El Consejo dice que no aceptará injerencias en la sanción a Tirado
Reivindica su autonomía frente a otros poderes del Estado
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechazará toda injerencia, "cualquiera que sea su procedencia", en las decisiones que adopte en el ejercicio de sus funciones. Así lo indicó ayer Gabriela Bravo, portavoz del CGPJ, tras la sesión plenaria que celebró el órgano de gobierno de los jueces. Bravo manifestó que las declaraciones "políticas, corporativas y asociativas" en relación con el caso del juez de Sevilla Rafael Tirado -sancionado sólo con 1.500 euros de multa tras no haber conseguido en dos años encarcelar al presunto asesino de la niña Mari Luz- sólo contribuyen a "confundir a los ciudadanos", liman "la confianza" de los usuarios en la justicia y no "ayudan a crear el clima de serenidad" que necesitan los vocales para desarrollar su labor.
Sin citar a nadie, la portavoz se refería a las declaraciones que tanto el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, como la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, han realizado respecto a la necesidad de que el Consejo endurezca la sanción a Tirado con ocasión del recurso presentado contra la multa por el fiscal. No obstante, Bravo matizó que, desde su "independencia y autonomía", el Consejo "respeta el derecho a la libertad de expresión de cualquier ciudadano", sea cual sea "el cargo que ocupe".
Y reiteró que, en cuestiones disciplinarias, el CGPJ adoptará las decisiones que entienda oportunas y "conforme al principio de legalidad". Asimismo, Bravo, en nombre del Consejo, señaló que aún no se ha adoptado ninguna decisión sobre Tirado y leyó un comunicado oficial en el que recuerda el "total compromiso [del Consejo] en la defensa de la independencia del Poder Judicial".
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