De cómo El Bigotes inventó la rueda... de su fortuna

Un piso de la calle del General Martínez Campos de Madrid encierra algunos secretos de un negocio que amenaza al Partido Popular en la Comunidad Valenciana (prueba 1, ver la información bajo esta pieza). El jefe del tinglado se llama Francisco Correa, un hombre que ha acumulado decenas de millones de euros gracias a sus poderosas amistades y a un amplio catálogo de delitos -trato de favor, tráfico de influencias, información privilegiada, cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales, fraude fiscal- con el que supuestamente alimentó el negocio. Su fortuna sigue a buen recaudo en paraísos fiscales a los que la investigación judicial aún no ha podido hincarle el diente.

Francisco Correa creció a la sombra del PP, montando por toda España la escenografía de los actos públicos de José María Aznar (prueba 2). Aprovechó aquel trajín para repartir entre mitin y mitin su tarjeta de visita a un selecto grupo de políticos con cargo, con el mismo afán que quien siembra esperando la cosecha del siglo. Así logró poco a poco establecer contacto íntimo con decenas de dirigentes del PP que sabían que Correa era "amigo del jefe" (José María Aznar) y testigo en la boda de su hija. Se fijó en ellos porque tenían capacidad suficiente de adjudicar contratos con cargo al presupuesto público, un negocio redondo que nunca entraría en crisis.

Correa contactó con cargos populares que veían en él a alguien próximo a Aznar

Orange Market recibía contratos 'a dedo' para hacer los actos del PP

correos electrónicos revelan indicios de financiación ilegal del PP de Valencia

Álvaro Pérez alimentaba políticos a base de regalos

Con el impulso de ese trampolín de inmenso poder político, Correa montó empresas, ninguna de ellas a su nombre, y logró cientos de contratos, la mayoría a dedo, de administraciones públicas gobernadas por los dirigentes a los que conoció en el ajetreo de los mítines de Aznar.

Sus relaciones comerciales eran tan íntimas que llegó a colocar a su mujer como jefa de gabinete de uno de los alcaldes a los que había captado para su causa, Guillermo Ortega (Majadahonda), y que también le adjudicaba contratos (prueba 3).

Con el viento a favor y el PP en expansión, Correa se aficionó a mediar ante sus conocidos con cargo público para favorecer a promotores inmobiliarios y constructores, que le llenaron de agradecimiento los bolsillos.

Una operación de suelo amañada le daba más dinero (negro) que cien actos institucionales juntos. Aunque el montaje de los cien actos institucionales le daba suficiente influencia para mediar en operaciones de suelo. Era la rueda de la fortuna (prueba 4).

En el piso de seguridad que Correa tenía en la calle General Martínez Campos se planificaba el futuro del negocio. Un día de abril de 2004, Correa decidió exportar su tinglado a Valencia aprovechando que uno de sus amigos, Pedro García, iba a ser nombrado director general de la televisión pública. Para abrir el nuevo negocio, Correa eligió a uno de sus fieles colaboradores, Álvaro Pérez, El Bigotes, quien conocía a Francisco Camps de la época en la que éste trabajó en el aparato de la dirección nacional de la calle Génova, en Madrid.

El Bigotes triunfó como empresario desde el mismo día que abrió negocio (Orange Market) en la Comunidad Valenciana. Muy pronto acumuló contratos públicos y se quedó con la exclusiva del montaje de todos los actos del PP valenciano. Los políticos para los que preparaba actos públicos eran los mismos que gobernaban en la administración que le adjudicaba contratos. Otra rueda de la fortuna.

El primer botín, un millón de euros, lo consiguió Pérez al ganar un concurso para montar el pabellón valenciano en la feria Fitur de Madrid de 2005. En los años sucesivos -2006, 2007, 2008 y 2009- el Gobierno de Camps le renovó la confianza del contrato millonario de Fitur en concursos sospechosos (prueba 5).

Insatisfecho con aquel negocio seguro, El Bigotes fue arañando contratos menores de casi todas las consejerías del Gobierno valenciano, que le adjudicaban los trabajos a dedo y, en muchos casos, troceando el proyecto en varias partes para no superar los 12.000 euros de importe en cada una de ellas (prueba 6). Era el límite que la ley fijaba para las adjudicaciones sin concurso.

Sin ninguna experiencia en la Comunidad Valenciana, El Bigotes se hizo, pocos meses después de abrir su empresa, con la elaboración de una Guía de la Comunicación (12.000 euros), la organización del segundo congreso de Software libre (cuatro contratos de 12.000 euros), el tercer Open de Tenis (11.900), una exposición de parques naturales (11.900). En plena fiesta del despilfarro, llegó a facturar ese año 150.000 euros a la Generalitat por un almuerzo multitudinario en Madrid.

Pérez cultivó la amistad de los políticos que le adjudicaban los contratos a base de trajes a medida. En uno de sus viajes a Madrid, convenció a su sastre particular, José Tomas, director de ventas en la tienda de Milano de la calle de Serrano, a sólo unos metros de la sede central de las empresas de Correa, para que viajase a Valencia a tomar medidas a varios políticos, todos ellos clientes-amigos, para confeccionarles trajes, pantalones y chaquetas.

