Derrapa la reforma penal de tráfico

El 2 de diciembre entró en vigor, tras su aprobación urgente en el Congreso, la reforma del Código Penal para castigar las infracciones más graves relacionadas con la seguridad vial. La filosofía no era "todos a la cárcel"; por eso se estableció que las personas con condenas de menos de dos años y sin antecedentes, la inmensa mayoría, conmutaran la pena de prisión por trabajos en beneficio de la comunidad, una multa y la retirada del carné. La prisión queda reservada para los casos más graves o para los reincidentes.

Las penas de menos de 30 jornadas que no se ejecutan prescriben al año

Prisiones tiene un déficit de casi 3.000 plazas para realizar los trabajos sociales

Juzgado por conducir ebrio el alcalde de la localidad cacereña de Trujillo

Jueces y fiscales critican que se haya hecho una reforma sin prever lo básico

El sistema funciona así: un conductor detenido por alcoholemia, velocidad o circular sin tener carné pasa a disposición judicial; normalmente a las pocas horas del arresto. En la mayoría de los casos todo se ventila con un acuerdo de conformidad en un juicio rápido. El acusado, que en ese momento pasa a tener antecedentes penales, acepta la condena; y el fiscal, a cambio, le rebaja en un tercio su petición de pena.

Lo normal es que ésta consista en una multa que ronda los 1.500 euros, la retirada del carné entre ocho meses y un año, y entre 20 y 30 jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad. En un plazo aproximado de un mes se liquida la deuda y queda confiscado el carné. ¿Y los trabajos sociales? Salvo en Cataluña, donde este tipo de condena se generalizó a partir de 2004, el resto de España soporta un auténtico colapso. "Ya estaba mal antes de la reforma", asegura un juez, "imagínate ahora...". La mayoría de las condenas dictadas desde diciembre está aún sin ejecutar. No existen suficientes plazas para atender la demanda, y las que hay están enfocadas a trabajos que poco tienen que ver con la naturaleza del delito: trabajos administrativos, de limpieza, de mantenimiento...

Desde diciembre, han pasado a disposición judicial casi 8.000 personas por delitos relacionados con la seguridad vial. Aproximadamente el 80% tendrá que cumplir una condena de trabajos sociales.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias intenta ahora firmar convenios con ayuntamientos, comunidades autónomas y entidades públicas y privadas para aumentar la oferta destinada a penas alternativas. Actualmente cuenta con 6.000 plazas que deben distribuir entre penados por delitos leves de violencia de género, tráfico y asuntos menores. A día de hoy, Prisiones tiene sobre la mesa 8.907 sentencias, 2.800 de ellas por causas relacionadas con la seguridad vial, por lo que arrastra un déficit de casi 3.000 plazas. Precisamente ayer, el fiscal pidió para el alcalde de Trujillo (Cáceres), José Antonio Redondo, multa de 3.600 euros, la retirada del carné durante dos años y 60 días de trabajos sociales por desobediencia a la autoridad y conducir ebrio.

Jueces y fiscales de Valencia, Andalucía y Galicia habían dado hace tiempo la voz de alarma sobre el cuello de botella que impide el cumplimiento de las condenas que obligan a trabajos en beneficio de la comunidad. La opinión generalizada en el ámbito judicial es que se ha llevado a cabo una reforma penal sin garantizar antes recursos para su cumplimiento. Las penas alternativas a la cárcel han sido una de las principales apuestas de la Fiscalía de Seguridad Vial, dirigida por Bartolomé Vargas, pero ese empeño ha quedado empañado porque el sistema no puede dar respuesta a toda la demanda.

Fuentes de la Administración de Justicia señalan que en las grandes capitales hace ya tiempo que no existe ni una plaza disponible. Por ejemplo, los juzgados de la capital han enviado a Prisiones unas 800 sentencias de trabajos en beneficio de la comunidad y se han ejecutado sólo 174 (43, relacionadas con la seguridad vial).

Un juez, que prefiere mantenerse en el anonimato, asegura que aunque existe un problema de saturación en los juzgados, hay un "dato cierto: la administración penitenciaria no está siendo capaz de absorber lo poco que le llega. Si no hay más personas cumpliendo las penas alternativas es porque no hay plazas". Existe además un malestar generalizado en la judicatura por el hecho de que "todo se intente solucionar tirando de derecho penal, una opción muy barata", pero que agrava la difícil situación de la justicia.

La entrada en vigor del último punto de la reforma penal, que persigue a quienes no estén autorizados para conducir, empeorará aún más las cosas. En sólo cuatro días de aplicación ya son más de 250 los conductores que han pasado por los juzgados. Se calcula que en España 60.000 personas circulan con el carné retirado o sin haber pasado nunca por la autoescuela. Sólo en 2007, 25.000 personas fueron pilladas sin permiso. El incremento de las causas por delitos de tráfico amenaza desde hace tiempo el ya renqueante funcionamiento de los juzgados. Sólo en los dos primeros meses del año, se dictaron en la Comunidad de Madrid 440 sentencias que obligaban a trabajos sociales, tantas como en todo 2006.

La demora desde que se dicta una sentencia hasta que se cumple la pena también resta eficacia a esta medida penal, sin embargo, más preocupante es la prescripción. Los trabajos en beneficio de la comunidad de menos de 30 jornadas -los más habituales- prescriben al año; y en diciembre, si nada cambia, miles de condenas quedarán sin efecto. En Madrid, conductores condenados hace cinco meses aún no tienen asignado un destino, y en varias comunidades los fiscales y los jueces han dejado de pedir estas penas por falta de plazas. José Antonio Rodríguez, titular del Juzgado Penal 21 de Barcelona, asegura que "las causas por asuntos de tráfico han llegado como un tsunami" y que los juicios rápidos impiden que se puedan detectar problemas graves de adicciones. "Yo lo veo aquí, llegan oliendo a alcohol, les ves y dices: 'Dios mío es un peligro, éste está todos los días borracho'. Y para esas personas no sirven los trabajos, hay que desintoxicarlas".

Rodríguez señala que en Barcelona, en 2007, se incoaron 9.000 expedientes por circular sin carné. "Con que la mitad, ahora, sean causa penal esto se hunde. Entre los jueces hay preocupación, y eso que aquí, en Cataluña, el sistema funciona bien", señala. La Generalitat ha reforzado un 20% las plazas para este año, porque su "línea roja", explica Marc Cerón, subdirector de Medio Abierto, es un 35% de penados en lista de espera.

Al realizarse la reforma de forma urgente, el Gobierno no contempló una partida económica para reforzar los servicios sociales penitenciarios. No hay suficiente presupuesto para poner en marcha un sistema que absorba tal aumento de condenados. Según Cerón, sería necesaria una ley para regular este tipo de penas.