El Gobierno se vuelca en denunciar la 'herencia oculta' recibida del PSOE

En la misma tribuna del Congreso en la que Mariano Rajoy aseguró hace menos de un mes que no basaría su estrategia en la denuncia de la herencia recibida, su Gobierno endureció ayer su estrategia basada en acusar a sus antecesores de "falsear" y ocultar datos. Y en el mismo hemiciclo en el que PP y CiU se han opuesto en los últimos años a cualquier subida de impuestos, ambos partidos votaron ayer, juntos y sin más aliados, la convalidación del decreto que sube el IRPF y el IBI.

Toda la dirección del PP, encabezada por el propio Rajoy, aseguró que el traspaso de poderes había sido modélico y en el debate de investidura el ahora presidente del Gobierno aseguró el 19 de diciembre: "Sabíamos y sabemos lo que nos espera, y sabíamos y sabemos que se nos juzgará por lo que consigamos y no por lo que intentemos o por cómo nos hayamos encontrado las cosas. En el diagnóstico que expondré a continuación no hay ninguna voluntad de mirar atrás ni de pedir a nadie responsabilidades que ya han sido sustanciadas por las urnas hace un mes".

PP y CiU, los más contrarios a subir impuestos, votan elevar el IRPF

Rajoy asiste mudo al debate sobre sus primeras medidas económicas

Pero ayer, su ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, justificó la subida de impuestos no incluida en el programa del PP en que "a los pocos días de llegar al Gobierno" tuvo acceso a una información relevante sobre incumplimiento y desviación. "Si el nuevo Gobierno lo conoció nada más llegar a su trabajo, es evidente que el anterior Gobierno lo conocía sobradamente y no fue capaz de explicarlo a la sociedad española ni desde esta tribuna al Gobierno entrante. Tuvieron que ser los servicios técnicos los que lo advirtieron", aseguró.

El viernes, la vicepresidenta y portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, ya basó su rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en denunciar que el anterior Ejecutivo no les informó del desvío presupuestario en las cuentas de la Seguridad Social que terminó en déficit de sus cuentas.

Con las diferencias obvias entre ambas situaciones, el PP ya utilizó en 1996, cuando José María Aznar llegó a La Moncloa, el argumento de la herencia recibida. Lo hizo asegurando que aquel Ejecutivo tuvo que pedir un crédito para pagar las primeras pensiones porque la caja de la Seguridad Social estaba vacía, y denunciando que Hacienda había dejado de perseguir a 600 "amigos" y les había perdonado una deuda de 200.000 millones, con el siguiente perjuicio a las cuentas públicas. Juan Costa, entonces responsable de Hacienda, encabezó aquella denuncia que hizo que se constituyera una comisión parlamentaria de investigación, con conclusiones que terminaron por dejar en nada el supuesto escándalo por aquella herencia.

El presidente del Gobierno acudió mudo al pleno de ayer y no explicará en la Cámara las medidas hasta el mes de febrero, cuando llegue a las nóminas la subida del IRPF. Ni se paró siquiera para contestar a los medios de comunicación, y su equipo pidió a los servicios del Congreso que se tomen medidas para despejar el pasillo y evitar que el presidente sea asaltado por los periodistas para pedirle opinión. Ni siquiera habrá sesiones de control al Gobierno y hasta dentro de dos semanas no empezarán a comparecer los nuevos ministros en las comisiones.

Montoro, encasillado en el papel y el tono de portavoz de la oposición al Gobierno del PSOE, en lugar de actuar como ministro, se comprometió a eliminar la subida de impuestos en el momento en el que la situación económica lo permita, porque se inicie la recuperación del crecimiento. No respondió a los grupos minoritarios, pero sí mantuvo un enfrentamiento directo con el portavoz ocasional y provisional del PSOE, José Antonio Alonso.

El socialista aseguró que el traspaso de poderes ha sido "modélico", que el Ejecutivo conocía el déficit en las cuentas de las comunidades, y que el posible desvío de dos puntos del PIB del déficit público proviene del exceso de las autonomías, y no de la Administración del Estado. Y, como es sabido, la inmensa mayoría de las comunidades está gobernada por el PP y, por tanto, no puede alegar ignorancia de los datos. Alonso acusó al Gobierno de "consumar un engaño objetivo" y consideró que se trata de "unas medidas injustas que penalizan a las rentas medias, bajas y a las del trabajo y suponen un recorte de gasto social tremento".

Montoro le respondió insistiendo en el supuesto ocultamiento y falseamiento de los datos por parte del Gobierno anterior. El ministro, entre murmullos procedentes de los escaños socialistas, lamentó la falta de colaboración del PSOE, es decir, lo mismo que el anterior Gobierno le imputó reiteradamente al PP durante estos últimos años.

El decreto que incluye esas subidas de impuestos y otras medidas, como la congelación del sueldo de los funcionarios, solo tuvo el apoyo final del PP, del diputado de UPN y de CiU, tras una intensa negociación que se mantuvo hasta el último momento y que tiene más que ver con fondos para Cataluña que con el contenido del primer decreto del Gobierno de Rajoy. El portavoz de CiU, Josep Sánchez Llibre, justificó el apoyo al Gobierno por "rigor presupuestario, coraje y valentía política" y porque permiten "frenar ataques de los mercados a la deuda".