El Gobierno impone nuevas medidas para evitar planes como los de Seseña o Cullera

Los desarrollos urbanísticos que supongan crecimientos superiores al 20% de la población del municipio donde se produzcan deberán tramitarse como una revisión del Plan General, con lo que aumentarán los controles y el tiempo de tramitación. Ésa es una de las nuevas medidas que el Gobierno incorpora a través de las enmiendas que el PSOE presentará al proyecto de Ley del Suelo. En el Ejecutivo se reconoce que no se ha podido ir más allá ante el riesgo de chocar con las competencias exclusivas de las comunidades autónomas. PP, CiU y BNG defienden hoy en el Congreso enmiendas a la totalidad.

El Gobierno tiene altas expectativas en esta nueva ley porque, en su opinión, cambiará radicalmente la filosofía del valor y el uso del suelo. Aunque el texto se ha elaborado con sumo cuidado, los socialistas han enmendado su propia ley, a través del grupo parlamentario, en el intento de hacer muy difíciles desarrollos urbanísticos desaforados, como los que se producirán, por la ley aún vigente, en Seseña (Toledo) o Cullera (Valencia). Cuando se pretenda una determinada actuación urbanística que suponga un incremento superior al 20% de la población o de la superficie del suelo urbanizado del municipio o ámbito territorial, se exigirá el paso del proyecto por el Plan General de Ordenación Urbana.

Además, y para evitar trampas, se sumarán todas las operaciones que se hagan en ese suelo urbanizado durante dos años, de tal manera que se evitará, como ocurre ahora, que las actuaciones se produzcan en tandas pequeñas que evitan su revisión. Aunque cada comunidad autónoma tiene su propia legislación, en muchos casos la operación es autorizada por el ayuntamiento o supone la autorización de puro trámite de un servicio de la comunidad autónoma. Ahora los controles se extremarán sustancialmente al tener que pasar por el filtro del Plan General de Ordenación Urbana.

Ésta es la enmienda más relevante que ha presentado el PSOE creando un nuevo apartado al artículo 15 de la ley que salió de la mano de la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, que hoy defenderá en la tribuna de oradores del Congreso la ley, frente a los tres grupos que han presentado enmiendas a la totalidad: PP, BNG y CiU. El portavoz parlamentario del PSOE en esta ley y en los temas de vivienda, Francisco Contreras, resalta el calado de esta media habida cuenta de que con la ley de 1998, del PP, que el Gobierno quiere cambiar, todo el suelo en España es urbanizable.

Temor a pisar competencias

Algo más hubieran querido hacer la ministra Trujillo y los ponentes de la ley, Francisco Contreras y el portavoz adjunto, Josep Antoni Santamaría. Incluso había borradores en los que se establecía un control del Estado más directo. Finalmente, se ha desistido ante la certidumbre de que chocaría con las competencias exclusivas en vivienda y ordenación del territorio de las comunidades autónomas. Se ha destimado, aunque se barajó, la creación de un Consejo Nacional del Suelo, como órgano superior de carácter consultivo de la Administración General.

Así, sólo se ha optado por una medida muy discreta de intervención estatal, según la cual "la Administración General del Estado participará en los procedimientos de ordenación territorial y urbanística en la forma que determine la legislación en la materia".

Esto quiere decir que la ley prevé la participación del Gobierno en las decisiones sobre ordenación territorial y urbanística que afectan de forma directa a sus competencias en materias tales como vivienda, edificación, suelo, aguas, costas e infraestructuras, cuando así lo prevea la legislación urbanística, como en efecto ocurre en muchas autonomías. No obstante, tanto CiU como BNG basan sus enmiendas de totalidad en una supuesta usurpación del Estado de las competencias autonómicas.

Algunas de las demandas de los notarios han sido muy bien acogidas por cuanto aportan claridad a los procesos.

El PSOE presenta una enmienda según la cual para autorizar escrituras de declaración de obra nueva en construcción, los notarios "exigirán, para su testimonio, la aportación del acto de conformidad, aprobación o autorización administrativa que requiera la obra según la legislación de ordenación territorial y urbanística, así como certificación expedida por técnico competente y acreditativa del ajuste de la descripción de la obra al proyecto que haya sido objeto de dicho acto administrativo".

El Gobierno, con el apoyo de su grupo parlamentario, pretende actuar donde puede, según sus competencias. Y cree que puede en tres campos: En las calificaciones del suelo, en las recalificaciones y en los convenios urbanísticos. Se establece un nuevo régimen de valoraciones sobre la situación real en que se encuentra el suelo, en el momento de la tasación, incluyendo todos los riesgos asumidos e inversiones hechas, pero no las puras expectativas de lo que pueda llegar a valer. Se establece un porcentaje mínimo de reserva del 25% del suelo para vivienda protegida.

IU quiere más garantías para la vivienda de protección oficial y en sus 70 enmiendas pretende extremar los controles, desde las comunidades autónomas, para impedir prácticas especulativas.