Madrid impugna la decisión Salgado de no compensar el impuesto de transmisiones

La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, ha anunciado que impugnará la decisión del Ministerio de Economía y Hacienda de no compensar a la región los 124 millones de euros no recaudados tras la eliminación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Aguirre, que ha hecho este anuncio tras la reunión del Consejo de Gobierno regional, ha declarado que le parece "muy bien que se exima a las empresas" de impuestos, pero que luego se compense a las comunidades, ya que Madrid tenía presupuestado una recaudación de 124 millones de este impuesto. Este impuesto se quedaba en las arcas de la Comunidad de Madrid hasta que el Gobierno lo suprimió alegando que así se fomentaba la reactivación económica.

La presidenta también ha señalado que tras el anuncio del ministerio de eliminar este tributo, llamó "personalmente" a la ministra de Hacienda, Elena Salgado, y ésta le confirmó que "se produciría" una compensación a las comunidades. "Lo que no se puede es invitar a café y que paguemos los demás", ha señalado Aguirre. También ha recordado que sucedió algo similar con la Ley de Dependencia, cuando el Ejecutivo anunció que financiaría la mitad del coste de las prestaciones, y de los 53 euros que asistir a cada persona dependiente en la Comunidad, solo se reciben seis.

"No está el horno para bollos"

En el capítulos de las competencias, ha insistido en que su Gobierno "se conformaría" con mantener las competencias de Sanidad, Educación, Transporte y Atención a la Dependencia y que cedería las demás "siempre y cuando alguien las asumiera", sobre todo la Justicia, "que es un poder nacional". Aguirre ha contestado a Manuel Chaves, que ayer la criticó por su gestión precisamente en Justicia, y la llamó a capítulo, advirtiéndole de que las competencias no se pueden reenviar al Estado. La presidenta ha tildado de "increíble" que el vicepresidente de Política Territorial sostenga que que la Constitución no prevé la devolución de competencias.

La presidenta, que ha promovido la formación de una comisión de duplicidades en la Asamblea de Madrid, ha afirmado que en la actual situación económica "no está el horno para bollos" y que comunidades y ayuntamientos están de acuerdo de que no pueden "permitirse el lujo" de prestar los mismos servicios para los mismos ciudadanos. Por ello, ha indicado que los servicios públicos "tendrán que atribuirse a una sola administración, sea la que sea" y en el caso particular de la Justicia, ha criticado que se hayan cedido las competencias a las autonomías, cuando se trata de "un poder nacional, un poder del Estado".

"La consecuencia de esas trasferencias a medias -ha explicado Aguirre- es que no hay manera de poner control de horarios en los juzgados, ni saber si falta gente" y por eso ha insistido en que la Justicia "debe ser del Gobierno de la nación". Además la presidenta se ha referido a la regla de gasto para las regiones acordada ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y ha recordado que el Gobierno de Rodríguez Zapatero "lo primero que hizo al llegar fue cargarse la ley de estabilidad presupuestaria" del Ejecutivo de Aznar, que establecía el limite de gasto de todas las Administraciones.

"Esa ley prohibía a cualquier administración gastar mas de lo que ingresaba y fue derogada por el entonces vicepresidente Solbes ahora dicen que la quieren volver a poner", ha criticado la presidenta. En cuanto a la posibilidad de que las comunidades puedan financiar su deuda con el Estado a través de créditos del ICO, el vicepresidente Ignacio González ha opinado que el Gobierno quiere "hacer negocio" a costa de las comunidades, que han perdido ingresos por culpa de las "estimaciones de crecimiento económico falsas" que hizo el Ejecutivo. Ha criticado que en lugar de dar más plazo a comunidades para saldar su deuda, se les obligue a pagarla antes y además se les ofrezcan créditos al 6,5% de interés lo que, ha dicho, significa "una vuelta de tuerca más" para "hacer negocio a costa de la mala gestión de los ingresos del Estado y del modelo de financiación".

La presidenta madrileña ha señalado que lo que ocurrió en la reunión de ayer sería "de risa si no fuera patético" ya de por sí, y ha criticado la manera en la que a los consejeros se les entregó "un sobre cerrado" para que cada uno supiese cuál era su dinero de financición con el que contaban. "De hecho, al consejero de Madrid, como es nuevo, le querían dar el de Canarias", ha añadido.