Bellver afirma que desconocía que el Jardín de Monforte estaba protegido

El diputado autonómico del PP y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, Jorge Bellver, ha afirmado esta mañana ante el tribunal que desconocía que el Jardín de Monforte estaba protegido cuando aprobó la adjudicación de un aparcamiento junto al parque. Además, ha responsabilizado a los técnicos de dar el visto bueno al expediente y entregárselo para la firma. El expediente se cerró sin pedir un informe de Patrimonio, como es preceptivo por tratarse de un bien protegido. El jardín es Bien de Interés Cultural (BIC) desde hace 70 años.

Bellver, que se sienta desde hoy en el banquillo por supuesta prevaricación urbanística, ha llegado a la sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) media hora antes de que comenzara el juicio contra él. A las puertas del tribunal, ha declarado que está "perfectamente, esperanzado y confiado en la Justicia".

Bellver ha llegado acompañado por la alcaldesa, Rita Barberá, y varios concejales. La regidora, que en día ya se acercó al tribunal para arropar al expresidente del Consell Francisco Camps cuando este declaró por el caso de los trajes, ha recalcado que acude a la vista "como cabeza del Ayuntamiento" y para apoyar a su concejal y a los cuatro funcionarios imputados.

El TSJCV inicia esta mañana el juicio contra Bellver por un supuesto delito de prevaricación al autorizar la construcción de un aparcamiento junto al Jardín de Monforte sin pedir un informe preceptivo de Patrimonio. En el juicio, que se prolongará durante varios días, la fiscalía pide para Bellver ocho años y medio de inhabilitación para cargo público. El proceso estaba listo para la apertura del juicio oral el pasado febrero, pero la inclusión del concejal en la lista del PP para las Cortes en las últimas elecciones autonómicas, a petición de Barberá, desembocó en el traslado de la causa al TSJCV, donde se juzga a los aforados.

El caso por el que se juzga a Bellver se remonta a 2004, cuando el concejal firmó el expediente para dar licencia de construcción de un aparcamiento junto al Jardín de Monforte, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), sin que constara un informe del departamento de Patrimonio de la Generalitat sobre las posibles afecciones al parque protegido. La obra se adjudicó a una empresa de Enrique Ortiz, implicado en los casos Gürtel y Brugal.

La fiscalía también pide ocho años y medio de inhabilitación para cargo público para los otros cuatro imputados: Pedro García Rabasa, secretario del Ayuntamiento de Valencia; Juan Casañ, jefe de servicio de Circulación y Transporte; María José Gasull, arquitecto técnico y Juan Antonio Altés, jefe de servicio de Planeamiento.