Fuego y muerte en los montes

Azuzadas por vientos africanos, las llamas que el 21 de julio abrasaron a cinco bomberos de Tarragona y enlutaron España fueron tan devoradoras que poco pudo hacerse por los servidores públicos atrapados en el incendio de Horta San Joan. "¡Sacadnos de aquí!", apremiaron por una frecuencia de radio reservada. Sus compañeros de dotación, las brigadas de voluntarios y los pilotos del helicóptero que iban al rescate se jugaron la vida entre el humo y las incandescencias, pero debieron retroceder al ser rodeados por lenguas de fuego gigantescas, invencibles, carburadas por rachas de viento que alcanzaron los 80 kilómetros por hora.

"Hemos padecido, en la semana del 20 al 26 de julio, una de las peores situaciones climatológicas en cuestión de incendios pues se combinaron las altas temperaturas con la intensidad y la rotación de los vientos", señala Alicia Villauriz, secretaria general de Medio Rural. "Esa confluencia avivó los incendios, algunos posiblemente intencionados, e impidió actuar a los medios aéreos. Es un factor capital en lo que está sucediendo".

Ha mejorado sustancialmente la coordinación entre los equipos de extinción del Estado y las autonomías

El viento volverá a soplar en agosto y son de temer nuevos incendios en las zonas más vulnerables

Lo que está sucediendo es que a mitad de verano se ha quemado un 80% más de superficie que en 2008, y las once personas muertas hasta el jueves representan el mayor número de fallecidos en incendios forestales desde los 19 de 2005. Una veintena de grandes incendios y miles de focos han destruido más de 75. 000 hectáreas, la mayoría en los últimos quince días, en Castilla y León, Extremadura, Cataluña, Valencia, Aragón, La Rioja, Andalucía y Canarias.

El Colegio Oficial de Técnicos Forestales lo había advertido poco después de las lúdicas fogatas de San Juan, el 21 de junio: la escasa pluviosidad de primavera, las altas temperaturas, la baja humedad del aire, la gran cantidad de vegetación de los montes, y la sequedad, podían convertir a España en una hoguera. El riesgo es "extraordinariamente elevado", anticipó en una nota. El vaticinio se cumplió: España fue una tea en los mapas de alerta, localización y seguimientos de los fuegos y rescoldos detectados en diversos puntos de la geografía nacional. El frente de algunos de ellos rebasó los 30 kilómetros.

En principio, el problema no parece de falta de medios, ni de coordinación. Contrariamente al desbarajuste y dispersión de esfuerzos durante el combate contra los siniestros de mediados de los ochenta, recién transferidas las competencias a las Comunidades Autónomas, un ejército de 40.000 personas, entre profesionales y voluntarios, trabaja ahora más ordenadamente. "La coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas ha funcionado muy bien al no ponerse en cuestión la labor de nadie, sin molestar, al contrario, reforzándose, independientemente del color político", subraya la secretaria general de Medio Ambiente.

La mancomunidad de esfuerzos es imprescindible contra la propagación de las llamas, vertiginosa, según constató Alberto Fernández, teniente de alcalde de la localidad abulense de Cuevas del Valle, bajo el asedio del fuego: "Era impensable que las llamas llegaran tan pronto hasta nosotros porque nos encontrábamos a unos quince kilómetros del foco, pero el viento las empujó con tal fuerza que muy pronto arrasaron todo el castañar aunque quisimos impedirlo".

Los cuerpos de seguridad también trabajan a fondo contra los pirómanos e incendiarios, y en los últimos meses detuvieron a 51 personas sospechosas de serlo. ¿Qué ha sido de los detenidos hasta ahora? Ha ocurrido que la detención es una cosa y el procedimiento judicial otro. Al igual que en años anteriores, la mano del hombre está detrás del 90% de los incendios, más por imprudencia que por intencionalidad. "Un dato que le puede servir es que en los dos últimos años, en Galicia, con unos 200 detenidos, tenemos unas 43 sentencias", señala el Fiscal de Medio Ambiente de Galicia, Álvaro García. La mayoría de los fallos condenan por incendios imprudentes, por los denominados escapes de quema: la quema de rastrojos con las llamas fuera de control. Son sentencias de procedimientos abiertos en 2001, 2002, 2003 o 2004, pero que orientan sobre la relación entre el número de procedimientos y el número de detenciones. "No es mala la ratio", añade el fiscal.

Las penas dependen de la gravedad del incendio. Una quema imprudente, con riesgo para la vida de las personas, puede suponer entre cinco y diez años de prisión. Y si hay intención, de diez a veinte. "Ha habido una decena de condenas de este tipo en Galicia en los últimos años pero a veces con atenuantes", agrega García. "Por una parte están los pirómanos, gente que tiene una patología, que disfruta con la visión del fuego, y de esos hay muy pocos, menos del 1%. Y por otra, los incendiarios, que queman por otras razones". Estos hechos se ven en juicios con jurado. Los establecidos para sentenciar a los detenidos de 2006 han emitido cinco sentencias que establecen multas o prisión condicional.

El endurecimiento de las condenas es un opción reiterada desde algunos ámbitos después de que la quincena de fuego y pavesas de julio horrorizara a los españoles y destruyese las estadísticas del ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marítimo, que, con los datos computados hasta el día 19 de ese mes, había clasificado 2009 como peor que 2008 -un año excepcionalmente bueno- pero comparable a la media del decenio.

La última quincena lo ha trastocado todo. "Este año va a ser de los malos. Eso seguro", reconoce Alicia Villauriz, la secretaria general de Medio Ambiente, que cita otro factor muy importante. "Cada vez hay más segundas residencias en medio de masas forestales y si hay un accidente, un incendio, el riesgo es muy importante", precisa esta fuente ministerial.

