La Oficina Antifraude recomienda una ley de acceso a la información pública

La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) recomienda incorporar en la agenda política catalana y estatal la creación de una ley de acceso a la información pública y que su elaboración se abra "a la participación más amplia de las instituciones de control y a la sociedad civil". En su primera memoria, un año después de su creación, la OAC, dirigida por David Martínez Madero, constata la dificultad para acceder a cierta información pública a partir de casos como el acceso a los informes, la ausencia de transparencia en los flujos financieros de subvenciones públicas a fundaciones privadas, la corrupción urbanística, e implicación de altos cargos en actuaciones corruptas, entre otras.

Así, la Oficina Antifraude asegura que hay una "preocupación ciudadana creciente por garantizar la transparencia en todos los ámbitos de la vida pública". "Cataluña se encuentra ante el reto de situarse entre los países líderes en la lucha contra la corrupción", por lo que debe tomar medidas en este sentido, argumenta.

Esta ley, que tendría que ser de amplio espectro e incluir a todas las administraciones y empresas públicas y privadas con subvenciones, tiene que designar en qué organismo independiente debería recaer la responabilidad de velar por el cumplimiento de esta nueva ley y de denunciar públicamente y, si corresponde, proponer sanciones.

No obstante, la OAC hace un llamamiento en su memoria al conjunto de poderes y organismos públicos y a las entidades financiadas con fondos públicos para que, sin esperar la aprobación de la ley, "hagan pública toda la información relevante referida a los órganos de gobierno, presupuetos, políticas públicas y servicios a los ciudadano".

Denunciantes pocos protegidos

La Oficina considera en su informe que los denunciantes de una irregulaidad de la administración "en lugar de ser escuchados y protegidos, a menudo han de afrontar la indiferencia, todo tipo de presiones, pérdida de confianza y el desinterés en la investigación de aquello o aquellos que han sido objeto de su denuncia". Esto provoca un "efecto desincentivador" de las denuncias, por lo que la OAC ha adoptado dos medidas en sus Normas de Actuación y régimen interior para su protección: se regula la reserva de la identidad y se obliga a proporcionarle asistencia y asesoramiento.

Finalmente, ante el convencimiento del "papel vital" que los denunciantes e informantes juegan en la detección de actos de corrupción, la Oficina Antifraude ve "recomendable" la existencia de un marco legal "comprensivo y detallado" de la regulación de esta figura, y establecer medidas de seguimiento que aseguren su protección real, así como compensar las represlias.

Asimismo, la OAC pide que se fortalezcan los mecanismos de control a los entes locales, y que se mejore la transparencia y el control de las herencias en favor de la Generalitat, que según el Código Civil de Catalunya, deben ir destinadas a establecimientos de asistencia social o a instituciones de cultura. La Oficina Antifraude cumple un año desde su creación, aunque no estuvo realmente operativa hasta septiembre, con 19 trabajadores y un presupuesto inicial de 2,077 millones de euros, según la memoria.

Entre otras tareas, la OAC respondió a la solicitud del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional para asumir el cargo de administrador judicial de la sociedad pública municipal Gramepark, S.A., implicada en las diligencias previas del caso Pretoria. Esta resolución, de diciembre de 2009, no fue impugnada por ninguna de las partes y, desde entonces, la OAC se ha encargado del análisis de la actuación de la empresa, de la estructura, del funcionamiento interno y de eventuales metodologías de trabajo y flujos de información operativa de la empresa, estableciendo reuniones con el gerente y la directora de Area de Servicios Internos del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet.