Están en manos de jueces conservadores

Quince magistrados, la mayoría de tendencia conservadora y aupados por el PP a través del Consejo General del Poder Judicial, tienen en sus manos una buena parte del juego político de España. Las decisiones que deberán adoptar en las próximas semanas afectarán al futuro del PP o la carrera del juez que ha instruido los casos más importantes de la democracia: ETA, el terrorismo de Estado, la corrupción, las redes de narcotráfico y los delitos de lesa humanidad. Son los miembros de la Sala Segunda, de lo Penal, del Tribunal Supremo y tienen que dirimir el futuro de Baltasar Garzón, el recurso de Anticorrupción contra la exoneración del presidente valenciano Francisco Camps de sus vínculos con la trama Gürtel, o las acusaciones de cohecho contra el tesorero del PP, Luis Bárcenas.

En la etapa de Aznar entraron 8 jueces conservadores y sólo 3 progresistas

La estrategia del PP pasa por liquidar al juez instructor y anular las escuchas

Los trámites del recurso del fiscal contra Camps ya están terminados

Las decisiones sobre Bárcenas pueden afectar al PP en época electoral

Como telón de fondo, las escuchas ordenadas por Garzón a la trama corrupta son, tras el juez, el objetivo a batir. Empresarios de la trama, implicados del PP, asociaciones y colectivos de abogados son los hilos que mueve el responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, según fuentes próximas al PP, en su estrategia destinada a conseguir la anulación de las escuchas.

Cuando el Gobierno de Zapatero llegó al poder en mayo de 2004 enseguida se percató de que el Consejo General del Poder Judicial, de mayoría conservadora, aplicaba el rodillo en los nombramientos estratégicos y copaba las plazas de magistrados de la Sala Segunda del Supremo, la encargada de juzgar a políticos y jueces relevantes. El desequilibrio era más que evidente: durante las dos legislaturas de Aznar, entre 1996 y 2004, habían entrado ocho magistrados conservadores por sólo tres progresistas. "Si no paramos esto, nos acabarán matando a través de una sala estratégica en la Administración de Justicia, donde han conseguido una mayoría apabullante", reflexionaba un ministro de entonces.

La solución no arregló demasiado las cosas. Una reforma legal exigió que los nombramientos del Supremo y de las presidencias de tribunales superiores se aprobaran por mayoría cualificada, lo que exigía el acuerdo de 13 de 21 vocales del Poder Judicial. La situación ha degenerado en el inevitable mercadeo entre los colectivos judiciales más representados en el Consejo, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Jueces para la Democracia (JpD), para evitar el bloqueo permanente de las plazas de altos cargos.

Los ocho magistrados que accedieron en la época de Aznar siguen marcando la diferencia. En la composición actual de la Sala Penal, de una plantilla de 15 magistrados, nueve pertenecen al bloque conservador, y los otros seis, al progresista. El desequilibrio se acentuará si, como apuntan fuentes del Poder Judicial, el próximo en acceder a la Sala es el fiscal Antonio del Moral, un conservador del Opus Dei, cuyo nombramiento promueven sus homólogos a cambio de que el candidato de la vocal Margarita Robles, el portavoz de JpD, Miguel Ángel Jimeno, presida el Tribunal Superior de Cataluña.

Las normas internas de la propia Sala, impulsadas por la mayoría conservadora, contribuyen a mantener la situación. Los magistrados eméritos, que siguen en activo tras cumplir los 70 años, han sido excluidos de las "causas especiales" -las que afectan a políticos y jueces aforados- y de los plenos jurisdiccionales. Tres de ellos son progresistas y el cuarto, conservador. "Nos tienen para sacar papel", alega el progresista José Antonio Martín Pallín, uno de los cuatro que siguen en la Sala.

La estrategia del PP para la red Gürtel pasa por reeditar el caso Naseiro, la trama para obtener financiación ilegal para el PP descubierta por el juez Luis Manglano a principios de los 90. Diseñada por Trillo, funcionó entonces y sigue funcionando ahora. Primero, liquidar al juez que instruyó la causa y, a renglón seguido, anular las escuchas telefónicas y cuanto "traiga causa de ellas".

