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Análisis:Juicio por el mayor atentado en España | 11-M
Análisis
Exposición didáctica de ideas, conjeturas o hipótesis, a partir de unos hechos de actualidad comprobados —no necesariamente del día— que se reflejan en el propio texto. Excluye los juicios de valor y se aproxima más al género de opinión, pero se diferencia de él en que no juzga ni pronostica, sino que sólo formula hipótesis, ofrece explicaciones argumentadas y pone en relación datos dispersos

Confidentes, conspiradores y compañía

El juicio por el 11-M revela la estrategia de algunos acusados y de tres acusaciones particulares

España es el país de la picaresca y el macrojuicio por los atentados del 11-M está demostrando que goza de buena salud. En la docena de sesiones que llevamos de la vista han desfilado por la sala tres confidentes policiales -dos de ellos, José Emilio Suárez Trashorras y Rafá Zouhier, procesados- tratando de salvar su trasero y asegurando que avisaron a sus respectivos controladores, en mayor o menor medida, de la inminencia de un atentado con explosivos de grandes proporciones, que iba a ser perpetrado por el grupo de islamistas que dirigía Serhane el Tunecino, aunque el jefe operativo fuera Jamal Ahmidan, El Chino.

Los policías o guardias civiles -que ya declararon en el sumario, pero todavía no han pasado por el juicio- lo niegan. Aseguran que ni los avisos eran concretos -sino genéricos sobre la peligrosidad del grupo- ni se produjeron cuando los confidentes dicen, sino después de los atentados.

La ira de los extremistas islámicos por la participación de España en la querra de Irak pilló a las fuerzas de seguridad con la guardia baja
El letrado De Pbalo, de la acusación particular, lleva desde el inicio del juicio preguntando sobre vínculos entre islamistas y etarra
Como la autoría de ETA decae día a día, ahora se insinúa una supuesta conspiración de los servicios de seguridad para derribar a Aznar
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Es evidente que si los policías hubieran tenido confidencias concretas hubieran actuado para impedir un atentado de las características del 11-M, pero es que la propia naturaleza de los confidentes conlleva el exagerar la importancia de los datos que proporcionan a sus agentes controladores para obtener de ellos mayores contrapartidas y, además, a pesar de las amenazas de Bin Laden por la participación española en la guerra de Irak, nunca antes se había producido un atentado en España del terrorismo islamista, a excepción del bombazo en el restaurante El Descanso, de Madrid, con 18 víctimas mortales, ocurrido 19 años antes del 11-M y cuya investigación fue archivada en la Audiencia Nacional por falta de autor conocido.

Es cierto que en 2004 se había detenido ya a varios islamistas del GIA y otros grupos fundamentalistas, pero la percepción antiterrorista en aquel momento situaba a España como un refugio para los terroristas -Mohamed Atta, jefe de los comandos que atentaron contra las Torres Gemelas y el Pentágono, tuvo contactos en Madrid y Tarragona poco antes del 11-S- y, como tal refugio, estaba a salvo de atentados. Así pues, la ira de los extremistas islámicos por la participación española en la guerra de Irak pilló a las fuerzas de seguridad con la guardia baja, y todo parece indicar que las señales existentes -aunque difusas- no se tomaron en serio.

Ahora, en el juicio, para los confidentes y los policías de este trágico caso, como todos los que transitan a un lado y otro de la estrecha frontera del delito -y éstos la conocen bien-, la prioridad es salvar su propio pellejo. Y en eso estamos.

Pero el juicio da para mucho, y conviviendo con ello se ha comprobado la paradoja de que tres acusaciones particulares, lejos de ejercer su papel de acusación, mantienen una comunidad de intereses con algunas defensas alineadas con la teoría de la conspiración.

El más conspicuo es el letrado José María de Pablo, a quien el presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, conminó la semana pasada a que acusase de acuerdo con el escrito de conclusiones provisionales que presentó, o a que retirase la acusación. De Pablo lleva desde el inicio del juicio formulando preguntas sobre vínculos entre islamistas y etarras, así como sobre el trabajo de los confidentes y las fuerzas de seguridad.

Fue el primero que preguntó, cuando El Egipcio ya había anunciado que no iba a contestar, por el temporizador Segurtasun Tenporizadorea, que el abogado José Luis Abascal, defensor de los presuntos autores materiales Jamal Zougam y Basel Ghalyoun, había intentado colar en su escrito de defensa como si se hubiera encontrado en el piso de la calle Virgen del Coro donde vivía Ghalyoun.

El temporizador Segurtasun Tenporizadorea es fabricado por ETA, pero lo que se encontró entre hierros y chatarras en el citado piso fue un programador de lavadoras STA MEC 24H fabricado por la empresa Remle, que suministra repuestos de electrodomésticos al casero del inmueble, Mohannad Almallah Dabas, quien precisamente se gana la vida reparando cacharros.

No es la primera vez que ocurre que una acusación actúa en beneficio de la defensa. En el caso UCIFA, sobre el pago con droga a confidentes por la Guardia Civil, fue expulsada del proceso una acusación que, lejos de acusar, ayudaba a las defensas de los oficiales procesados. También durante la instrucción del sumario sobre Banesto hubo un caso similar. La necesidad de los imputados de escapar de la justicia agudizó el ingenio y generó maniobras como las querellas catalanas para paralizar procesos civiles o las acusaciones que, en lugar de acusar, ayudan a la defensa.

Pero en este caso no se entiende bien el interés del defensor Abascal de vincular a su cliente Ghalyoun con ETA, especialmente con datos falsos. Bastantes problemas tiene Ghalyoun, puesto que hay testigos que le vieron en los trenes. Menos aún se entiende que dos asociaciones de víctimas, la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M y la Asociación de Víctimas del Terrorismo, y el representante de un perjudicado, ejerzan de simbiontes con una defensa, salvo que defiendan otros intereses que los meramente jurídicos. Sólo por motivaciones políticas de afinidad a las tesis del PP se entiende su comportamiento.

Como la teoría de la supuesta participación de ETA en los atentados se va cayendo día a día en el juicio como los granos de un reloj de arena, esta acorazada jurídica deriva ahora en insinuar una supuesta conspiración de los servicios de seguridad para derribar al Gobierno de Aznar.

Además, todo ello está aderezado con espectaculares despliegues de sus corifeos mediáticos. Incluso en alguno de los medios que les sustentan se ha llegado a decir que los siete islamistas muertos en Leganés no se suicidaron -causando la muerte del geo Francisco Javier Torronteras-, sino que fueron colocados allí por la policía. Es decir, la policía nombrada por el PP conspirando contra el propio PP cuando ese partido ya había perdido las elecciones. Impresionante. Pero, ¿alguien se puede imaginar a un grupo de policías portando cadáveres de islamistas, muertos donde nadie dice ni cómo, atravesando el cordón policial y la barrera de periodistas y curiosos que había en Leganés el 3 de abril de 2004? ¿Y cómo explicamos la muerte del propio Torronteras? ¿Se dejó matar para ayudar a la simulación o descubrió el pastel y por eso sus compañeros corruptos le mataron? ¿Cómo se explica que El Chino llamase a su mujer y a su madre anunciándoles que no se iba a entregar, que prefería morir y que otros islamistas hiciesen lo propio? ¿Eran conversaciones post mortem?

Alguien se perdió el capítulo de Barrio Sésamo en el que se diferenciaba la fe de la razón y lo absurdo de lo posible. Como decía Groucho Marx: "Surgiendo de la nada hemos alcanzado las más altas cimas de la miseria".

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