Aguirre se lanza y desaira a Camps y Rajoy

Sucedió de nuevo. En pleno debate interno por la lentitud de Mariano Rajoy a la hora de tomar decisiones, y sobre todo por el empeño de Francisco Camps en no hacer absolutamente nada ante las revelaciones del escándalo del caso Gürtel, Esperanza Aguirre volvió a dejarlos en evidencia, trasladando así toda la presión al presidente valenciano.

Apenas unas horas después de recibir el sumario del caso Gürtel, en el que la Comunidad de Madrid se ha personado, Aguirre optó ayer por levantar un cortafuegos para evitar que las implicaciones políticas de la trama afecten aún más a su imagen. Y por ello expulsó del Grupo Popular en la Asamblea a los tres diputados autonómicos imputados. A los dos ex alcaldes que seguían como concejales también los echó de sus grupos municipales. Ella incluso está dispuesta a forzar el reglamento de la Asamblea para evitar que se los diputados vayan al Grupo Mixto y cobren un plus. En cualquier caso, la mayoría absoluta de Aguirre no corre ningún riesgo, puesto que contará ahora con 64 de los 120 diputados.

Crece la presión sobre el jefe del PP, criticado por su gestión de la crisis

Los afectados son el ex consejero Alberto López Viejo, muy cercano a Aguirre; el ex portavoz Benjamín Martín Vasco el diputado Alfonso Bosch, el ex alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, y el de Boadilla, Arturo González Panero. Ninguno renunció a su acta.

Sepúlveda, un histórico del PP que organizaba todos los actos de José María Aznar, ha sido reintegrado por Rajoy a su puesto como funcionario del partido en Génova, con sueldo de asesor. La dirección del PP señala que es un trabajador y su despido sería improcedente.

La decisión drástica, que la oposición venía reclamando hace meses, se produjo en medio de una gran tensión y un forcejeo interno, ya que Aguirre y su entorno intentaron sin éxito que entregaran el acta. "¿Quién les va a contratar? ¿De qué van a vivir?", se preguntaban fuentes populares. Los diputados temían, además, que el caso volviera al juez Baltasar Garzón si renunciaban al aforamiento. Una vez asumido que no cederían, la reunión en la que se decidió su expulsión fue tranquila porque estaba todo claro.

Oficialmente, la decisión se justifica por el levantamiento parcial del secreto del sumario. Pero en éste no hay apenas datos nuevos sobre la rama madrileña de la trama. Las pruebas que imputan a los diputados y concejales ya estaban el auto del juez Baltasar Garzón de marzo. Lo que realmente pesó en una decisión madurada el miércoles, en una reunión de Aguirre con sus fieles, entre ellos Ignacio González y Francisco Granados, fue el regreso ayer del caso Gürtel a las primeras planas de los periódicos y el hecho de que Aguirre debía someterse a la sesión de control. Era su imagen la que estaba en juego, y la que le hizo decidirse.

Pesaba mucho, según los aguirristas, el hecho de mantener la línea de actuación rápida y contundente. Porque la presidenta madrileña no dudó en destituir como consejero a López Viejo en cuanto comenzó a salir a la luz el caso, mucho antes de que estuviera imputado. A él le siguieron el resto de cargos.

A nadie se le escapaba ayer en el entorno de Aguirre que la decisión deja en muy mal lugar a Camps y a Rajoy, que tiene un senador, el ex tesorero Luis Bárcenas, y un diputado, Jesús Merino, imputados. La dirección nacional se puede acoger al hecho de que para ellos no ha sido levantado aún el secreto del sumario, pero la presión crece hacia Rajoy en un momento de dificultad, cuando recibe críticas de todos lados por su gestión de la crisis de Gürtel. La noticia sentó muy mal en el entorno de Rajoy.

La imagen de un líder que está en manos de Camps, al que Rajoy no consigue convencer de que tome medidas, está haciendo mucho daño, según admiten varios dirigentes. Y esta decisión unilateral de Aguirre, que no consultó, viene a agravar la situación interna. "Se ha precipitado; estamos defendiendo la presunción de inocencia y ella hace esto, es muy insolidario", sentenciaba un dirigente. El portavoz del PP, Esteban González Pons, intentó hacer equilibrios en una comparecencia en Génova. Dijo que la dirección "apoya" la decisión de Aguirre, pero trató de salvar a Camps: "en Valencia no hay ningún político imputado".