En las próximas semanas, la Sala Penal proseguirá la instrucción de las tres causas abiertas al juez Garzón en menos de nueve meses. Durante sus 20 años en la Audiencia Nacional, a Garzón le han presentado más de 40 querellas, pero la Sala Penal nunca admitió a trámite ninguna. Las primeras informaciones sobre el caso Gürtel se divulgaron en febrero de 2009. En mayo de ese año se admitió la primera querella, por la investigación de los crímenes del franquismo. En septiembre se reabrió la investigación sobre el patrocinio por el banco Santander de unos cursos en Nueva York que impartió Garzón y el pasado jueves le cayó la tercera, por las escuchas a la red Gürtel.

En el cerco a Garzón no ha influido un sector ideológico concreto. Por un motivo u otro han coincidido magistrados de todas las tendencias. Algunos, como el asociado a JpD Luciano Varela o el ultraconservador Adolfo Prego, "con una especial dedicación a la causa", según fuentes del alto tribunal. Ahora, con Garzón en fase terminal, la Sala debe enfrentarse a las ramificaciones del caso Gürtel, las más susceptibles de levantar suspicacias.

Entre ellas, la Sala debe resolver el recurso del fiscal contra el auto del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana que exoneró al presidente de esa comunidad, Francisco Camps, del delito de cohecho impropio que no apreciaron el presidente del tribunal y "más que amigo" de Camps, según dijo éste, Juan Luis de la Rúa, y el juez Francisco Ceres. Según fuentes fiscales, "en principio todos los trámites del recurso ya están hechos y ahora es un problema de agenda". Anticorrupción no pidió en su momento vista para el recurso y no parece que Camps tenga interés en ello. De la decisión de la Sala puede depender su carrera política y, sobre todo, el curso de las próximas elecciones valencianas.

Las finanzas del PP deben estar siendo analizadas por el magistrado del Supremo Francisco Monterde, instructor de la causa contra Bárcenas y Merino, quienes deben a Garzón su implicación en la trama. Monterde ejerció casi toda su carrera en Valencia hasta que fue llevado al Consejo del Poder Judicial por el PP. Luego, fue promovido a la Sala Penal por los vocales afines a ese partido. Monterde, un magistrado discreto, acaba de decretar la séptima prórroga del secreto de un sumario hasta ahora impenetrable. Sus decisiones sobre Bárcenas pueden suponer un trastorno mayor para el PP en época preelectoral (catalanas en noviembre de 2010; municipales y autonómicas, en mayo de 2011 y generales, en marzo de 2012).

Desde que las conversaciones grabadas a la trama Gürtel revelaron la gravedad de las conductas de dirigentes populares, este partido ha promovido una campaña contra el sistema de interceptación de comunicaciones denominado Sitel. El PP, que contrató esa tecnología cuando gobernaba, no se había preocupado de la misma hasta que se destapó la mayor trama de corrupción que le ha salpicado en toda su historia. En el Supremo había nueve sentencias avalando la legalidad del Sitel. Hasta que el PP culpó al sistema de vulnerar las garantías y reclamó su regulación por una norma con rango de ley orgánica.

A primeros de este mes llegaron los primeros votos disidentes del sistema Sitel por parte de dos magistrados del sector conservador, que aseguraban que el sistema convierte a juzgados y tribunales en una "tierra de nadie" y que no hay seguridad de que los DVD que contienen las grabaciones no puedan sufrir alteraciones por parte de los agentes de policía que los llevan al juzgado. La propuesta de los magistrados disidentes exige comprobar que los agentes policiales no han abierto ni suprimido fragmentos de conversaciones, un sistema de sellado electrónico y hasta la intervención de un tercero que garantice la integridad del documento.

Este embrión de doctrina contiene dinamita para las grabaciones del caso Gürtel que, como todas las obtenidas de teléfonos móviles en los últimos años, proceden de la utilización del sistema Sitel. Por ahora la postura es minoritaria, pero si gana adeptos podría convertirse en criterio oficial de la Sala.

Fuentes del Supremo apuntan a que antes de que se extienda ese criterio, debería estudiarse el criterio en Sala general por todos los magistrados. Una sala que seguirá dominada por los conservadores durante mucho tiempo todavía y que la semana pasada acordó, por 12 votos 8, restringir las diligencias de investigación que practican policías y fiscales, que a partir de ahora tendrán que acudir ante el juez para solicitar la identidad de los titulares de los teléfonos móviles.