Cajas a los pies de los caballos

Los últimos devaneos acontecidos han puesto a los pies de los caballos a muchas cajas de ahorros, si es que todavía se las puede seguir llamando así. El pasado miércoles, la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) celebraba una reunión ordinaria del Consejo de Administración y había cierta expectación por conocer la reacción de ese órgano, compuesto por 25 responsables de entidades de ahorro, ante las continuas insinuaciones y mensajes del Banco de España (BE) de endurecer la Ley de Cajas, reformada el año pasado, y que tendría que hacer el Gobierno, no el BE.

Y, ciertamente, el presidente de la institución, Isidro Fainé, acudió a esa reunión dispuesto a soltar la lengua, cansado de las presiones recibidas desde distintas instancias sobre la reconversión del sector y ante esa eventualidad. Fainé reconoció que había recibido muchas presiones para respaldar desde la CECA una nueva vuelta de tuerca en la reforma de la ley, lo que para él carece de sentido cuando ya se ha dado un paso importante con los avances del año pasado.

Fue un golpe de mando. Para algunos asistentes, Fainé dejó entrever una posible dimisión si el Gobierno iba adelante, aunque nunca pronunciara esa palabra, y que así se lo había trasladado al BE y al Ejecutivo. Para entonces, el también presidente de La Caixa ya había intercambiado muchas llamadas e impresiones con el departamento dirigido por la vicepresidenta segunda, Elena Salgado. Los contactos continuaron, probablemente con más motivo, después del consejo de la CECA con el mensaje subrayado de que las cajas no admiten su sustitución por fundaciones para controlar los bancos que deben crear.Fainé sacó en claro, en esos intercambios, que Economía no ve neecsario ese paso y que serían las cajas las que mantendrían la participación, tal como adelantó el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa.

En todo caso, se trata de que las entidades resultantes de los SIP, las cajas fusionadas o las que han seguido solas no sean obligadas a convertirse en bancos, cosa que, de todas formas, ya contemplan casi todos. Y, por otra parte, que las no cumplan con los test de estrés a los que deberán someterse (se especula con que pueda exigirse un 8% de solvencia), sean recapitalizadas y que para ello pueda utilizarse el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que pasaría a integrarse en el capital como un accionista más del banco.

En definitiva, no varía mucho de la enmienda transaccional que aprobó el Senado la tarde del mismo miércoles con el apoyo de todos los grupos parlamentarios -es decir, también el socialista- en la que instaba al Ejecutivo a utilizar el FROB y la "reformada" Ley de Cajas para "acometer los cambios necesarios que permitan el saneamiento y reestructuración del sistema financiero".

Otra cosa es lo que pretende el BE, que se ha estado reuniéndose con distintas entidades, a las que ha pedido presentar la dependencia del sector inmobiliario y la situación de liquidez. En el sector existe el convencimiento de que el BE, posiblemente por presiones europeas, ha creado un clima de necesidad que empuje al Gobierno a intervenir ("en el BE se han hecho fanáticos del ajuste", en palabras de un cajero). No obstante, sólo hay que leer las intervenciones del gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO), y del subgobernador, Javier Aríztegui, de los últimos meses para saber cuáles son sus intenciones.

El uso del FROB no debe sorprender. Se creó para prestar capital a las entidades financieras -no sólo a las cajas- que lo necesitaren. Otra cosa es que, en lugar de prestar dinero (es decir, se tiene que devolver), aportaría el capital en acciones. No hay que olvidar que es una institución, cuyo presidente es Aríztegui, que puede actuar como inversor y que el dinero que aporta no es gratis. -