Caamaño anuncia una inversión de 600 millones para modernizar la Justicia

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha propuesto en el Congreso un "gran acuerdo social" para conseguir que la Justicia en España se sitúe en el siglo XXI y ha anunciado que en los próximos tres años destinará 600 millones de euros a un plan de informatización e infraestructura de equipamiento.

En su primera comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso desde su toma de posesión, el nuevo ministro ha pedido este gran acuerdo para lograr la informatización del sistema judicial, diseñar un nuevo mapa judicial e impulsar fórmulas de conciliación que reduzcan la elevada litigiosidad. También ha anunciado su intención de crear un Registro Civil de España, único y moderno, y ha apostado por abrir una reflexión sobre la posibilidad de reducir el "complejo y nutrido sistema de recursos judiciales" que provocan dilaciones. Caamaño ha reclamado además consenso para reformar el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para que proteja más a las víctimas.

La puesta en marcha de un plan de informatización e infraestructuras de equipamiento para la Justicia, para el que se destinarán 200 millones de euros anuales durante tres ejercicios, pretende lograr que todos los tribunales puedan trabajar en red, conectados entre sí, y que sean accesibles para los usuarios.

Esta "importante inyección", que supone un aumento del 48% sobre años anteriores, dará un impulso decisivo", según Caamaño, que también ha trasladado a los diputados las propuestas que ya avanzó a las asociaciones judiciales, como la convocatoria de 220 plazas de jueces y 150 para fiscales anuales y medidas para la conciliación laboral y familiar de los jueces.

Mejorar la calidad de la Justicia

Caamaño ha entonado el mea culpa colectivo y ha dicho que "los demócratas españoles" deben de estar "profundamente preocupados" por las insuficiencias estructurales de la Administración de Justicia. El ministro ha recordado que la carga de trabajo en los juzgados ha aumentado un 50% en 12 años.

Para mejorar la calidad de la Justicia, el ministro ha considerado urgente reordenar la distribución de los órganos judiciales y "dibujar un mapa judicial" que se ajuste a la sociedad a través de una nueva ley de planta. Ha recalcado, asimismo, la importancia de la implantación de la nueva Oficina Judicial, cuyo desarrollo exige "acuerdos amplios, consistentes y duraderos" para mejorar el proyecto de ley que se tramita en el Congreso, al que se presentará una enmienda para que los jueces mantengan la facultad de señalamientos de juicios. Para ello, ha anunciado que remitirá al Congreso un proyecto de ley de mediación y ha expresado su deseo de acortar la duración de los procesos judiciales y de reflexionar "muy seriamente" sobre la posibilidad de reducir el número de recursos a los "estrictamente necesarios".

Desconfianza del PP y de PNV

Ante estas propuestas, el portavoz del PP en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, Federico Trillo, que a su entrada a la Comisión ha evitado hacer declaraciones sobre el juicio del Yak-42, ha manifestado su "desconfianza" y "escepticismo" ante la propuesta de "un gran acuerdo social" para la Justicia y ha pedido "garantías a la hora de recuperar ese espíritu que el ministro reivindica" ha matizado.

También ha mostrado desconfianza el diputado del PNV Emilio Olabarría. Aunque ha reconocido que la propuesta de Caamaño está en consonancia con su carácter de consenso, ha demostrado escepticismo sobre la oferta de un gran pacto en la Justicia ya que, según ha dicho, "también lo dijeron sus predecesores, hasta Juan Alberto Belloch" (ex ministro socialista en los Gobiernos de Felipe González). "A ver si esta vez sí que se hace efectivo ese gran pacto" ha añadido.

Caamaño anuncia una inversión de 600 millones de euros