Exteriores censura la defensa en la UE del urbanismo valenciano

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha censurado parte de las alegaciones de la Generalitat valenciana al expediente de infracción abierto por la Comisión Europea contra el urbanismo. El Gobierno ha suprimido las referencias a la legislación de otras 13 autonomías que permiten la controvertida figura del agente urbanizador porque el procedimiento no les afecta y "podría afectar a sus intereses legítimos".

Las alegaciones valencianas son la respuesta al último aviso de la Comisión Europea para que la Generalitat, gobernada por el PP, modifique su legislación urbanística. A juicio de Bruselas, la Ley Urbanística Valenciana (LUV) no cumple las directivas de contratación pública, por lo que el pasado octubre advirtió de que demandará a España -que representa a las comunidades autónomas y es su interlocutor en procedimientos de infracción- ante los tribunales si no la cambia. El Ejecutivo comunitario exige mayores garantías de transparencia y control en la adjudicación de los planes urbanísticos.

En sus alegaciones a este ultimátum europeo, la Generalitat ha introducido unos 20 folios con la descripción de las leyes urbanísticas de otras 13 comunidades autónomas que también permiten la gestión del suelo a través del agente urbanizador; una figura que en el caso valenciano ha propiciado la vorágine urbanística de la última década y un aluvión de quejas de afectados ante Bruselas.

La Secretaría de Estado para la Unión Europea del Ministerio de Asuntos Exteriores, que revisa las respuestas de las autonomías ante Bruselas, ha eliminado estas páginas para centrar las alegaciones "exclusivamente en el caso valenciano, evitando la comparación con otras comunidades autónomas, que no son parte interesada en este procedimiento". El ministerio destaca que "mencionar a otras comunidades, sin su previa consulta y conocimiento, podría afectar a sus intereses legítimos y nada aporta en defensa de los intereses de la Comunidad Valenciana". Además, la Secretaría de Estado considera "necesario preservar la aplicación del principio de lealtad institucional" entre el Estado y las autonomías, y asegura que la respuesta a Bruselas "se ajusta al máximo a la argumentación valenciana".

La decisión del ministerio ha desatado las quejas del Consell, que ha anunciado que prescinde de la interlocución del Gobierno y pretende un contacto directo con la Comisión para tratar sobre el urbanismo. El ministerio ya suprimió una referencia similar a otras autonomías en las anteriores alegaciones de la Generalitat, el pasado octubre. El Consell anunció entonces que acudiría al Defensor del Pueblo Europeo y a la Eurocámara. Ninguna de las dos iniciativas se ha llevado a cabo.