitat". Trataba de despejar así todos los rumores que apuntan a que el proceso de sucesión de Camps ya está en marcha. En las últimas horas arrecian los apoyos públicos a Camps, pero en privado los dirigentes admiten su preocupación. Cospedal quiso además dejar una frase interpretable, que insinúa que ese apoyo tiene fecha de caducidad. ¿Qué pasará si el 12 de mayo los jueces mandan a juicio a Camps?, le preguntaron. "El 12 de mayo hablaremos", sentenció.

Rita Barberá y Francisco Camps, durante una inauguración ayer en Valencia.
Rita Barberá y Francisco Camps, durante una inauguración ayer en Valencia.MÒNICA TORRES

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