A SOS no se le pasa el arroz

En abril de 2009 estallaba la crisis en el grupo SOS Corporación Alimentaria con la destitución, como responsables de la empresa, de los hermanos Jesús y Jaime Salazar, por el presunto desvío de unos 240 millones de euros de la sociedad a empresas de su propiedad, cuestión sobre la que deberán decidir los tribunales. A este agujero negro en las cuentas de la empresa se sumaba su elevado endeudamiento a causa, sobre todo, de las compras que realizó entre 2004 y 2008 de las aceiteras italianas Minerva, Carapelli y

Bertolli, por más de 830 millones de euros (solicitó para la transacción un préstamo de 998 millones).

En este escenario, el Consejo de Administración del grupo, en el que las cajas ostentan en conjunto el 40% del accionariado, nombró semanas más tarde a José Manuel Muriel consejero delegado y a Mariano Pérez Claver, un hombre de Caja Madrid, nuevo presidente, con un único objetivo: limpiar, dar estabilidad a la empresa y asegurar su viabilidad.

Los accionistas y los bancos no han considerado las dos ofertas de compra

Ha pasado un año. Los datos manejados por el grupo señalan un incremento de las ventas en volumen, en facturación y en cuotas de mercado. Sus responsables aseguran que las ventas en el exterior, donde tiene el 80% de su negocio, están al alza. El resultado bruto de explotación en 2009 fue de 107 millones de euros. Pero los intereses se lo comen casi todo.

El presidente Mariano Pérez Claver considera que lo peor ya ha pasado, mientras diferentes grupos lanzan ofertas para entrar en el accionariado y controlar la compañía. El grupo Ruiz Mateos fue el primero en airear su interés por entrar en SOS, oferta a la que ha seguido la propuesta de Cambium, que dice representar al fondo norteamericano Lindsay Golberg.

En medios de la empresa se ve normal que haya interés por el grupo dada su importancia, por su actual valor en Bolsa y, sobre todo, por el comportamiento positivo de la misma en el último año, a pesar de su situación interna. Pero esas comunicaciones sobre el interés de algunos inversores para entrar en el grupo no han sido tomadas en consideración tanto por la banca acreedora como por los accionistas mayoritarios. Se estima que no van a ser las únicas y que habrá más en los próximos meses.

La entrada de un socio financiero se ve en el grupo como algo necesario sobre lo que deberán decidir los accionistas mayoritarios, pero se considera que esa entrada "no se debería producir antes de que se llegue a un acuerdo para la refinanciación de la deuda y, además, no debe extenderse a cualquier inversor".

En esta línea parece que se apostaría por un socio financiero pero con interés en desarrollar el negocio alimentario y, si fuera posible, nacional. Para el presidente, las posibilidades de crecer son muy importantes, sobre todo en el exterior, y, en concreto, en el mercado norteamericano donde, vía precios muy rentables, se están logrando crecimientos de dos dígitos. En este contexto, no se descarta el interés por el grupo de fuertes inversores de ese país, lo que supondría destejer el camino iniciado por los Salazar para que una firma española liderara el mercado mundial del aceite.

En la nueva etapa iniciada en abril de 2009, además de los 240 millones de euros supuestamente desviados por los anteriores gestores, cuestión sobre la que deberán decidir los tribunales, se debieron provisionar otros 185 millones hasta los 425, para ajustar el balance porque la valoración de los activos no estaba reflejada correctamente. La situación del grupo y la desconfianza que ello generaba entre los proveedores supuso además la necesidad de que el 90% de las adquisiciones de aceite y de arroz se tuvieron que pagar al contado, mientras las ventas a la distribución se hacen a plazos de más de sesenta días. Las cajas accionistas tuvieron que aportar 60 millones de euros para hacer frente a esa coyuntura. Igualmente, y para mantener la actividad del grupo, fue necesario ir tirando de la caja diaria.

Con este problema de falta de liquidez por delante, uno de los primeros objetivos de los nuevos responsables del grupo se concretó en estabilizar la actividad de la empresa y limpiar todo lo que encerraba interrogantes, pero sin recortar más allá de lo estrictamente necesario en gastos destinados a la defensa de la imagen del grupo, a la promoción o los controles de calidad. "A partir de ahí", señala el presidente, "se ha impulsado una nueva estrategia. Ante el sector agrario, promoviendo políticas de acuerdos para dar estabilidad a los precios, evitando volatilidad y en lo comercial, con la defensa de la marca propia frente a la marca de la distribución".

La deuda de 1.300 millones se considera una carga excesiva para afrontar el futuro con normalidad, razón por la cual el grupo trabaja en una doble dirección: generar más recursos propios y refinanciar la deuda.

Para lograr más fondos, a las ventas de Cuétara por los anteriores gestores por 240 millones se han sumado, entre otras, las ventas de la marca Dante por 35 millones, de la participación del grupo en Pictolín y Dry, y una almazara en Marruecos, y se negocia la venta de la empresa Bernabé Biosca, las divisiones de salsas y vinagres y el negocio de arroz. Igualmente se contemplaba desprenderse de activos inmobiliarios, sedes, terrenos o plantas, pero se considera que no es el momento para hacerlo. "Se acordó vender la división de arroz, pero no la vamos a regalar. Es algo en lo que están de acuerdo tanto los accionistas como los bancos". Ninguna de las dos partes tiene prisa por vender si no hay ofertas muy por encima de los 200 millones.

Para la empresa un punto y aparte para cambiar la situación del grupo lo debe marcar el acuerdo con las entidades financieras para refinanciar la deuda. En esa línea, el pasado mes de octubre el grupo presentó el plan de negocios hasta el año 2013 que "estamos cumpliendo" donde, entre otros compromisos, se contempla llegar a ese ejercicio con una facturación de 1.563 millones y un Ebitda de 140 millones. En 2009, la facturación del grupo creció un 9,8% hasta 1.357 millones de euros. El siguiente paso en este proceso será la firma en los próximos meses del plan de reestructuración de la deuda en el que se contempla ampliar los plazos de amortización y ajustar los tipos de interés.

Siguiendo la hoja de ruta, tras la firma del plan seguiría el cierre de la ampliación de los 200 millones ya aprobados y se podría reabrir la puerta para dar entrada a otros accionistas.