Asuntos por los que votamos

¿Tiene el Gobierno de la nación alguna responsabilidad en el mantenimiento de la escuela pública como factor de vertebración social y cultural del país? Una cosa es que las comunidades autónomas tengan un amplio margen en el desarrollo curricular de las enseñanzas y otra que puedan cambiar el carácter de la escuela pública convirtiéndola en subsidiaria de la privada concertada, como está ocurriendo en la de Madrid, y como empieza a calar incluso en ayuntamientos socialistas.

Una cosa es que la escuela pública no sea una escuela "nacional", en el sentido de ignorar las diferencias territoriales o lingüísticas o de imponer criterios políticos, y otra que pueda convertirse en escuelas "nacionalistas", excluyentes de todo lo que ayude a consolidar un Estado común al servicio de los ciudadanos. ¿Puede hacer algo el Gobierno para impedir esos peligros? Mejor aún, ¿quiere hacer algo al respecto? ¿Ha renunciado ya al concepto de escuela pública y se limita a garantizar una enseñanza gratuita? Conste que no es lo mismo, en absoluto, y que con excepción de Bélgica y Holanda, todos los países de nuestro entorno, Estados Unidos incluido, dan prioridad al cuidado de su red de escuelas públicas, sin renunciar nunca a vertebrar el país a partir de ese concepto.

En España, los expertos advierten de que uno de los mayores peligros que afronta la escuela pública es su marginalización, su conversión en el lugar donde se escolariza a los alumnos con especiales necesidades educativas: inmigrantes, gitanos, y en definitiva los más pobres e ineducados de la escala social. Un reciente y gran estudio del Colectivo Lorenzo Luzuriaga advierte de que ese fuerte proceso de deterioro está poniendo claramente en entredicho el futuro de la red.

¿Es esto asunto del Gobierno de la nación o no? El artículo 87 de la LOE dice que serán las "administraciones educativas" las que garantizarán la equilibrada escolarización del alumnado con necesidades de apoyo educativo. Es, se dice, una competencia transferida. La Generalitat de Cataluña está negociando en estos momentos una ley para asegurar ese equilibrio, pero en la Comunidad de Madrid se está llevando a cabo desde hace años una política completamente contraria, que convierte a la escuela pública en subsidiaria de la privada concertada. En Madrid, según van llegando alumnos inmigrantes a la escuela pública, se impulsa la creación de escuelas concertadas a donde se van trasladando los alumnos españoles, o con familias que tienen mayores recursos y mayor nivel educativo.

Eso pasa por votar en Madrid al PP, alegan en los partidos de izquierda. Pero los ciudadanos han votado al PSOE para el Gobierno de la nación y si algo tan básico como la existencia de la escuela pública no es asunto suyo, los ciudadanos podemos terminar preguntándonos para qué otros importantes asuntos queremos votar en las elecciones generales.

El Colectivo Lorenzo Luzuriaga propone que el Gobierno rompa su silencio y recurra a las medidas legislativas necesarias para, entre otras cosas:

1) Preservar el carácter público de la red de centros transferidos a las comunidades autónomas.

2) Prohibir que, por vía directa o indirecta, se privaticen los centros públicos.

3) Exigir que el dinero destinado a creación de nuevos centros docentes y el suelo público destinado al mismo fin se utilicen exclusivamente para la creación de centros docentes públicos. (CC OO ha denunciado que muchos ayuntamientos madrileños han cedido o van a ceder 40 solares a particulares para construir centros docentes privados y que no es algo que esté ocurriendo solamente en municipios regidos por el PP. El resultado es que en los cursos 2005-2006 y 2006-2007 el crecimiento comparativo del alumnado en Madrid ha sido de 5.957 alumnos en la escuela pública y de 15.694 en la privada concertada).

El colectivo recuerda también que para defender a la escuela pública hay que mejorar la enseñanza y los servicios que presta: horarios escolares que tengan en cuenta la vida familiar, oferta de comedor, transporte escolar en ciudades y no sólo en el medio rural, actividades complementarias y mejora de instalaciones. (El estudio llega a la desagradable conclusión de que en España los mejores edificios escolares públicos son, todavía, los construidos antes del franquismo).

Dos comentarios más. La realidad demuestra en España que la red de escuelas concertadas es fundamentalmente una red de centros con ideario católico. Es decir, el Estado está abandonando la escuela pública en favor de la escuela confesional. Y segundo: el INE acaba de publicar una encuesta según la cual el 81% de los inmigrantes que trabajan legalmente en España y que tiene hijos prevé acogerse al reagrupamiento familiar. Quiere decirse que la escuela pública puede hacer frente en pocos años a la llegada de más de 500.000 menores extranjeros. ¿A qué espera el Gobierno para preparar a la sociedad y para obligar a reequilibrar las matriculaciones? Luego algunos dirán que el problema es la inmigración ilegal. El problema, como siempre, es la falta de seriedad a la hora de afrontar los derechos ciudadanos. solg@elpais.es.