El Consell cree que un juicio a Camps no tendría que derivar en responsabilidad política

La portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, ha asegurado este jueves que si finalmente se dicta un auto para abrir juicio oral al presidente de la Comunitat Valenciana, Francisco Camps, por el caso Gürtel, no sería "significativo", y ha afirmado que no entiende que de ahí tenga que derivar una responsabilidad política.

En declaraciones a Onda Cero, Sánchez de León ha señalado que un auto para abrir juicio oral sería "una parte más del proceso como cualquier otra y no es más significativo que eso". El juez del Tribunal Superior de Justicia valenciano José Flors ha pedido a las partes que presenten sus conclusiones en relación con la imputación de Camps y otros tres excargos populares por supuesto cohecho pasivo impropio por los regalos recibidos por la trama Gürtel. La fiscalía pide para el jefe del Consell una multa de 41.250 euros y la acusación popular de los socialistas tres años de prisión.

La portavoz valenciana ha añadido que en caso de juicio la sentencia sería absolutoria porque, en su opinión, "no hay delito y, por tanto, no puede derivar condena". Además, ha aseverado que "plantear hipótesis es alejarse de la realidad".

Sánchez de León ha declarado que desde el Gobierno valenciano nunca se ha sostenido la postura de que un hipotético éxito electoral de Camps limpiaría cualquier responsabilidad en el terreno penal, sino que esta no existe. "Lo que hay es un grupo de grupo de gente que ha intentado involucrar al señor Camps por motivos políticos en una presunta trama de corrupción en la que él no tiene nada que ver", ha defendido la portavoz, al tiempo que ha considerado que todo ha sido "un montaje" en que se han utilizado las instituciones del Estado.

En ese sentido, ha diferenciado el caso del presidente valenciano del que afecta al vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, y el presidente de Andalucía, José Antonio Griñán, por el el asunto de los ERE irregulares en Andalucía. Según sostiene Sánchez de León, lo primero es "una acusación rocambolesca de unos trajes donde todo el proceso ha sido un continuo intento de ponerle el cascabel al gato", mientras que el caso de los ERE sería "uno de los supuestos de mayor fraude a la Hacienda pública".