Interrogantes ante el nuevo Gobierno

- Cuando la oposición pregunte sobre deportes ¿quién contestará? La decisión de Zapatero de adscribir a la Presidencia del Gobierno la Secretaría de Estado para el Deporte le servirá para ir el 2 de octubre a Dinamarca a defender la candidatura de Madrid para albergar los Juegos Olímpicos en 2016, frente a la de Chicago de su nuevo amigo Obama, emulando el apoyo personal que Tony Blair le dio a la de Londres.

Pero también sirve para plantear nuevos interrogantes de esa nueva estructura. Por ejemplo, hasta ahora las preguntas sobre deporte en el Pleno del Congreso las contestaba la titular de Educación, porque esa era la cartera a la estaban adscritas las competencias sobre deporte. Ahora, si las sigue respondiendo el competente, será el Presidente Zapatero a quien vayan todas esas preguntas. Será el único área de gestión concreta en la que no interviene ningún ministro. El Reglamento del Congreso faculta al Gobierno a decidir qué ministro responde y fuentes de Presidencia se limitaron a contestar que dependerá de la pregunta. Sin embargo, el PP asegura que lo coherente sería que respondiera Zapatero.

La última pregunta sobre deporte en el pleno la respondió Mercedes Cabrera, la formuló el diputado Francisco Antonio González (PP) y decía: "¿Considera el Gobierno suficiente el apoyo que se ha dado a los paralímpicos españoles en los juegos de Pekín?".

González asegura que pretende formular preguntas en el Pleno sobre la actuación del Gobierno respecto a Madrid 2016, recuerda que el deporte supone el 2% del PIB en España y confía en que conteste el presidente. Sin embargo, Mariano Rajoy tiene la misma posición que Zapatero, porque su último programa decía que "el Consejo Superior de Deportes pasará a depender directamente de la Presidencia del Gobierno como órgano adscrito con rango de Secretaría de Estado".

- ¿Hasta dónde llegan las competencias de Chaves sobre financiación autonómica? Manuel Chaves asume en su nueva Vicepresidencia de Política Territorial la mitad de las competencias que tenía hasta ahora el ministerio de Administraciones Públicas. No tendrá las que se refieren a la Función Pública. Suma la negociación de la financiación autonómica, que hasta ahora tenía plenamente Pedro Solbes.

Esa nueva competencia tiene dos salvedades para su aplicación. La primera es que la Secretaría General de Financiación Territorial sigue estando dentro del organigrama de Economía y Hacienda, es decir, depende de Elena Salgado. La segunda es que la nueva vicepresidenta segunda preside el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es donde las comunidades aprueban el modelo de financiación. El artículo 3 de la Ley Orgánica de Financiación asegura que "estará constituido por el ministro de Economía y Hacienda, el ministro de Administraciones Públicas y el consejero de Hacienda de cada comunidad".

- ¿En las reclamaciones territoriales que negocie, Chaves mantendrá la misma posición que en la Junta de Andalucía? En algunos asuntos que le corresponde negociar, Chaves ha fijado ya posición como presidente andaluz y en algunos es controvertida y está enfrentada a otras comunidades. Por ejemplo, está en contra de la caducidad del trasvase Tajo-Segura que se incluye en el proyecto de Estatuto de Castilla-La Mancha y, por tanto, discrepa de José María Barreda. De hecho, el PSOE hizo aprobar en el Parlamento de Andalucía una moción para que el Gobierno central mantenga el trasvase.

También está enfrentado por el agua al presidente extremeño. Guillermo Fernández Vara tiene recurrido el Estatuto andaluz ante el Constitucional por atribuirse la gestión del Guadalquivir, que abarca parte de Badajoz. Castilla y León ha reclamado también la gestión del Duero copiando la posición de Chaves.

A través del Estatuto andaluz, Chaves ha defendido una opción muy similar a la de Cataluña en la descentralización de la Justicia, creando los consejos autonómicos y dando competencias del Supremo a los Tribunales Superiores de Justicia.

Sobre financiación, Chaves ha expuesto una posición concreta. Hace un año suscribió la opinión de Felipe González sobre la necesidad de retrasar por la crisis la negociación, pero ante lo irremediable ha participado con Zapatero en conversaciones con José Montilla. El pasado 12 de enero, aseguró que el nuevo sistema deberá tener en cuenta criterios como la superficie, la dispersión, la insularidad o la población envejecida. También afirmó que el Gobierno central debe destinar a la financiación una cantidad "sensiblemente" mayor a la de 7.000 millones de euros que se barajó.

- ¿Quién se encarga de los funcionarios? La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, es de los pocos miembros del Gobierno que gana competencias. A su ya conocida sobrecarga de trabajo se une la gestión de lo que hasta ahora era la Secretaría de Estado para la Administración Pública. De ella dependerá ahora el sueldo de los funcionarios, la aplicación del recién aprobado Estatuto de la Función Pública y la elaboración de la Oferta Pública de Empleo. Asume la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE).

- ¿Por qué el Gobierno no mantiene la jerarquía del partido con Blanco? Con José Blanco en Fomento será la primera vez que el número dos de un partido forma parte del Gobierno sin ser vicepresidente. Alfonso Guerra y Francisco Álvarez Cascos sí fueron vicepresidentes con Felipe González y José María Aznar, respectivamente, manteniendo en el Gobierno la jerarquía del PSOE.

Será también la primera vez que quien tiene a cargo la Secretaría de Organización del PSOE, de la que dependen las finanzas, dirija el ministerio con más gasto público y que, en algunos momentos, ha sido apuntado como el origen de adjudicaciones que pueden dar lugar a comisiones y financiación ilegales. Lo más parecido fue el caso de Cascos, ministro de Fomento justo al dejar la Secretaría General del PP.