Moratinos justifica la connivencia de Aznar con los vuelos a la prisión de Guantánamo

Fue un "debate de guante blanco", en palabras del portavoz del Grupo Popular, Gustavo de Arístegui. El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, echó algo más que un capote a José María Aznar durante su comparecencia de ayer en el Congreso. Y el representante del PP no disimuló su satisfacción, hasta el punto de que, para éste, el problema parecía reducirse a la publicación por EL PAÍS de unos papeles que prueban que, enero de 2002, el Gobierno autorizó la escala en España de vuelos "con prisioneros talibanes y de Al Qaeda" con rumbo a Guantánamo. Y que decidió ocultarlo.

En primer lugar, los hechos. Moratinos confirmó la autenticidad de los documentos publicados hace 10 días. Según dijo, lo ha reconocido su propio autor, el entonces director general de Política Exterior para América del Norte, Miguel Aguirre de Cárcer. Y los ha encontrado finalmente el Gobierno, que ayer los remitió a la Audiencia Nacional, coincidiendo con la petición del juez Ismael Moreno.

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No los halló en el Ministerio de Asuntos Exteriores, que es donde debían estar. El único rastro que encontró la comisión de investigación interna fue una salida en el registro electrónico con la referencia 3329/02, que corresponde al informe "muy secreto" del 10 de enero de 2002.

Tampoco estaban en los archivos de la Secretaría General de Política de Defensa, a la que se remitió el informe, pero sí en el Comité Permanente Hispano-Norteamericano, que advirtió de las "consecuencias jurídicas" de que algunos presos fueran europeos y recomendó que las escalas se hicieran en la base de Morón, por ser "más discreta".

Moratinos reveló incluso una nota hasta ahora inédita, del entonces secretario general de Política de Defensa, Javier Jiménez-Ugarte, que dice: "En conversación con el Secretario de Estado de Política Exterior y con el director general de Norteamérica, así como con el Gabinete de Política Exterior del Presidente del Gobierno, se ha acordado que Exteriores contestaría afirmativamente a la petición norteamericana".

Hubo, por tanto, una decisión política del Gobierno de la época que, con pleno conocimiento de causa, permitió escalas en territorio español de aviones con personas detenidas en condiciones de legalidad más que dudosa.

Ahora bien, según Moratinos, a pesar de que disponía de esa autorización, el Pentágono no hizo uso de la misma. El ministro se basó en que los cinco aviones de transporte (cuatro C-17 y un C-141) que, desde el 6 de enero -antes incluso de pedir autorización a España- estaban en Morón, para hacerse cargo de los presos en caso de avería de algún vuelo procedente de Afganistán, se retiraron a finales de marzo, dos meses antes de lo previsto, sin que se hubiera producido ninguna escala.

En respuesta a Gaspar Llamazares, de IU, negó que el C-141 que el 11 de enero de 2002 llevó los primeros prisioneros a Guantánamo aterrizara en Morón, como reflejan los registros del control aéreo portugués. Según el Ministerio de Defensa, el avión transitó por el Estrecho de Gibraltar, al igual que otros 12 sobrevuelos entre 2002 y 2004.

Pero Moratinos fue aún más lejos al dar a entender que la decisión de Aznar de autorizar estas escalas estuvo justificada, pues se enmarcó "en el apoyo a la Operación Libertad Duradera tras los atentados del 11 de septiembre de 2001" y que "dicho apoyo se fundamenta en la Resolución 1.386 de Naciones Unidas". Ni una ni otra daban cobertura, lógicamente, para violaciones de derechos humanos como las que hubo en Guantánamo.

El propio ministro recordó que, ya en septiembre de 2001, Bush había declarado a los talibanes y sospechosos de pertenecer a Al Qaeda de "combatientes ilegales", privándoles del amparo de la Convención de Ginebra, lo que levantó fuertes críticas en Europa, y que las dudas sobre la legalidad de sus métodos, en el seno de la Administración de EE UU, le llevaron a sustituir los aviones militares por los vuelos de la CIA para trasladar presos.

Pese a ello, insistió, "lo relevante para esta comparecencia" es que "el Gobierno del Presidente Aznar autorizó [las escalas] en el marco de una decisión colectiva" de la OTAN. Tuvo que ser la portavoz socialista, Elena Valenciano, quien recordara, para enfado de Arístegui, que "fue una suerte que no se produjera ninguna escala [ilegal] en España, porque la carta blanca estaba dada".

Moratinos alegó que no informó sobre los documentos cuando compareció en 2005 en el Congreso "porque no tenía conocimiento de su existencia", ni "recibió referencia de ellos por parte del anterior Gobierno". Pero eso no se lo reprochó al PP.

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