Un abogado de las familias del Yak pide que se investigue a "los autores intelectuales"

El abogado Diego Sarabia, que representa a un grupo de familias de las víctimas del accidente del Yak-42, ha pedido hoy al tribunal que juzga las identificaciones erróneas que investigue a los "autores intelectuales" de la operación de repatriación de los cuerpos, que, según ha indicado, obtuvieron "un beneficio político por la pronta celebración del funeral de Estado".

Sarabia, que realizó esta petición durante la exposición de su informe de conclusiones definitivas, pidió que se deduzca testimonio a los generales Luis Alejandre, ex jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME) y Félix Sanz Roldán, ex jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), por un delito de falsedad, ya que ambos dieron una versión contrapuesta de la reunión del Comité de Dirección del Ministerio de Defensa en la que se fijó la fecha del funeral del Estado.

"La decisión estaba tomada"

"La decisión estaba tomada desde el primer momento; en el documento del general Navarro se dice que contaban con un biólogo que no se utilizó, no se tomaron muestras de ADN que es el único modo de alcanzar seguridad, pero no es que no les dejaran, la razón es que tenían prisa", ha asegurado el fiscal Fernando Burgos, que ha expuesto durante la sesión de por la mañana la exposición de los informes definitivos en el juicio del Yak-42.

El ministerio público pide cinco años de cárcel para el general médico Vicente Navarro, que se encargó de elaborar la lista de los 62 fallecidos en el siniestro ocurrido en 2003 en Turquía, y cuatro años y medio para los dos médicos que redactaron los informes de necropsia, el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez. A los tres les acusa de un delito de falsedad en documento oficial, porque eran funcionarios públicos en el momento de los hechos, realizaron actuaciones sobre los documentos y contienen "datos falsos" en elementos esenciales. El fiscal considera probado que los responsables del equipo español repatriaron los cadáveres conscientes de que había cuerpos que no pudieron ser reconocidos. En su opinión, los acusados realizaron una "invención", puesto que en el acta de entrega elaborada por las autoridades turcas se asignaron 32 identidades, y los 30 espacios vacíos fueron "rellenados con nombres y apellidos".

Dos forenses turcos, cuya declaración no estaba prevista inicialmente, ratificaron la semana pasada ante el presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, que los responsables del equipo español decidieron volver con los cuerpos de los militares sin identificar porque tenían prisa para llegar al funeral. El fiscal ha apuntado hoy en la misma dirección: "Tenían que salir con los cadáveres inmediatamente, con mucha prisa, por las razones que fueran y que podían estar determinadas por la celebración de un acto o no".

Una relación "cínica"

"Si esos documentos no se hubieran falseado no se hubiera podido enterrar o incinerar a las personas", ha manifestado el fiscal. "Se activaron los servicios de la compañía funeraria el mismo día 26 de mayo de 2003 (cuando se produjo el siniestro), se despreciaron datos que aparecían en los anillos, se introdujo en un féretro de tres personas", ha proseguido el fiscal. "Todos estos indicios revelan que necesariamente los cadáveres tenían que salir de allí inmediatamente por las razones que fuera, al parecer determinadas por la celebración de un funeral. El estado de los restos permitía la identificación decía Navarro, pero este es un documento oficial que falta a la verdad", ha explicado Burgos.

"El contenido de las necropsias es inveraz. Es muy dudoso que se utilizaran notas, se trta de una relación cínica", según Burgos, quien ha relatado todos los nombres atribuidos a nombres equivocados. "El certificado de defunción es el cierre final de lo que se perseguía: cumplir un servicio público faltando a la verdad. Se dice que fueron identificados individualmente, lo que no es verdad", ha señalado. "El idioma no fue ninguna traba. El inglés fue el idioma vehicular, se leyó el acta en español", ha añadido durante su exposición el letrado representante de las asociaciones de familiares. El general Navarro argumentó ante el juez que firmó el acta sin conocer el contenido porque estaba escrito en turco. "Hubo una ausencia de identificaciones. Hemos de acudir a la palabra mentira", ha dicho la acusación particular.

"El contenido de las necropsias es inveraz. Es muy dudoso que se utilizaran notas, se trata de una relación cínica", según Burgos, quien ha relatado todos los nombres atribuidos a nombres equivocados. "El certificado de defunción es el cierre final de lo que se perseguía: cumplir un servicio público faltando a la verdad. Se dice que fueron identificados individualmente, lo que no es verdad", ha señalado. "El idioma no fue ninguna traba. El inglés fue el idioma vehicular, se leyó el acta en español", ha añadido durante su exposición el letrado representante de las asociaciones de familiares. El general Navarro argumentó ante el juez que firmó el acta sin conocer el contenido porque estaba escrito en turco. "Hubo una ausencia de identificaciones. Hemos de acudir a la palabra mentira; hubo conciencia de lo que estaba sucediendo, de que era imposible de identificar todos los cuerpos y una voluntad de de decir lo que no era la realidad", ha dicho la acusación particular.

Ausencias políticas

"No han venido los responsables políticos", ha lamentado durante su exposición el representante de la acusación particular de los familiares, que ha recordado los nombres del ex presidente José María Aznar, el ex ministro Federico Trillo o el jefe del Estado Mayor de la Defensa entre los ausentes, al margen de otros personas cuya declaración hubiera podido ser, en su opinión, interesante para arrojar "más luz" como todos los forenses turcos o el director del laboratorio de Estambul. El abogado ha pedido que se sigan investigando los hechos hasta que se conozca quién ordenó la repatriación de los cadáveres de los militares.

La Asociación de Familias Afectadas por la Catástrofe del Yak-42 y otros dos grupos de allegados a los fallecidos piden seis años de cárcel para cada uno de los acusados, mientras que otras dos acusaciones particulares reclaman penas de prisión de tres años. La Fiscalía solicita que Navarro y los otros dos oficiales sean inhabilitados durante cinco y cuatro años, respectivamente, y que también se les condene a pagar sendas multas de 30.000 y 24.000 euros. Las familias de las víctimas elevan estas cantidades a 60.000 y 48.000 euros, respectivamente. La acusación particular ha recalcado durante su exposición el daño moral causado a las familias: "No están fortalecidos ante un fraude de quien más confían. Ha habido familias militares frustradas por el comportamiento de mandos; no hay auxilio en mi casa, hay desprecio en mi casa, me voy a la justicia, pensaron. El alivio se ha producido en esta sala".

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