Fractura en el Constitucional por la contradicción del PP en los estatutos de Cataluña y Andalucía

Los magistrados del Tribunal Constitucional, unos propuestos por el PSOE y otros por el PP, libran desde hace meses una intensa batalla legal a cuenta del recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra el Estatuto de Cataluña. Los conservadores se impusieron en la primera gran pugna: lograron que fuese apartado de la resolución del litigio el magistrado progresista Pablo Pérez Tremps, cuya recusación por parte de los populares prosperó pese a que una anterior por idénticos motivos había sido rechazada.

Ayer, el triunfo fue para los progresistas (con el apoyo de dos conservadores). El pleno del alto tribunal se reunió para tramitar un escrito de la Abogacía del Estado en el que plantea la flagrante contradicción en la que incurre el PP al impugnar una treintena de artículos del Estatuto de Cataluña que no ha recurrido en el de Andalucía pese a que son calcados. El Abogado del Estado opina que el PP debería desistir de su recurso contra esos artículos del Estatuto catalán dado que los ha apoyado en el andaluz. Los populares prefieren no contestar a esa contradicción, y acusan a la Abogacía del Estado de tácticas dilatorias. Pero el Constitucional aceptó ayer por mayoría dar traslado a las partes del escrito de la Abogacía.

Cuatro de los 11 magistrados que se reunieron en pleno intentaron sin éxito que no se atendiera el requerimiento de la Abogacía del Estado. Los magistrados que defendían esta posición son del sector conservador, y en su día fueron elegidos a propuesta del PP. Entre ellos figuran Roberto García Calvo y Jorge Rodríguez Zapata, los mismos que hace sólo una semana trataron de que no se aplicara una reforma legal aprobada en el Congreso y que permite la prórroga automática de los mandatos de la presidenta (actualmente, del sector progresista) y del vicepresidente del Constitucional (conservador).

Los magistrados que proponían devolver el escrito de la Abogacía del Estado sin tramitarlo intentaban evitar que el PP se sitúe ante una tesitura incómoda: asumir si con su recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto catalán también está impugnando parte del Estatuto de Andalucía, pese a que lo aprobó en el Congreso de los Diputados. El Defensor del Pueblo, por ejemplo, sostiene que no ha impugnado los estatutos de Baleares y Andalucía, pese a que tienen artículos similares, porque la sentencia del catalán anularía de hecho esos mismos preceptos en otros estatutos de autonomía.

Desde que se aprobó el Estatuto de Cataluña y el PP recurrió, el Constitucional ha tenido que resolver más de ochenta incidencias. Los populares pretenden que el Constitucional resuelva ya el recurso para evitar que el Gobierno catalán siga desarrollando el Estatuto con medidas como la creación de una Agencia Tributaria propia, medida también prevista en el Estatuto de Andalucía que apoya el PP.