IU pide crear un impuesto para 190.000 ejecutivos

Son quienes más se han beneficiado en los años de crecimiento los que ahora deben "pagar la crisis". Es la tesis que sostiene Gaspar Llamazares, coordinador y diputado de IU, que ayer presentó su propuesta al respecto. Reclama al Gobierno que mantenga el impuesto de Patrimonio (el PSOE anunció su supresión en campaña electoral) y que cree dos nuevos tributos que sólo pagarían quienes tienen "pingües beneficios": los grandes bancos y los ejecutivos con "supersueldos". Unas 190.000 personas, las que -según la Agencia Tributaria- cobran 6.000 euros mensuales o más (diez veces el salario mínimo).

El impuesto sobre los beneficios de ciertas empresas ya lo pidió IU durante la campaña: se trata de que los bancos y entidades financieras que cierren el ejercicio con "beneficios superiores a tres veces el IPC, es decir, aproximadamente del 15%", paguen más impuesto de sociedades que el resto de empresas -se les subiría el tipo del 30% actual al 35%- y que, además, sobre ese tramo de beneficios se les aplique una tasa extra.

Con este tributo para los bancos, el Estado podría recaudar cerca de 5.000 millones de euros, según calculan los responsables de IU; con el impuesto de los supersueldos, otros 400 millones; y el mantenimiento del impuesto de Patrimonio supone 1.500 millones de euros. En total, unos 7.000 millones "vitales" en un momento de crisis.

Fondo de solidaridad

"El Gobierno se ha dormido en los laureles. Esto es una crisis y hay que adoptar medidas urgentes", dijo Llamazares, que defendió así su propuesta de más impuestos: "Lo que es raro es que, en plena crisis, los que se dicen de izquierdas bajen los impuestos". IU calcula que las reformas fiscales (a la baja) de PP y PSOE han supuesto una merma en los ingresos del Estado de 25.000 millones en la última década.

Acompañado por el responsable de Economía de la formación, Javier Alcázar, y el coordinador en Aragón, Adolfo Barrena, Llamazares anunció también cuál será la posición de IU en el debate sobre la reforma de la financiación autonómica: no sólo no apoyará que se limite el fondo de solidaridad interterritorial -como reclama Cataluña- sino que aspira a que "se amplíe el catálogo de servicios públicos" que ese fondo cubre. Para empezar, incluyendo el derecho a la vivienda como "servicio básico" equiparable al de la atención a la dependencia.