La Generalitat sienta las bases de su política de gestión de fosas de la Guerra Civil

Antònia Solé tiene 82 años y vive en Gavà (Baix Llobregat). Cada primero de noviembre, día de difuntos, recorría más de 70 kilómetros para visitar la fosa común en Gurb (Osona) donde yacía su padre, un soldado republicano muerto al final de la Guerra Civil. Este año, podrá visitarlo en el cementerio de Gavà. Allí, su padre Joan Solé descansará junto su mujer, la madre de Antònia. La Generalitat de Cataluña asumió el año pasado la recuperación e identificación de los restos de Solé y otros tres soldados de Gavà que yacían en la fosa con nueve cuerpos más, que no han sido identificados. No serán los últimos. La exhumación de Gurb es un proyecto piloto, cuyos resultados han sido presentados hoy, que ha servido para establecer cómo actuará la Generalitat ante las fosas comunes en una Comunidad donde aún yacen millares de personas en 179 enterramientos de este tipo. Si los familiares lo reclaman, el gobierno autonómico asumirá su dignificación o exhumación, según la Ley de Fosas que está tramitando, que da un paso más que la Ley de Memoria Histórica del ejecutivo central, mucho más vaga.

Los familiares de los soldados de Gavà se empeñaron en mantener viva la memoria en Gurb, donde un payés enterró a los combatientes en febrero de 1939, tras una muerte que ocurrió en una batalla, según han determinado los estudios forenses realizados por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Dos soldados supervivientes informaron a los allegados de dónde estaban sus parientes, pero las familias nunca obtuvieron la autorización del obispado de Vic para desenterrar los restos. Se tuvieron que limitar a señalizar la fosa con una lápida. "Aquí en este lugar descansan los ... cadavers" muertos en "la gloriosa entrad de los Nacionales en Vich", reza un papel fechado el 15 de septiembre de 1939 que encontró tras la lápida el equipo de 11 investigadores de la UAB y del Instituto de Medicina Legal de Cataluña que trabajó en la exhumación.

La opción de dignificar, preferida a la de exhumar

Lo bien documentada que estaba esta fosa fue uno de los motivos por los que la Generalitat la escogió para su proyecto piloto. Otro es que los familiares de las víctimas ya reclamaron en 2005 la exhumación, que ha costado 60.000 euros. La existencia de pruebas de los enterramientos y la petición familiar serán los dos requisitos que exigirá la Generalitat para decidir si procede a exhumar los restos. Actualmente hay 15 peticiones sobre la mesa, aunque la directora general de Memoria Democrática, María Jesús Bono, precisó que la mayoría pide la dignificación de la fosa. Ese método, el de la señalización del lugar para dejar constancia que es un enterramiento, será el que priorizará la Generalitat, aclaró.

Las peticiones deberán esperar, sin embargo, a la aprobación de la Ley de Fosas, que la dirección de Memoria Democrática espera que llegue a mediados de este año. Los familiares de Joan Solé, así como los de los otros tres soldados identificados, Gabriel Ivern, Antoni Olivella y Josep Roig podrán enterrarlos próximamente. Tres familias lo harán en Gavà, y la cuarta ha optado porque su pariente descanse en el cementerio de Gurb, junto a los nueve soldados no identificados. Antònia Solé estaba "satisfecha y agradecida".