El Gobierno admite al juez la escala de vuelos de la CIA a Guantánamo

El Ministerio de Defensa ha confirmado al juez Ismael Moreno la escala en la base de Rota (Cádiz) de uno de los vuelos sospechosos de trasladar a presos detenidos en Afganistán en 2002 y conducidos a la base naval de Guantánamo (Cuba), un limbo jurídico donde se practica la tortura, según señalan a EL PAÍS fuentes oficiales.

El ministerio entrega por primera vez sus registros reservados

La información remitida al magistrado que investiga los vuelos de la CIA y el supuesto uso de bases españolas entre 2002 y 2006 para llevar hasta Guantánamo a centenares de detenidos o conducir a secuestrados a cárceles secretas, admite la escala que el 28 de octubre de 2002 hizo en ese aeropuerto el avión C-17 con indicativo RCH 319Y y su posterior despegue rumbo a la base naval de Guantánamo (Cuba). El aparato permaneció durante varias horas en suelo español. El juez acaba de pedir que se identifique y localice a los oficiales de vuelo, oficiales de aeropuerto y controladores civiles o militares que trabajaron ese día en Rota.

La ONG británica Reprieve, con sede en Londres y cuyos abogados representan a decenas de presos y ex presos en Guantánamo, asegura que en ese vuelo viajaban una veintena de personas ilegalmente detenidas en Pakistán y Afganistán. Las fuentes de Reprieve se basan en los escasos datos aportados sobre estos vuelos por el Pentágono y la administración estadounidense.

Hasta ahora, Defensa no había aportado sus registros oficiales ni al juez que investiga el caso en la Audiencia Nacional ni al Parlamento, donde se han producido en los últimos años varias comparecencias de miembros del Gobierno. La documentación recibida por el magistrado de la Audiencia Nacional está firmada por la denominada Sección Española del Comité Permanente Hispano-Norteamericano, dependiente de la secretaria general de Política de Defensa.

El representante español en el citado comité confirma al juez la escala de otros vuelos de aviones estadounidenses en las bases de Morón de la Frontera (Sevilla) y Torrejón de Ardoz (Madrid), y niega, en cambio, la del avión C-141 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que, según la documentación oficial de las autoridades de control aéreo de Portugal, aterrizó en Morón el 11 de enero de 2002. En el citado avión, que voló con el indicativo RCH7502, viajaban los primeros 23 prisioneros trasladados a Guantánamo, según aseguran los informes de Reprieve.

Sobre este vuelo, la sección española del citado comité Hispano-Norteamericano de Defensa ha respondido al juez que "en realidad se trató de un sobrevuelo de paso por el estrecho de Gibraltar con derecho de paso inocente". Y, para demostrarlo, aporta un oficio del coronel jefe de la base aérea en la que manifiesta que carece de datos sobre ese vuelo. El Gobierno había manifestado una versión similar que contradice la documentación oficial portuguesa donde se refleja que el aparato salió de LEMO (denominación aeronaútica de la base de Morón) con destino a MUGM (Guantánamo).

AENA siempre aseguró que desconocía la existencia de esta escala en Morón de la Frontera, pero ahora explica al juez Moreno que esta "no le consta" no porque no tuviera lugar sino porque sus bases de datos sólo recogen los vuelos operados en el denominado tráfico aéreo general (GAT). Si el vuelo tiene lugar como tráfico aéreo operacional militar (OAT) no queda constancia en los registros de AENA, que sí registraron otros 49 vuelos a Guantánamo de aviones estadounidenses, entre ellos el que asegura la ONG Reprieve que trasladó a una veintena de presos.

Los 23 presos que inauguraron la base de Guantánamo en enero de 2002 partieron desde Kandahar (Afganistán) en un avión C-17 de la Fuerza Aérea y llegaron a la cárcel cubana en un C-141 tras hacer escala "en un país europeo" según informó la agencia estadounidense Associated Press. Todos los indicios apuntaban a España, pero ahora Defensa lo niega al juez.

En 2002, pocos meses después del 11-S y la invasión de Afganistán, el Gobierno de José María Aznar y el de George W. Bush, reformaron el convenio bilateral de defensa que estaba en vigor de 1989. Se agilizaron y flexibilizaron las normas que establecen el uso de aviones de EE UU en las bases de Rota y Morón. Las notificaciones previas se cambiaron por una autorización de carácter trimestral. Este convenio prohíbe de forma taxativa el transporte de pasajeros o carga que pudieran ser controvertidos para España.

¿Observó alguien a la veintena de prisioneros que supuestamente viajaban en el avión C-17 que despegó de Rota el 28 de octubre de 2002 rumbo a Guantánamo? El pasado miércoles, el juez Moreno dictó una providencia en la que solicita que se identifique y localice a los oficiales de vuelo, oficiales de aeropuerto y controladores militares y civiles empleados de AENA de las bases de Morón de la Frontera, Rota y Torrejón de Ardoz que estaban de servicio en las escalas que investiga. Fuentes judiciales aseguran que este trámite es el previo para llamarles a declarar como testigos.

No existe constancia de que el Gobierno de EE UU haya solicitado autorización para el traslado de presos en territorio español. Los aviones norteamericanos no se inspeccionan y se ignora la identidad de los pasajeros.