El Congreso limita de tapadillo la justicia universal

La jurisdicción universal en España tiene los días contados. PSOE y PP han aprovechado un proyecto de ley en trámite en el Congreso para poner coto inmediato y por la puerta de atrás a la actuación de los jueces de la Audiencia Nacional fuera de territorio español. La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial se ha colado por sorpresa en las enmiendas al Proyecto de Ley de Reforma de la Legislación procesal para la implantación de la Oficina Judicial.

Esta norma se refiere al funcionamiento de los juzgados y estaba atascada en la Comisión de Justicia desde finales del año pasado. Las enmiendas conjuntas servirán también para incluir las principales reivindicaciones de los jueces para evitar la huelga del 25 de junio. Por ejemplo, para que los secretarios judiciales no adquieran la capacidad de señalar las vistas y los jueces mantengan esta competencia, tal y como exigían las asociaciones.

La reforma legal afectará a las causas sobre Israel y China

Una de las enmiendas modifica el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los jueces no actúen en procedimientos sin conexión con España, es decir, aquellos en los que no haya españoles afectados como víctimas o como presuntos autores. "Sin perjuicio de lo que pudieran disponer los tratados y convenios internacionales suscritos por España para que puedan conocer los tribunales españoles deberá quedar acreditado que sus presuntos responsables se encuentran en España o que existen víctimas de nacionalidad española o constatarse algún vínculo de conexión relevante con España", asegura el texto pactado.

Esa enmienda es idéntica al texto de la resolución presentada por el PP y aceptada por el PSOE tras el debate sobre el estado de la nación que exigía al Gobierno esta reforma. Si se hubiera optado por un proyecto de ley habría sido preciso que lo estudiara dos veces el Consejo de Ministros y que se sometiera a informes del Poder Judicial y el Consejo de Estado antes de llegar al Parlamento. Con la fórmula utilizada se evita ese trámite y puede estar en vigor antes de final de año.

Todos los grupos, salvo el de ERC, IU e ICV, han firmado esta enmienda. Los partidos catalanes rechazan otra que, según aseguran, resta competencias a las autonomías sobre los depósitos judiciales. La ley en la que se incluirá esta limitación de las competencias de la Audiencia regula, por ejemplo, el sistema de ascensos y las vacaciones de los jueces.

El acuerdo fue cerrado el miércoles entre el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y el portavoz socialista, Julio Villarrubia, con el del PP, Federico Trillo. Este último volvió a manifestarse ayer a través de un comunicado para anunciar que el acuerdo se culminará la próxima semana. Según el PSOE, el pacto recoge las reivindicaciones de los jueces y, por tanto, aleja definitivamente la posibilidad de una huelga.

La nueva normativa afectará directamente a al menos cinco de los 13 casos de justicia universal abiertos actualmente en la Audiencia y que tocan singularmente a dos países -China e Israel- que en los últimos meses han protestado enérgicamente por las causas por genocidio y crímenes de guerra abiertas contra ellos. El Gobierno chino exigió el pasado 7 de mayo a España que tomara medidas "inmediatas y efectivas" para que la "falsa querella" por el genocidio tibetano sea retirada con el fin de "evitar perjuicios en las relaciones bilaterales entre China y España". La ex ministra de Exteriores de Israel, Tzipi Livni, aseguró en enero que su homólogo español, Miguel Ángel Moratinos, le prometió que se cambiaría la ley para frenar al juez después de que Fernando Andreu abriera una investigación contra otro ministro israelí por un bombardeo en Gaza que mató a 14 inocentes, varios de ellos niños, en 2002.

Esto es lo que conseguirá la nueva reforma legal, según fuentes de la Audiencia. En cuanto la norma entre en vigor, los imputados invocarán que España no es competente para procesarlos, lo que conduce irremediablemente al archivo de los casos.

Esas mismas fuentes recuerdan que la norma choca con los tratados internacionales suscritos por España sobre estos delitos, que obligan a perseguirlos. El Tribunal Constitucional aseguró en 2005 que, al menos uno de ellos -el convenio sobre el genocidio- contiene "una obligación de intervención" contra este tipo de crímenes.