La Iglesia dice a la juez de Gescartera que sus archivos son 'inviolables'

El cardenal Antonio María Rouco presidió ayer la reunión de la Comisión Permanente del episcopado español con dos asuntos polémicos sobre la mesa: el caso Gescartera y el polémico sistema de contratación del profesorado de religión católica en la escuela pública. El portavoz de los obispos, Juan José Asenjo, aseguró que el Arzobispado de Valladolid está en su derecho de negar la entrega de documentación a la juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Gescartera porque los archivos eclesiásticos 'son inviolables'.

La juez Teresa Palacios ha reclamado al Arzobispado de Valladolid su contabilidad del año 2001 para ver cómo queda reflejada la inversión de 150.000 euros que esa diócesis dice que invirtió y perdió el pasado año. El fiscal, Luis López Sanz, ha reclamado además que el Arzobispado aclare el importante desfase entre las inversiones que refleja su contabilidad en los años 1996, 1997 y 1998 y la nota manuscrita en la que el ecónomo de la diócesis, Enrique Peralta, apuntaba las cantidades de dinero que iba entregando a la sociedad de Antonio Camacho.

La petición de esta documentación al Arzobispado fue iniciativa, a principios de año, de los abogados de uno de los principales perjudicados por la estafa de Gescartera. La juez asumió esa petición y el Arzobispado, que dirige desde 1975 José Delicado Baeza, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española entre 1981 y 1987, respondió con un recurso de reforma en el que, de forma velada, amenazaba con acogerse a los Acuerdos entre España y la Santa Sede de 1979 para no facilitar esa documentación.

Ese recurso fue inmediatamente rechazado por la Audiencia Nacional y el Arzobispado dio enseguida marcha atrás con el argumento de que habían sido malinterpretados. Ahora dicen estar absolutamente decididos a entregar a la juez todos los documentos que les reclame y sostienen que sólo recordaron el Concordato para que la juez viera su voluntad de colaborar, ya que nunca han tenido la más mínima intención de acogerse a él. 'Vamos a aportar todo lo que la juez nos ha pedido sin entrar en que tenemos derecho a no hacerlo, pues nuestra voluntad es colaborar con la Justicia', subrayan fuentes cercanas al Arzobispado.

Por ejemplo, en respuesta a la petición del fiscal para que aclaren los desfases que muestran sus cifras de inversiones, van a remitir a la Audiencia Nacional un escrito en el que autorizan a los inspectores de Hacienda que les acaban de investigar para que expliquen a la juez el resultado de sus pesquisas.

Esta muestra de voluntad de colaboración, dejando bien sentado que a la Iglesia española le asistiría el derecho a no hacerlo, fue subrayada ayer mismo por el portavoz de la Conferencia Episcopal Española y obispo auxiliar de Toledo, Juan José Asenjo, después de afirmar una vez más que las relaciones de algunas instituciones eclesiásticas con Gescartera son 'asuntos diocesanos' que no conciernen a la Conferencia Episcopal Española. No obstante, el prelado portavoz recordó que el artículo primero de los Acuerdos sobre Asuntos Jurídicos Iglesia-Estado, de 1979, reconoce y tutela el derecho de la Iglesia española a la custodia en exclusiva de sus archivos 'y que estos archivos son inviolables'. 'Si alguna institución se niega a entregar parte de esos archivos, está en su derecho', concluyó Asenjo.

Las declaraciones del portavoz episcopal se produjeron minutos antes de que comenzara su reunión la Comisión Permanente del Episcopado, la última del mandato del cardenal Rouco, que cumple el próximo 25 de febrero su primer trienio al frente de los obispos españoles y se enfrenta a una casi segura renovación del cargo después de un año de polémicas y tribulaciones eclesiásticas a propósito de la política antiterrorista, los conflictos en algunos obispados con su profesorado de religión y a causa del escándalo de Gescartera.

En la Comisión Permanente de la CEE se sienta lo más granado del episcopado -sus tres cardenales en activo, diez arzobispos y los obispos de San Sebastián y Bilbao, entre otros-, y ayer, además de acordar el orden del día para la asamblea plenaria del 25 de febrero, estudió la necesidad de contratar a un especialista en Derecho Civil que asesore a los prelados sobre la materia. Pero el portavoz se apresuró a negar que la decisión tenga que ver con el caso Gescartera o el conflicto de los profesores de religión. 'No me acuerdo exactamente cuál fue el tema preciso que nos sugirió [esa posible contratación], pero creo que esos temas, sobre todo el segundo, que cuenta con verdaderos especialistas, no nos llevaron a ello. Pensamos que el flanco del Derecho Civil no está suficientemente representado en la Junta Jurídica [de la CEE] donde predominan especialistas en Derecho Canónico', dijo a preguntas de EFE.