Municipios catalanes recurren a un ardid legal para acoger la consulta soberanista

A diferencia de lo sucedido en septiembre pasado con la consulta sobre la independencia de Cataluña celebrada en Arenys de Munt -se prohibió con intervención judicial instalar urnas en locales del Ayuntamiento-, el próximo domingo, día 13, se utilizarán muchas dependencias municipales como colegios electorales en las 161 localidades donde se celebrará una consulta similar. Los consistorios han recurrido a una argucia legal que les permite sortear la prohibición.

En las actas que envían a la Delegación del Gobierno figuran las mociones de aprobación de las consultas, pero sin especificar dónde se celebrarán.

"Hasta la fecha no se ha detectado ninguna irregularidad en las actas que han enviado los Ayuntamientos y que ha estudiado la Abogacía del Estado", aseguró el pasado jueves una portavoz de la delegación. El martes, el delegado, Joan Rangel, ya adelantó que por ahora no hay vulneraciones de la legalidad.

Esquerra Republicana ha previsto movilizar a sus dirigentes en favor de las consultas. Sus principales líderes visitarán una decena de municipios con alcaldes de la formación independentista el día de las votaciones. El partido de Joan Puigcercós quiere recuperar parte del terreno perdido ante su electorado. CiU, por su parte, no fomenta las consultas, pero da libertad a sus militantes.