El Gobierno alega que la 'ley Aguirre' vulnera la igualdad en Caja Madrid

El Gobierno impugnó ayer ante el Tribunal Constitucional la ley de la Comunidad de Madrid que establece el régimen de elección de los consejeros de Caja Madrid, al entender que "vulnera de forma flagrante el modelo participativo establecido en la legislación estatal" y "subvierte el principio básico de igualdad territorial y de proporcionalidad en la cifra de depósitos".

Aunque el texto no menciona expresamente el caso de Madrid, la impugnación desbarata por completo la estrategia de la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, y da la razón al alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón. Con la nueva ley, el Ayuntamiento de Madrid perdía 46 de sus 70 representantes en la asamblea general de la entidad y dejaba el control de la misma en manos de Aguirre.

El recurso, elaborado por el Abogado General del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, invoca expresamente el artículo 161.2 de la Constitución que suspende la vigencia de la norma recurrida durante al menos cinco meses, lo que quiere decir que las elecciones de mayo de los 320 miembros de la asamblea general de Caja Madrid se regirán por la norma anterior.

El recurso de inconstitucionalidad del Gobierno impugna el artículo 28 de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad, de 29 de diciembre de 2008, dado que afecta la regulación estatal sobre organización y funcionamiento de las cajas de ahorros.

El Abogado del Estado explica que aplicando el sistema de proporcionalidad sobre la cifra de depósitos captados, a las corporaciones de la Comunidad de Madrid les corresponderían 55 de 80 consejeros en Caja Madrid (68,75%) y a las corporaciones del resto de comunidades les corresponderían 25 representantes (31,25%). Por el contrario, al aplicar el procedimiento establecido por la ley Aguirre los municipios de la Comunidad de Madrid pasarían a tener 76 de los 80 consejeros (el 95%) y a los municipios del resto de comunidades les quedarían cuatro consejeros (un 5% del total).

Asimismo, mientras en la Comunidad de Madrid el coste de cada consejero es de casi 485 millones de euros en depósitos, en el resto de Comunidades sería de 4.242 millones de euros, es decir, casi nueve veces más caro. "Se produce una total distorsión del modelo participativo establecido en la legislación básica estatal", dice el recurso. Pero esa sobrerrepresentación de los municipios madrileños tampoco favorece al Ayuntamiento de la capital porque, según el reparto de Aguirre, se priman las localidades, como Majadahonda, con más depósitos y menos sucursales.