Costas sólo invertirá donde se derriben las casas de la playa

El Ministerio de Medio Ambiente enviará a sus demarcaciones de Costas una Instrucción para el tratamiento del borde costero para unificar criterios y garantizar "la protección, libre acceso, tránsito y uso público, del dominio público marítimo-terrestre, cualquiera que sea la naturaleza de los bienes que lo integren". La norma es aparentemente técnica pero tiene un gran calado, ya que incluye un protocolo de colaboración para los ayuntamientos que quieran recibir inversiones. Sólo podrán acogerse aquéllos que se comprometan a derribar las casas en dominio público y zona de protección.

Medio Ambiente traslada así a los consistorios parte los polémicos derribos masivos en el litoral que propone la Estrategia para la sostenibilidad de la Costa. Éste es el as que tenía en la manga Medio Ambiente cuando decía que pretendía pactar los derribos con los municipios.

El texto encarga a los consistorios la reubicación de las viviendas

El texto, de 30 folios y al que ha tenido acceso EL PAÍS, explica que "Costas plantea destinar una parte de sus presupuestos de inversión, a colaborar con las administraciones municipal y autonómica para esponjar los bordes litorales en los núcleos urbanos y acomodarlos a la Ley de Costas".

El dominio público incluye la playa y aquella zona en la que se alcancen los mayores oleajes conocidos. Las casas construidas allí antes de 1988, cuando se aprobó la Ley de Costas, recibieron una concesión de 30 años en la mayoría de los casos. En teoría en 2018 quedará libre gran parte de la costa. Después viene la servidumbre de paso, para garantizar el acceso público al litoral, y la zona de servidumbre: una franja de 100 metros (si no era urbano en 1988) para cultivos y canchas deportivas. Si el suelo era urbano entonces, la franja es de 20 metros. La instrucción recuerda que la función de Costas es "liberar las servidumbres de tránsito y protección".

El borrador, ya aprobado por el Consejo Asesor de Medio Ambiente, fija a sus demarcaciones unos "requisitos de obligado cumplimiento" antes de invertir. El principal es la "suscripción de un protocolo o convenio entre Costas y los ayuntamientos en el que se acuerde la eliminación de las instalaciones y edificaciones no ajustadas a las determinaciones de la Ley de Costas".

En ese acuerdo -Medio Ambiente incluso ha preparado un modelo-, el ayuntamiento que quiera recibir obras se compromete a colaborar en el derribo de casas y hoteles que no se ajustan a la ley. La instrucción encarga al ayuntamiento "la obtención del suelo en las servidumbres de tránsito y protección, así como, de aquellas que sean precisas para la reubicación de las edificaciones existentes en dichas zonas". Costas busca "la liberación efectiva" de los 100 primeros metros.

"En todos los casos", sigue el texto, "la remodelación de las fachadas urbanas litorales exige realizar simultáneamente el levantamiento de edificaciones e instalaciones del dominio público". La ministra de Medio Ambiente negó que su estrategia sea un plan masivo de demoliciones y la instrucción de costas no menciona ni una vez la palabra demolición o derribo. En su lugar, y en un vano intento por eludir la polémica, habla de liberar, trasladar o esponjar la zona urbanizada.

Para justificarlo explica que "no trata de privar a los particulares de ningún derecho, sino de restablecer la supremacía del interés general y el derecho de todos (también el de los particulares que hasta ahora lo han ejercido en exclusiva en la práctica) al libre acceso de la costa".

Y avisa a sus demarcaciones: "La construcción de paseos marítimos en áreas urbanas no constituye, pues, ni un objetivo ni un fin en sí mismo en la política de Costas". Los paseos marítimos han sido durante años una parte esencial del trabajo de los ingenieros de Costas, pero la dirección general también realiza caminos naturales, espigones, regeneraciones de playas y dunas, espigones artificiales y obras submarinas contra la pérdida de arena.

Además, insiste en que hay que aplicar la ley en la zona de influencia, los 500 metros posteriores. Allí, en teoría no se permiten grandes bloques de hormigón, pero en la práctica nadie ha cumplido. Basta con ver Marina d'Or, aprobada hace unos años, que levanta muros de cemento y hace de barrera, según el plan oficial.