La Ley catalana de la Vivienda mantiene el alquiler forzoso de pisos

Han sido más de dos años de trámite y de enorme polémica sobre el propósito de legalizar el alquiler forzoso de pisos vacíos. El Parlamento de Cataluña aprobó ayer la Ley del Derecho a la Vivienda, una norma que en su artículo 42.6 prevé que la Administración, tras comprobar que un piso permanece desocupado durante más de dos años y advertir a su propietario, puede llegar a expropiar su usufructo y alquilarla a precio social durante cinco años, en los que el propietario recibiría las rentas mensuales. Después recuperaría el uso de la casa.

La votación de la ley llega tras el dictamen del Consejo Consultivo: interpelado por la oposición (CiU y PP), declaró inconstitucional el polémico artículo, sobre el que alertaba que no daba suficientes garantías a los propietarios. Aunque el dictamen no es vinculante, los partidos integrantes del Gobierno catalán (PSC, CiU y ERC) modificaron la redacción e incluyeron las garantías que sugería el Consejo Consultivo, así como inspecciones por parte de la Administración para detectar pisos vacíos.

Hasta el último minuto, la oposición rechazó el artículo 42.6. CiU propuso que en vez de expropiación se hablase de "conciliación". El PP solicitó directamente la supresión del texto. Finalmente, ambos votaron en contra de la ley y los tres diputados del Grupo Mixto se abstuvieron. Con la ley ya aprobada, el PP reiteró que la llevará ante el Tribunal Constitucional.

Pese al rechazo de la oposición, el Gobierno catalán se mostró ayer "orgulloso" de aprobar una ley que "da respuesta al principal problema de los ciudadanos, la vivienda", en palabras del consejero de Medio Ambiente y Vivienda, Francesc Baltasar.

Aplausos

Con la tribuna de invitados abarrotada por representantes de los colectivos que han participado en su redacción (asociaciones de vecinos y profesionales, representantes de ayuntamientos, promotores, constructores, entre otros), la aprobación fue recibida con un cerrado aplauso desde los bancos del tripartito.

Esta ley llega tres meses después de la firma del Pacto Nacional por la Vivienda, un acuerdo entre el Gobierno y 34 entidades y cuyo principal objetivo es la construcción de 160.000 pisos sociales en 10 años. El presupuesto previsto es de más de 8.000 millones de euros.

Tanto la intervención del consejero de Vivienda como las de los tres grupos que forman el Gobierno catalán se centraron en defender la ley recordando que el alquiler forzoso es sólo una de las medidas que la nueva norma prevé para crear un parque de pisos sociales, "de interés general".

Partiendo de la "función social de la propiedad de la vivienda", la ley se apoya en el planeamiento urbanístico como fuente de provisión de pisos sociales e introduce novedades que también han generado gran controversia. Por ejemplo, el hecho de que los promotores privados deberán destinar el 20% de los edificios de más de 5.000 metros cuadrados que levanten en suelo urbano a viviendas públicas. Inicialmente, la ley preveía estas cesiones en inmuebles de más de 2.000 metros, pero los constructores consiguieron reducir las cesiones durante las duras negociaciones para sumarse al Pacto Nacional por la Vivienda. La ley también establece que la calificación de los pisos públicos no será inferior a 30 años y prevé un registro único de solicitantes. Además, el "principio de solidaridad urbana" contempla que en 20 años los municipios catalanes deberán tener un 15% de su parque en pisos sociales.

Más allá de la construcción, la norma prevé otros mecanismos para sumar pisos al parque de precio limitado, como que la Administración pueda ejercer el derecho de compra preferente -el tanteo y retracto- en determinadas áreas. Esta figura es de clara inspiración europea y en países como Francia permite sumar cada año miles de pisos al parque público.

Acoso y pisos patera

La nueva norma catalana aborda fenómenos hasta ahora inexistentes en la legislación, como el acoso o asedio inmobiliario, los pisos patera o los que no tienen cédula de habitabilidad. Para detectar estas situaciones, que el texto considera "usos anómalos de las viviendas", se prevé realizar inspecciones y actuar mediante sanciones.

Entre otras cuestiones, se fija en la calidad de los pisos, tanto nuevos como usados, estableciendo estándares y medidas de rehabilitación; exige unos mínimos a los profesionales que intervienen en la promoción e intermediación inmobiliaria y establece medidas de protección a los consumidores.