El sastre aceptó el trato, y viajó a Valencia. Visitó la sede del PP y varios despachos de la Generalitat para tomar medidas a Ricardo Costa (entonces vicesecretario general del PP), Victor Campos (vicepresidente del Gobierno valenciano), Pedro García (director general de la radiotelevisión valenciana) y Rafael Betoret (jefe de gabinete en la Consejería de Turismo). José Tomás se llevó a Madrid un buen negocio, le habían pedido nueve trajes, seis pantalones y cinco americanas (prueba 7).

Los regalos a cargos públicos que adjudicaban contratos eran una práctica habitual de casa Correa. Mientras El Bigotes tiraba de chequera para vestir a los dirigentes valencianos, sus compañeros en Madrid regalaban coches, televisiones de plasma, viajes, relojes y trajes a alcaldes y diputados madrileños (prueba 8).

Francisco Camps también se enamoró de los trajes de El Bigotes y en abril de 2006 le pidió el teléfono móvil del sastre, al que llamó durante uno de sus viajes a Madrid para visitar la tienda.

Para entonces, Orange Market seguía acumulando adjudicaciones a dedo de la Comunidad Valenciana que presidía Camps (un acto de estrategias de comunicación, el cuarto Open de Tenis, unas jornadas de Educación, el Congreso Familia y Escuela, los Premios Salud y Sociedad, el Plan de Violencia doméstica...).

El presidente de la Generalitat se aficionó a los trajes del sastre José Tomás y encargó cuatro a medida en el primer semestre de 2006 junto a tres americanas. En noviembre de ese mismo año volvió a pedir otros cuatro trajes; en la primavera de 2007, dos americanas y algún pantalón; y en el verano de 2008, otros dos trajes (prueba 9).

Todos esos pedidos fueron supuestamente abonados por la trama corrupta mediante transferencias bancarias o cheques con fondos de Orange Market y otras dos empresas de la red empresarial de Francisco Correa (prueba 10).

Betoret, Campos, Costa y García, los otros amigos del PP a los que cortejaba El Bigotes, también recibieron durante ese tiempo más trajes de Milano y Forever Young, la tienda a la que se trasladó el sastre José Tomás.

Las excusas que todos estos dirigentes dieron al juez José Flors sobre cómo se pagaban toda esa ropa fue variopinta. Unos, como Camps, aseguraron que abonaron en la propia tienda el importe de los trajes (varios miles de euros) en metálico (que sacaba de la caja de la farmacia de su mujer), aunque ningún empleado lo vio ni quedó constancia escrita del supuesto pago. "Nunca me preguntó cuánto debía y nunca me pagó", recuerda el sastre.

Otros, como Ricardo Costa, aseguraron que se lo abonaron a Álvaro Pérez en Valencia. Y algunos, como Rafael Betoret, llegaron a esgrimir una libreta de ahorro de un banco para intentar demostrar que abonaba la ropa a El Bigotes -al que a la vez se adjudicaban contratos millonarios en el departamento donde trabajaba- en cómodos plazos de 500 en 500 euros (prueba 11). El prestamista era a la vez contratista.

Para entonces, Orange Market ya llevaba una doble contabilidad de sus negocios en Valencia, a imagen y semejanza de lo que hacía la trama empresarial de Correa en Madrid.

Parte de sus trabajos los cobraba mediante facturas con IVA; otra parte en dinero negro que engrosaba una caja B (prueba 12). Con esa caja B se pagaban los regalos a dirigentes políticos que tenían en sus manos la posibilidad de adjudicar contratos de la administración pública.

Francisco Correa controlaba el negocio de Orange Market en la distancia, a través de su contable en Madrid, José Luis Izquierdo, quien a su vez anotaba en la caja B de toda la red empresarial los ingresos de dinero negro de la firma que dirigía El Bigotes (prueba 13).

Aunque los principales clientes de Orange Market eran dos, el PP y la Generalitat Valenciana gobernada por el PP, en sus declaraciones a Hacienda comenzaron a aparecer en 2006 otros clientes, entre ellos, constructoras y empresas de servicios de la Comunidad Valenciana.

Cuando la policía echó el lazo a la trama corrupta, en febrero de 2009, y analizó la documentación incautada en sus sedes o en poder de los contables José Luis Izquierdo y Cándido Herrero, descubrió que esas constructoras y contratistas valencianas habían pagado cantidades que supuestamente correspondían al coste de actos electorales del PP que hacía Orange Market.

El nombre de alguna de esas firmas, que según la policía financiaron de manera ilegal al PP, apareció de manera comprometedora en correos electrónicos enviados desde la empresa de El Bigotes al despacho de abogados que le tramitaba las declaraciones fiscales (prueba 14). En esos mensajes, los trabajadores de Orange Market pedían a sus asesores fiscales cambiar facturas a nombre del PP por otras a nombre de las constructoras que supuestamente financiarían actos electorales.

Cuando Orange Market empezó a sufrir dificultades financieras, en otoño de 2008, El Bigotes llamó a todos sus amigos para arreglarlo. Toda la cúpula del PP (el secretario general, Ricardo Costa; el vicesecretario, David Serra, y la tesorera, Yolanda García) se pusieron manos a la obra para pagar las deudas que supuestamente mantenían con Álvaro Pérez (prueba 15).

En esos meses de tensas reuniones, El Bigotes no se olvidó de seguir alimentando a sus amistades con regalos especialmente caros (prueba 16). Hasta que la policía, tras una investigación de 14 meses, iniciada tras la denuncia de un ex concejal del PP que fue muy amigo de Correa, desarticuló el tinglado y pinchó la rueda de la fortuna.