Golpe a la corrupción en Estepona

El alcalde de Estepona (Málaga, 60.328 habitantes), Antonio Barrientos, del PSOE, y otras 24 personas, entre concejales, altos cargos municipales y empresarios, sobre todo de la construcción, fueron detenidos ayer en la última operación policial contra la corrupción urbanística. Dos años y tres meses después de que la Costa del Sol se viera sobresaltada por la Operación Malaya, que se centró en Marbella, ayer le llegó el turno a su localidad vecina. En Estepona y su Ayuntamiento el Grupo Independiente Liberal (GIL), del fallecido Jesús Gil, tendió sus tentáculos y sus métodos desde la década de los noventa.

La operación arrancó a primera hora de la mañana. El regidor, de 47 años, fue uno de los primeros detenidos, sobre las 7.30. Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría General de Policía Judicial se presentaron en el chalé de Barrientos, en la urbanización Bahía Azul, en primera línea de playa. Tres horas después, salía escoltado hacia la casa consistorial. Allí, los agentes impidieron la entrada y la salida de los funcionarios e iniciaron un registro que continuaba anoche.

Entre los arrestados ayer está el presidente de la constructora Prasa

En cuanto empezó a correr la noticia de la operación policial, la dirección regional del PSOE en Andalucía decidió hacer pública la fulminante expulsión de Barrientos del partido, medida que de momento no afecta a los otros tres ediles socialistas detenidos.

Los policías, que trabaron las puertas con muebles, establecieron su cuartel general en el despacho del concejal de Hacienda, Francisco Zamorano (PSOE), también detenido, y desde allí se desplegaron por las diferentes áreas municipales. Urbanismo fue, según testigos del registro, el lugar donde más se centraron. Los agentes reclamaron información sobre convenios con la promotora Valle Romano, que durante años ha patrocinado distintas actividades culturales y deportivas en la localidad. Según fuentes de la investigación, tres de los arrestados pertenecen a esta empresa, entre ellos Luis Fernando Linares, su consejero delegado.

Otra compañía que ha despertado el interés de la policía es la constructora cordobesa Prasa. José Romero, su presidente y máximo accionista del Córdoba CF, también ha sido arrestado. Prasa acordó en noviembre la demolición de la estructura de un hotel que había construido invadiendo zona de dominio público marítimo-terrestre y sin licencia en 1996, cuando el GIL gobernaba Estepona. En la parte empresarial también han sido arrestados el responsable de la empresa Bazán Agrojardín, que hizo una gran fortuna en tiempos del gilismo; uno de los socios de la empresa de arquitectura Codelsa, muy vinculada al ayuntamiento, y dos abogados de Bilbao, que fueron arrestados en la capital vizcaína.

Los investigadores reclamaron la lista de todos los convenios urbanísticos firmados por el ayuntamiento desde 2000. Entre los detenidos del ayuntamiento se encuentran la concejala de Cultura, Asunción López (PSOE), el de Hacienda, Francisco Zamorano (PSOE), la de Playas, Marisa Rodríguez (PSOE), y el ex gilista Manuel Reina, que gobernó en coalición con Barrientos hasta las pasadas elecciones.

También hubo arrestos entre el personal técnico y entre los altos cargos municipales. Los agentes detuvieron a José Flores, jefe de gabinete de alcaldía; Javier W., jefe de área de Urbanismo, encargado de las valoraciones de fincas para los convenios; Pedro López, ex coordinador de Urbanismo con los ex gilistas, considerado por el cerebro de la corrupción en Marbella, Juan Antonio Roca, como "uno de los suyos".

Otro detenido destacado es el arquitecto municipal Arturo Cebrián. En el sumario del caso Hidalgo por blanqueo de capitales, los agentes descubrieron que Cebrián formaba parte de las sociedades vendedoras de unos terrenos sobre los que tenía que informar para el ayuntamiento. Cebrián estaba en tratos con Jan Nadir, uno de los imputados en el caso Hidalgo. Barrientos apartó al arquitecto de su puesto en febrero de 2008.

Cinco detenidos pasaron ayer a disposición de la titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona, Isabel Conejo, que lleva la investigación junto al fiscal Anticorrupción de Málaga, Juan Carlos López Caballero. La juez aprecia que los 25 detenidos han cometido supuestamente delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, negociación prohibida a funcionarios, delitos contra la ordenación del territorio, falsedad y blanqueo de capitales. La investigación había comenzado en 2007.

José Romero, Arturo Cebrián y otros tres detenidos identificados como J. P. L. C. A., M. C. H. y A. A. F. G.- son los que pasaron a disposición judicial a primera hora de la tarde. La juez dictó para ellos medidas cautelares por delitos de cohecho y blanqueo de dinero a los que, en el caso de Romero, se añaden otros delitos contra la Administración Pública. En el caso del empresario Romero, decretó prisión eludible con prohibición de salida al extranjero y obligación de presentarse ante el juzgado todos los días 1 y 15 de cada mes y bajo fianza de 500.000 euros. En el caso de Cebrián y de otro de los arrestados, se decretaron las mismas medidas, pero el monto de la fianza se fijó en 30.000 euros. Otras dos personas quedaron en libertad con cargos.

La juez ordenó 38 registros domiciliarios y societarios y prohibió a 55 personas y empresas enajenar bienes. También prohibió vender 64 bienes muebles a 36 personas y bloqueó cuentas de 78 personas físicas y jurídicas en 91 bancos y cajas de ahorro.

Esta información ha sido elaborada por Juana Viúdez, Fernando J. Pérez y Francisco Mercado.