Garzón protege su causa contra el franquismo del 'ataque' del fiscal

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón transformó ayer en sumario las diligencias previas abiertas el día anterior en las que atribuyó al dictador Francisco Franco y a otros 34 jefes rebeldes un delito de insurrección contra el Gobierno legalmente constituido y un plan sistemático de exterminio de los oponentes políticos durante la Guerra Civil y la posguerra. Se trata de un trámite jurídico obligado, ya que los hechos constituyen graves delitos penados con condenas muy superiores a los nueve años de prisión, pero que, además, le permitirá defenderse del anunciado ataque de la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra su decisión y responder a los argumentos de su recurso.

El fiscal recurrirá porque los hechos están amparados por la amnistía de 1977

La mayoría de los magistrados de la Audiencia no apoyará a Garzón

El fiscal jefe, Javier Zaragoza, anunció nada más conocer el auto con el que el juez admitió al trámite el caso que recurriría en apelación directa -sin dar oportunidad a Garzón para que refutase sus argumentos en la resolución del recurso de reforma- y que pediría que fuera resuelto por el pleno de los magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia.

El recurso, inminente, estará firmado por el propio Javier Zaragoza, amigo de Garzón, pero cuyos puntos de vista sobre este tema son absolutamente discrepantes. Zaragoza ha dado forma a un borrador preparado por el fiscal Carlos Bautista y ha comunicado al fiscal del Estado, Cándido Conde-Pumpido, su intención de recurrir la decisión de Garzón.

El fiscal reclamará la nulidad del procedimiento por falta de competencia. Por un lado, considera que los hechos están amparados por la Ley de Amnistía de 1977 y, por otro, niega que los asesinatos y secuestros cometidos en aquellas fechas constituyeran crímenes contra la humanidad, porque ese delito no estaba tipificado en el Código Penal de la República. Igualmente considera que la Audiencia Nacional no es competente para juzgar el delito de rebelión, que en el Código de 1932 correspondía a la jurisdicción militar.

También critica la piedra angular del auto de Garzón al considerar que los delitos de secuestro con desaparición no son permanentes, porque podría darse el absurdo de que un delincuente condenado por ese delito que se fugara antes de cumplir la pena, transcurrido el tiempo correspondiente tendría prescrita la pena, pero no el delito, porque al no haber dado cuenta del paradero del secuestrado, el tipo penal seguiría vivo. El fiscal considera que se trataría de delitos comunes y que el único precedente es el caso Nani, sobre la desaparición del delincuente Santiago Corella por personas ligadas a la brigada antiatracos de la policía.

El caso ha levantado gran polvareda y algunos de los magistrados de la Audiencia Nacional han criticado en privado la forma en la que Garzón se ha declarado competente en el caso. Estos jueces consideran que la Ley de Amnistía abarca también los posibles delitos cometidos durante la Guerra Civil y que la Audiencia Nacional no es competente para investigar y enjuiciar crímenes contra la Humanidad cometidos en España, sino los jueces del lugar en el que se cometieron los delitos.

Fuentes de la Audiencia Nacional aseguran que la mayoría de los magistrados del pleno no respaldarán la postura de Garzón, y que se pronunciarán por el archivo de las actuaciones por falta de competencia y por ser aplicable la Ley de Amnistía de 1977. Sin embargo, en el mejor de los casos, la resolución no se producirá antes de un mes.

La decisión de ayer, a pesar de ser un trámite obligado, permite a Garzón ganar tiempo -aunque el recurso de apelación de la fiscalía ante la sala se tramite paralelamente al de la reforma contra el auto de ayer- y sobre todo, defenderse y contrarrestar jurídicamente las alegaciones de la fiscalía. Previsiblemente, además, se personarán como acción popular organizaciones de defensa de los derechos humanos que han intervenido en otros procesos, como el caso Scilingo, por los crímenes de la dictadura argentina, que defenderán las tesis de Garzón.

La polémica está servida.