Caamaño pide una sentencia "inequívoca" sobre el Estatuto

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, defendió ayer la presunción de constitucionalidad de la que goza el Estatuto catalán tras obtener "el voto mayoritario de los representantes del pueblo español", siempre y cuando el Tribunal Constitucional no diga lo contrario "de manera expresa e inequívoca". "Creo sinceramente que una ley aprobada por los representantes legítimos de los ciudadanos de España [...] debe siempre entenderse que es constitucional, por respeto a esa voluntad de las Cortes, mientras que el tribunal, de manera expresa e inequívoca a través de una sentencia, no diga lo contrario", dijo Caamaño en una entrevista con Efe.

Caamaño tuvo una participación activa en la elaboración del texto definitivo del Estatuto de Cataluña, que modificó algunos aspectos del proyecto inicial que había salido del Parlamento catalán. Como secretario de Estado de Relaciones con las Cortes redactó algunos de los artículos que ahora el Constitucional examina.

Peces-Barba afirma que algunos artículos de la ley sobrepasan la Constitución

El ministro asegura que "el Gobierno no tiene ninguna preocupación específica en torno a esta sentencia". "Hay que dejar que el Constitucional lleve a cabo su tarea y que el día que dicte su sentencia, como no puede ser de otra manera en un Estado de derecho, todos la acatemos y la cumplamos", señala. Y añade: "En un Estado democrático, de alguna manera todos somos intérpretes de la Constitución [...], pero este juego democrático de los intérpretes constitucionales tiene un lugar de cierre, y ese lugar de cierre se llama, en el debate jurídico, no en el político, Tribunal Constitucional".

"Yo creo que políticamente el debate sobre el Estatuto de Cataluña fue en su día decidido por los representantes del pueblo español en las Cortes Generales", prosigue Caamaño. "La ley tuvo el voto mayoritario de los representantes del pueblo español, que es quien la aprueba, porque lo que viene de Cataluña es la aprobación de una proposición. Quien aprueba la norma como tal -después la refrenda el pueblo de Cataluña- son las Cortes Generales. Ese fue el debate político".

En su opinión, lo que se está produciendo ahora "es un debate exclusivamente jurídico". "No debemos mezclar nunca los tiempos de la política con los de la Justicia. Estoy seguro de que los catalanes, como cualquier otro ciudadano español, están de acuerdo en que quien cierra el debate jurídico es el Constitucional; y que, por tanto, lo que él diga en su sentencia tiene que ser cumplido y acatado", concluye el ministro.

Por el contrario, el catedrático, ex presidente del Congreso y ponente de la Constitución, el socialista Gregorio Peces-Barba, sostuvo ayer en la cadena SER que el Estatuto "tiene dimensiones que no son constitucionales". Citó, entre otras, la bilateralidad y el recorte de las funciones del Defensor del Pueblo.

El diputado autonómico de CiU Felip Puig alertó, por su parte, de que un hipotético recorte del Estatuto hundiría las relaciones de CiU con el Gobierno, ya que los socialistas serían considerados "corresponsables". "Si el PSOE no pone toda su fuerza política para salvar el Estatuto, habrá algunas cosas que se romperán de una manera sensible", dijo.