Justicia busca ya pruebas para disolver 24 ayuntamientos de ANV

El Ministerio de Justicia busca ya indicios para intentar disolver ayuntamientos gobernados por el partido ilegal ANV, según fuentes del Ejecutivo. El propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, utilizó anteayer la metáfora del bisturí aplicado con cuidado para extirpar "las células cancerígenas" sin afectar a órganos vitales como "el pluralismo". Y así es como ya está actuando. La primera criba será diferenciar entre los 42 ayuntamientos con alcaldes de ANV: el Ejecutivo se centrará en los 24 en los que esta formación declarada ilegal por el Tribunal Supremo tiene mayoría absoluta y, por tanto, gobierna en solitario.

El Gobierno asegura que disolver corporaciones locales gobernadas por mayorías formadas junto a partidos como Aralar o Eusko Alkartasuna, que son perfectamente legales, supondría extralimitarse del mandato del Tribunal Supremo y la doctrina del Constitucional y afectar al pluralismo. En estos casos, la vía que busca es la de que se promuevan mociones de censura con mayorías distintas de las que permiten gobernar a ANV.

El Ejecutivo actuará sólo donde los radicales tienen mayoría absoluta

En los ayuntamientos con mayoría absoluta de ANV -todos pequeños municipios con unos centenares de habitantes, a excepción de Oiartzun (9.800) y Lezo (5.966)-, la Abogacía del Estado y las fuerzas de seguridad revisarán una por una las actas de sus plenos en busca de indicios que permitan sostener la iniciativa de disolución. Buscarán rechazos a condenas de atentados, homenajes a etarras, negativas a retirar símbolos... Es decir, actos de esos ayuntamientos y no los del conjunto del partido que ya han servido para la ilegalización.

Esta actuación se basa en que para la disolución se exige, tal y como figura en el artículo 61.2 de la Ley de Bases Régimen Local, que haya "actuaciones reiteradas y graves de apoyo al terrorismo por parte de los órganos de las corporaciones locales", como explicó anteayer en el Congreso la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado. Ésta dijo, por eso, que la actual legislación no permite una "disolución generalizada". Las citadas fuentes aseguran que si se hallan esos indicios la actuación será inmediata.

La base es, en todo caso, el artículo 61 de esa Ley de Bases, que asegura que el Gobierno puede instar la disolución, aprobada por mayoría en el Senado, cuando el ayuntamiento en cuestión dañe los intereses generales y no dé cumplimiento a las obligaciones constitucionales. La Abogacía del Estado estudia también si es posible reformar la ley para tener más instrumentos legales para propiciar esas disoluciones, pero fuentes del Gobierno mantienen sus reservas de que se pueda ir más allá y, en todo caso, que pueda aplicarse de forma retroactiva una hipotética nueva norma.

En teoría, el proceso para la disolución de los grupos municipales de ANV ya está en marcha desde que el juez Baltasar Garzón decretó la suspensión de actividades de ese partido, en enero de este año. Por lo tanto, está medida estaría en fase de ejecución, aunque los grupos sigan funcionando en la actualidad.

Además, tras la sentencia del Supremo que ilegalizaba a ANV, la Delegación del Gobierno en el País Vasco instruyó en septiembre a las tres subdelegaciones para que prestasen "mayor atención" a los acuerdos que pudieran tomar los ayuntamientos gobernados por esta formación, por si se pudieran producir actos o declaraciones que fuesen constitutivas de delito.

Fuentes de la Abogacía del Estado aseguran que ya tienen en su poder el listado completo de los ayuntamientos de ANV que estarán bajo vigilancia para ver si incumplen el artículo 61 de la Ley de Bases y para controlar el uso que le darán a los fondos para obras que reciban del Gobierno dentro del paquete de 8.000 millones del fondo de inversión local.

El Gobierno y el PSOE están especialmente molestos con la ofensiva parlamentaria desencadenada por el PP sobre el asunto. A la presentación unilateral de una iniciativa parlamentaria se une la actuación de ayer del PP en el Congreso. La ofensiva alcanzó su punto máximo al incluir el asunto de ANV en el debate para la aprobación del fondo de ayuda a los ayuntamientos, en el que se acusó al Gobierno de financiar ayuntamientos del "brazo político del terrorismo".

Luego, en una comparecencia ante la prensa, el diputado Alfonso Alonso remachó que "ningún demócrata" debería permitir que dinero público vaya a los terroristas. El PP arremetió contra el Gobierno porque 42 ayuntamientos gobernados por ANV podrían optar, en función de su población, a 31,73 millones de euros. La mayor parte, 25,37 millones, corresponde a 18 ayuntamientos donde no tiene mayoría absoluta.