Garzón lanza la mayor investigación sobre los desaparecidos del régimen de Franco

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha recabado información del Gobierno, la Conferencia Episcopal, varios ayuntamientos y hasta de una universidad, la de Granada, para elaborar un censo de fusilados, desaparecidos y enterrados en fosas comunes a partir del 17 de julio de 1936, día del golpe de Estado que dio lugar a la Guerra Civil y, tres años después, a la dictadura de Franco. Garzón quiere conocer el nombre de las personas enterradas en fosas comunes como consecuencia de la represión franquista, las circunstancias y fecha en que se dieron esos enterramientos y si constan en algún registro.

El objetivo de estas diligencias es recabar información suficiente para decidir si es competente para investigar las denuncias que le presentaron 13 asociaciones para la recuperación de la memoria histórica de diferentes comunidades autónomas (entre ellas Cataluña, Valencia, Aragón y la localidad pontevedresa de Ponteareas), el sindicato CNT y varios particulares a lo largo de los dos últimos años, con el fin de esclarecer el paradero de cientos de fusilados y desaparecidos del bando republicano a partir del golpe de Estado franquista, durante la Guerra Civil y la dictadura de Franco.

La Conferencia Episcopal deberá abrir las parroquias a los investigadores

El fiscal pide archivar el caso, en contra de las asociaciones de memoria histórica

La decisión de solicitar toda esta información -la actuación judicial más importante realizada en España sobre los represaliados de Franco, según fuentes de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH)- llega en un momento muy preliminar del proceso. Garzón pide todas esas actuaciones para decidir si admite a trámite el caso. La fiscalía, en contra del criterio de los denunciantes, ha pedido al juez el archivo de la causa.

Lo que el juez quiere saber es número de personas enterradas en fosas comunes desde el 17 de julio de 1936, jornada previa al denominado por los ganadores de la guerra como día del "alzamiento nacional", sus identidades y las circunstancias en que fallecieron. Por ello ordena al Archivo General de la Administración que señale el organismo del Estado que puede informar sobre el número de desaparecidos a partir de esa fecha, su identificación "en la medida de lo posible" y si "han existido denuncias por las desapariciones".

Otro de los organismos estatales requeridos para el recuento de víctimas de la represión es el Centro Documental de la Memoria Histórica, perteneciente al Ministerio de Cultura, que debe informar sobre si se encuentran a su disposición "los ficheros del Tribunal especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo y si existe algún estudio sobre los casos del mismo". A la Dirección General de Registros y del Notariado, dependiente de Justicia, le reclama que informe "si existe algún tipo de documentación relacionada con desaparecidos" y comunique "a todos los Registros Civiles de España" que deberán permitir el acceso a la policía judicial para la identificación de las posibles víctimas desaparecidas desde el golpe de Estado franquista.

Con esa misma finalidad solicita a la Conferencia Episcopal "que comunique a todas y cada una de las parroquias de España" que permitan la entrada de los agentes para su investigación. Otro de los organismos religiosos a los que se dirige el juez es la abadía que gestiona el Valle de los Caídos, donde Franco se hizo enterrar rodeado de muertos republicanos. Los religiosos deberán proporcionar "oportuna información sobre los nombres de las personas que en este lugar estén enterradas, procedencia geográfica de los restos y causas del enterramiento allí hecho".

A los ayuntamientos de Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid y al rector de la Universidad de Granada les pide "el nombre de las personas enterradas en fosas comunes" en los cementerios, las "circunstancias y hechos que concurrieron para estos enterramientos masivos", "la fecha de los mismos" y si las muertes constan en algún registro público.

La Ley de la Memoria, aprobada el 31 de diciembre de 2007, obliga a las Administraciones a elaborar y poner a disposición de las familias de los fusilados y desaparecidos "mapas en los que consten los terrenos en que se localicen los restos" y el Gobierno debe hacer uno de todo el país. El hispanista Paul Preston, admitiendo cierta falta de exhaustividad, calcula que los muertos en la retaguardia franquista y en los primeros años de dictadura fueron 180.000. El historiador Santos Juliá, basándose en estudios realizados en 36 provincias, dio una cifra mínima de 90.000.

Una Comisión Interministerial de Víctimas de la Guerra Civil del Gobierno ya elaboró un informe sobre las víctimas. Pero concluyó que hay "enterramientos por toda la geografía de España, cuyo número y ubicación precisos aún se desconocen". Y reveló la "inexistencia de un censo de personas desaparecidas".