Castedo se defiende y la oposición exige explicaciones
La alcaldesa de Alicante argumenta que "se puede demostrar que no hay delito"
La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha declarado esta mañana que en España "se vive un estado absolutamente policial". Castedo ha reaccionado así a las informaciones que recoge la prensa estos días respecto a su relación con el empresario Enrique Ortiz, a quien suministró supuestamente información privilegiada relacionada con el desarrollo urbanístico de Alicante.
Castedo ha indicado que tiene "miedo" de que el candidato socialista a las elecciones generales del próximo año sea Alfredo Pérez Rubalcaba, "un personaje siniestro". La primera edil, que cosechó un gran resultado en las elecciones del 22 de mayo al Consistorio alicantino, ha insistido en que se puede demostrar "que no hay delito" en torno al plan urbanístico de Alicante. La semana pasada, el juez levantó el secreto de sumario de la pieza separada del caso Brugal referida al plan general de ordenación urbana (PGOU) de Alicante.
En el sumario, de unos 6.000 folios, figuran conversaciones tomadas por la policía que muestran la estrecha relación entre Castedo, su antecesor, Luis Díaz Alperi y el empresario Enrique Ortiz. Castedo ha incidido en que no tiene "ningún miedo" en decir lo que dice, aunque "a lo mejor" la "pueden imputar incluso por haber dicho que el señor Rubalcaba es un personaje absolutamente siniestro" porque, en su opinión, "aquí al final te imputan por absolutamente todo".
Sobre el supuesto trato de favor que Ortiz recibió respecto al plan general, Castedo ha dicho: "Si no hay beneficios en el plan general todo lo demás entonces qué significa, ¿hay información privilegiada?: no hay beneficio en el plan general; ¿hay trato de favor?: bueno es que no hay beneficio en el plan general; ¿hay regalos?: es que no hay beneficio en el plan general, a lo mejor los regalos no tienen nada que ver con el plan general".
Por su parte, la diputada electa por Compromís, Mireia Mollà, ha asegurado que es "intolerable" que Sonia Castedo "continúe ejerciendo un minuto más como alcaldesa de Alicante, ya que si tuviera la mínima responsabilidad y vergüenza debería dimitir y pedir perdón a todos los alicantinos por vender los intereses de la ciudad a cambio de suculentos regalos", según ha informado en un comunicado el partido político. Mollà ha realizado estas declaraciones este lunes después de que se levantara el secreto de sumario de la pieza del caso Brugal referida al PGOU de Alicante, por la que el fiscal considera que Castedo "podría haber cometido delitos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada al empresario Enrique Ortiz". "Las informaciones que hemos conocido sobre la confección del PGOU no dejan lugar a dudas, ya que evidencian que Sonia Castedo y su predecesor, Luis Díaz Alperi, se han puesto a los pies de Enrique Ortiz para confeccionar el PGOU a su antojo", ha señalado la diputada de Compromís. Para Mollà, "el caso Brugal con presuntas recalificaciones del Rico Pérez, de zonas protegidas, información privilegiada y regalos certifican un mismo 'modus operandi' del PP a la hora de gestionar la administración, como demuestra también el caso Gürtel".
Asimismo, EU ha anunciado que pedirá la creación de una comisión de investigación en el ayuntamiento de Alicante para esclarecer y depurar las posibles "responsabilidades políticas y municipales" derivadas de los informes policiales sobre el 'caso Brugal' relativos al Plan General de Ordenación Urbana. Así lo ha anunciado hoy el concejal electo de EU Miguel Angel Pavón, quien ha indicado en un comunicado que su grupo formulará esa solicitud una vez constituida la nueva corporación municipal.
El objetivo de la comisión de investigación cuya creación demandará EU sería "esclarecer y depurar las responsabilidades políticas y municipales derivadas del contenido de los informes policiales incorporados al sumario del 'caso Brugal'", ha avanzado Pavón. En concreto, según EU, "en relación tanto a las presuntas actuaciones ilegales de Castedo y Díaz Alperi en favor de los intereses de Enrique Ortiz como a los presuntos contactos de éste con distintos técnicos con responsabilidades en la elaboración y aprobación del planeamiento de la ciudad".
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