Miguel Ángel Soto, responsable de la campaña de bosques de Greenpeace, sostiene que el origen de los fuegos responde a dos realidades estructurales, "a la existencia de medios forestales o no urbanos con gran cantidad de matorral y biomasa no gestionada, y al uso cultural del fuego". Históricamente se ha quemado mucho en España y en los medios rurales no hay una visión negativa sobre las quema de rastrojos y de matorral para limpiar el monte. "Hemos usado el fuego extraordinariamente. Hemos quemado, aunque tenemos un Código Penal de 1995 que pena los incendios forestales con hasta 20 años de cárcel. Pero no ha habido condenas ejemplarizantes", resalta el experto.

¿Y cuál es la incidencia de la climatología? El aumento promedio de dos a tres grados de temperatura en los pasados junio y julio, y el calentamiento medio de 1,4 grados de los últimos 30 años, aceleran la ignición y retrasan la extinción de los fuegos. "Los tipo de incendios que padecemos son muy conocidos en el Mediterráneo, en California y en Australia. Son los llamados de alta intensidad, muy difíciles de sofocar con los medios convencionales".

El mejor aliado contra la epidemia de incendios sería una política forestal a largo plazo. "Y el topicazo ese de que los incendios de verano se apagan en invierno...Los incendios se apagan con los presupuestos generales del Estado. Ahí se ve la voluntad del Estado y de las comunidades autónomas", subraya Miguel Angel Soto, el experto de Greenpeace.

No obstante, el riesgo es permanente. El 55% de la superficie de España está cubierta de masas forestales. El 66,5% de sus montes son de titularidad privada y hay 27 millones y medio de parcelas. Se han producido un despoblamiento rural y un crecimiento urbano disperso, que rebasa los límites de la ciudad tradicional, y eso tienen consecuencias negativas, según el informe Evolución de los Incendios Forestales en España, del instituto de Trabajo, Ambiente y Salud de Comisiones Obreras. La población rural ha vivido por y para el monte, obteniendo recursos con los que complementar su vida. Esa relación permitía que la población rural fuera la más interesada en la salvaguarda de ese patrimonio, pero "esta relación se ha perdido y el monte se siente como algo ajeno", según el informe.

Independientemente de las razones de fondo, la criminal asociación de vientos y agostamiento, los tres treinta de la canícula -vientos de más de 30 kilómetros por hora, temperatura superior a los 30 grados y humedad inferior al 30%- encendieron las hogueras. No siempre confluyen estos tres factores a la vez: en estas últimas semanas, por el contrario, han coincidido y los riesgos, por lo tanto, han sido significativamente superiores a los normales por estas fechas, según fuentes de Protección Civil. Los riesgos son menores en Galicia, donde las llamas calcinaron 95.000 hectáreas hace dos años, pero este año se beneficia de las abundantes lluvias.

La situación a principios de verano justificaba el alarmismo, ya que el ciclón Klaus había dejado en Galicia más de 1.200.000 metros cúbicos de maleza y troncos, de los que 700.000 todavía no han sido limpiados, con el consiguiente riesgo de propagación rápida de las llamas en caso de fuego. Pero las precipitaciones del 22 de julio fueron tan intensas que impidieron los incendios, aunque, la madera desperdigada por el ciclón, la biomasa forestal, constituye un reguero de "cerillas a punto de ser encendidas", según avisó el alcalde de Vilardevós (Ourense) a principios de julio.

La Consellería de Medio Rural del nuevo gobierno del Partido Popular asegura que el 95% de los montes de gestión pública ya han sido desbrozados. El problema es que sólo un tercio de la superficie forestal está en manos de la Administración, por lo que quedan más de 700.000 metros cúbicos de bosques invadidos de maleza y troncos caídos.

También en Andalucía, los incendios de la provincia de Almería provocaron la alarma. Hasta entonces, la superficie calcinada estaba por debajo de la media de la última década, pero ahora la duplica. El número de incendios disminuyó un 8,83% respecto a la última década, pero no la superficie afectada: un total de 10.573,8 hectáreas, frente a las 5.266,8 de la media del periodo comprendido entre 1999 y 2008. Y pese a las inversiones en prevención de la Junta de Andalucía, algunas organizaciones agríarias consideran que la falta de limpieza del monte y el abandono de la actividad agrícola facilitan los incendios.

La situación en Cataluña dista de haberse solucionado. Esta comunidad mantuvo a raya los incendios en 2008; ahora afronta agosto con 9.000 hectáreas abrasadas en lo que va de año y un mapa de alerta que pinta de rojo fuego desde los Pirineos hasta el delta del Ebro. Los incendios se suceden y Barcelona, Tarragona, Girona y Lleida han vivido el embate de las llamas, alentadas por las extremas condiciones climatológicas.

Los 15 incendios sufridos por la Comunidad Valenciana desde el 22 del julio arrasaron 1.587 hectáreas, que se suman a las 1.006 hectáreas ya quemadas este año. Una superficie no demasiado extensa respecto a las catástrofes de los años noventa, pero que supera ampliamente al balance del año pasado, en el que los 335 incendios forestales declarados se saldaron con 742 hectáreas destruidas.

Y las previsiones anuncian más olas de calor, menos humedad y ráfagas de viento seco. "Llegarán más incendios y el viento volverá a soplar", advierte un bombero de Horta San Joan. La confianza es que lo haga sin el mortífero aliento que ha provocado la conmoción de julio, durante el periodo más trágico de un verano todavía peligroso.

Con información de Víctor Honorato, Ginés Donaire, Ferrán Balsells, Damaris Torrado y Federico Simón.