López Viejo y un cargo valenciano, aforados investigados por Garzón

El juez Baltasar Garzón rechazó ayer la personación del PP como acusación en la causa por la supuesta trama de corrupción que afecta a concejales y otros cargos pertenecientes al citado partido al considerar que no se puede ser al mismo tiempo presunto responsable de un delito y su víctima. En su auto, el magistrado confirma, además, que entre los investigados se encuentran parlamentarios o cargos aforados del partido por lo que anuncia que tendrá que inhibirse en favor de otros tribunales para perseguir sus actividades delictivas.

Fuentes de la investigación indicaron que los aforados a los que se refiere Garzón son Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, que fue destituido la pasada semana aunque continúa como parlamentario madrileño, y un alto cargo de la Comunidad Valenciana, cuya identidad se mantiene secreta. No obstante, en los registros efectuados en los últimos días se ha intervenido abundante documentación, ordenadores y memorias portátiles, y a la policía judicial aún no le ha dado tiempo a seguir las pistas a las que apuntan. Por ello, estas fuentes aseguran que el número de aforados podría aumentar en los próximos días.

En su resolución, el juez explica que el PP no puede personarse como acusación porque "existen serios indicios" de que algunos integrantes de ese partido o personas vinculadas a él "podrían tener responsabilidad penal en esta causa".

Garzón se dirigió el pasado jueves a la Fiscalía para que le indique qué pretende que se haga con los casos de los aforados, si debe inhibirse de inmediato al tribunal que corresponda en cada caso o si, como indica la jurisprudencia del Tribunal Supremo, debe esperar a completar la investigación.

El auto anuncia que, en el momento oportuno, el juez cederá la competencia sobre los aforados al tribunal competente. Los miembros del Gobierno central, diputados y senadores responden ante el Supremo, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Los parlamentarios autonómicos y miembros de los ejecutivos regionales lo hacen ante los Tribunales Superiores de Justicia de cada comunidad. Garzón lo tiene claro, puesto que afirma que la inhibición "se producirá una vez que concluya el análisis policial y pericial de los documentos y datos obtenidos en la investigación, al menos parcialmente".

Como el PP fue rechazado como parte -aunque ha anunciado recurso-, la Comunidad de Madrid intentó ayer personarse en la causa, aunque es obvio que el camino será el mismo que el seguido por el PP, puesto que en un futuro puede ser considerada responsable civil de las actuaciones de sus aforados. El juez tomó ayer declaración a una persona detenida desde el miércoles pasado, presuntamente el empleado de Correa que habitaba el piso de seguridad de la trama en Madrid. El juez le dejó libre con comparecencias semanales.