La necesaria reforma de las pensiones

Con la intervención del gobernador del Banco de España ante la Comisión del Pacto de Toledo se ha reabierto la polémica sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones y la necesidad o no de reformarlo. Me parece importante explicar que en este tipo de debates de comportamientos a medio y largo plazo no sirven las simples aseveraciones en cualquier sentido si no se ponen sobre la mesa cuáles son las previsiones contempladas y en base a qué hipótesis se realizan. Creo que el ciudadano tiene derecho a no tener que ejercer un acto de fe sobre lo que dicen las autoridades, los periodistas o los tertulianos. Tienen derecho a ser informados con rigor y transparencia, y para ello es necesario conocer, aunque sea resumidamente, qué datos se manejan.

Sería un error aferrarse a posturas políticas de corto plazo y negar la necesidad de abordar reformas

Para empezar me ha sorprendido que se intente tildar de falsas o verdaderas algunas de las opiniones sobre la sostenibilidad del sistema actual en la próxima década. En primer lugar, no hay que confundir los resultados anuales en término de superávit o déficit de la Seguridad Social con el tema parcial de la sostenibilidad a medio y largo plazo del sistema de pensiones. Dicha sostenibilidad dependerá del comportamiento de variables tan difíciles de predecir ahora como el crecimiento de la población, la actividad, la variación positiva o negativa del empleo, el paro y la productividad. Y, lo que es más importante, en cualquier previsión serán cruciales las hipótesis que se hagan cuando, en un momento de incertidumbre como el actual, lo razonable es establecer diferentes escenarios para analizar las posibles situaciones.

Una variable esencial para estos cálculos es el crecimiento de la población y su estructura por edades. El crecimiento previsto dependerá de las hipótesis que se hagan sobre la evolución de la natalidad, la mortalidad o esperanza de vida y del saldo neto de la emigración. Todos los análisis parten del proceso actual de envejecimiento de la población española y, por tanto, del aumento de la tasa de dependencia de los mayores de 65 años sobre los que están en edad de trabajar. La natalidad mejora muy suavemente y también aumenta la esperanza de vida. Pero ¿quién se atreve a pronosticar qué va a ocurrir en los próximos diez años con el saldo neto de emigrantes, actualmente superior a una entrada neta de 500.000? Los escenarios posibles oscilan entre un mantenimiento elevado del saldo neto y una moderación por debajo de los 200.000. La diferencia en la evolución de las cotizaciones y en el gasto de las pensiones futuras es considerable según el escenario que se elija.

Otra variable fundamental es el crecimiento (o decrecimiento) de la actividad económica. De las hipótesis que se establezcan para la evolución del PIB y de la productividad durante los próximos años dependerán el nivel de empleo y paro y, por tanto, la evolución de los cotizantes y los ingresos de la Seguridad Social. En un sistema de reparto como el establecido hoy en España, que consiste en que las pensiones de cada momento se financian con las contribuciones corrientes de los que están trabajando, es fundamental acertar con las hipótesis adecuadas en la evolución de las variables relacionadas con la actividad. Si el último escenario del Gobierno respecto a la evolución del PIB en 2009 y 2010 (-1,6%, +1,2%) es como siempre más optimista que el escenario que estima el Banco de España (-3%, -1%), es razón suficiente para que sus previsiones sobre la sostenibilidad de las pensiones sean más favorables no sólo que las del Banco de España, sino también que los estudios realizados por otras muchas instituciones nacionales e internacionales cuyos escenarios de salida de la crisis son más pesimistas.

A falta de conocer el estudio y, por tanto, las hipótesis en las que se basa el Banco de España, institución cuyos estudios siempre han sido de gran valor empírico y que en ningún caso creo que sea superficial, hay uno elaborado y actualizado por el servicio de estudios del BBVA en el que se proyectan con seriedad todas las variables en tres escenarios posibles y que revela en sus conclusiones la falta de sostenibilidad del sistema a medio plazo y la necesidad de acometer con tiempo la reforma del mismo.

Como casi siempre, basta observar qué están haciendo nuestros socios europeos. Muchos de los países con sistemas de reparto ya han acometido reformas en diferentes direcciones y alternativas que deberíamos estudiar para España para incrementar los ingresos y/o reducir los gastos: el posible aumento de las cotizaciones (que choca con la necesidad de reducir las cargas de las empresas y la mayor carga en España que en otros países). El retraso de la edad de jubilación (65 años), que podría hacerse gradualmente en dos meses por año hasta los 67 años de edad (Alemania). Alargar el periodo de cómputo de años de cotización para alcanzar la pensión máxima (ya se pasó de 10 a 15 años, y en Francia se ha aumentado hasta 25). Actualización de las pensiones por debajo del IPC. Ninguna de estas medidas basta por sí sola para garantizar la sostenibilidad. Tendría que ser un planteamiento global en el que se incluyan todas las variables.

El consejo del Banco de España de que la comisión no permanente del Pacto de Toledo se reúna, revise y actualice los escenarios y con los nuevos parámetros se debata sobre posibles reformas parece razonable. En un momento de incertidumbre como este, y teniendo en cuenta el tiempo necesario para cualquier planteamiento de reformas en el sistema de pensiones que asegure su sostenibilidad, sería un error aferrarse a posturas políticas de corto plazo y negar la evidencia de la necesidad de estudiar su reforma aportando credibilidad, reduciendo incertidumbres y mejorando la confianza de los ciudadanos.

Carmen Alcaide es economista y ex presidenta del INE.